Narcos, alborotadores o el Yoyas: los otros condenados que intentan beneficiarse del caso Puigdemont

Delincuentes y personajes de todo tipo intentan sacar provecho de lo que se conoce como caso Puigdemont, es decir, exigen a la Justicia que les conceda toda clase de ventajas jurídicas, como afirman que se ha hecho con el expresidente catalán, aunque sus casos no tengan absolutamente nada que ver. Y ponen sus situaciones como ejemplo para reclamar que, de la misma manera que el expresident no ha sido detenido en Bélgica ni extraditado, a ellos se les aplique la misma doctrina jurídica.

El último en pedir una medida de gracia ha sido Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, un personaje que se hizo famoso tras su aparición en el show televisivo Gran Hermano y que posteriormente acumuló una ristra de escándalos hasta acabar con una orden de detención por maltrato continuado hacia su expareja, Fayna Bethencourt. Navarro tiene una condena en firme de 5 años y 8 meses de cárcel y una orden de busca y detención del juzgado penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria para ingresar en prisión, pero se encuentra en paradero desconocido desde noviembre de 2022. El Supremo rechazó la revisión de su condena, pero él no se da por vencido.

Desde un lugar ignoto, El Yoyas pidió a Pedro Sánchez "el indulto o la amnistía", aprovechando que se había cerrado la negociación entre el PSOE y Junts y que el acuerdo contemplaba la medida de gracia para exonerar a los independentistas de cualquier delito relacionado con el procés y el referéndum ilegal. La aplicación de la amnistía les liberará también de las acusaciones de malversación de fondos públicos, que conllevan pena de cárcel. En ese contexto, Navarro solicitó también la condonación de una deuda millonaria con Hacienda.

Evidentemente, este es un caso extremo y pintoresco, pero no es el único: otros personajes envueltos en procesos judiciales escabrosos piden determinados tratos judiciales comparando su situación con la del fugado Carles Puigdemont, aunque las respectivas situaciones sean radicalmente distintas, tanto por la naturaleza de los delitos como por el contexto en el que se desarrollan.

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Uno de los reos afectados trató de hacer frente a una orden de detención emitida por un juzgado de Darmstadt (Alemania). El juez Ismael Moreno, titular del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, dictó un auto atendiendo la orden de detención del ciudadano (de nacionalidad alemana), acusado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La pena a la que puede ser condenado en su país es de 15 años de cárcel. En agosto pasado, su abogada presentó alegaciones a la extradición.

En primer lugar, decía la letrada, la solicitud no estaba suficientemente motivada, ya que no había concreción de los hechos. "Hasta se desconoce el grado de participación que presuntamente pudiera tener mi representado y los intervinientes en el mismo, cuestiones básicas y fundamentales que tienen que informarse a todos los investigados y que forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva", señalaba. Pero añadía un segundo motivo: "Tampoco procede la entrega del reclamado por las diversidades y controversias que presenta Alemania con respecto a la cooperación entre estados miembros". Ahí aludía directamente al caso Puigdemont, que a pesar de estar reclamado por España por delitos muy graves, no fue extraditado. Por tanto, la letrada exigía el mismo proceder de España con respecto a su defendido.

"Castigo" a Alemania

Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apoyó al juez: "El hecho de que en algún supuesto concreto por las autoridades judiciales alemanas se haya denegado la ejecución de la entrega (caso Puigdemont) no implica que España no deba cumplir con los compromisos adquiridos en materia de cooperación jurisdiccional internacional (a nivel comunitario), máxime cuando las autoridades judiciales españolas acudieron al Tribunal de Justicia de la UE exponiendo dicha negativa, sin que ello implique además una denegación sistemática de las peticiones realizadas por España a Alemania en los mismos supuestos". De ese modo, desestimó el recurso de apelación del alemán ante la petición de la defensa, que podría interpretarse como un castigo a Alemania por no haber extraditado a Puigdemont en su día, cuando fue detenido en marzo de 2018.

Otro caso similar fue el de otro ciudadano brasileño al que Suiza reclamaba este verano para enjuiciarlo "por delitos relativos al tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales". El reclamado introdujo en el país helvético al menos una maleta con más de 4 kilos de cocaína, lo que él niega. El reclamado presentó como coartada una copia de un ticket de Ibiza en la misma fecha en la que se le acusa de esa introducción. Aduce, además, que tiene arraigo familiar en España desde 2008. Al margen de diversas consideraciones personales, su abogado planteó la "aplicación del principio de reciprocidad". O sea, de la misma manera que Puigdemont se puede pasear libremente por el país helvético, a pesar de estar buscado por delitos gravísimos en España, el brasileño puede pasearse por España, aunque esté reclamado por Suiza.

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Según un auto de la Sala de lo Penal, "se alega que debe darse el mismo trato que el recibido por las autoridades suizas, señalando la denegación sistemática por Suiza de medidas de investigación y extradición de Puigdemont y otros prófugos en la causa del procés. El argumento no puede aceptarse. El título jurídico que rige la extradición es el Convenio Europeo de Extradición y complementarios, en el que las partes se obligan a entregar a las personas reclamadas con fines de enjuiciamiento o ejecución de pena, si se cumplen los requisitos y garantías previstos, y no hay riesgo de vulneración de derechos fundamentales, como es el caso. No se alegan razones jurídicas que sustentan la reciprocidad que invoca, pues los argumentos que expresa no guardan relación alguna con el presente procedimiento. Se desestima, por tanto, el presente motivo y el resto de los alegados en el recurso".

Tampoco deja de ser curioso el caso de un colombiano a quien Bélgica reclamaba su detención y extradición, acusado de robo con fuerza y conspiración criminal, delitos por los que podría ser condenado a 10 años de cárcel. El letrado del colombiano alegó en su defensa que su cliente ya estaba condenado por un juzgado de lo penal de Alcalá de Henares, "por lo que nunca ha estado en paradero desconocido". Además, añadía que "en cuanto al fondo, resulta inverosímil que mi defendido, por unas supuestas imágenes de un cámara que ni siquiera ha sido reconocido personalmente, se le pidan 10 años de cárcel y su entrega urgente, ni que fueran los Jordis o Puigdemont. Total, siempre Bélgica ha amparado a terroristas y golpistas que van contra España". Por ello, el colombiano pidió asilo en España, donde vive con su pareja sentimental y cuatro hijos.

Pretendía, en otro plano, intentar realizar un paralelismo con Carles Puigdemont, aunque con una supuesta pátina de legalidad con la solicitud de asilo. La Audiencia señala en un auto que "frente a las alegaciones de la parte recurrente, cabe confirmar el criterio del auto recurrido. Téngase en cuenta, además, que la persona reclamada no estuvo a disposición de las autoridades judiciales reclamantes, lo que motivó que se cursase la orden de detención internacional".

"Yo hago como Puigdemont: no quiero declarar", dijo un detenido por alborotador

Más estrambótico es el caso de un ciudadano en Amposta que increpó al personal de un taller mecánico y que hizo necesaria la presencia policial. Tras intentar agredir a un agente, fue detenido, pero el alborotador comenzó a despotricar contra otros, insinuando que deberían ir a Barcelona a detener a otros. "Yo hago como Puigdemont: no quiero declarar", dijo en un momento determinado en su descargo.

Se trata, en todo caso, en su mayoría, de delincuentes comunes, pícaros con delitos muy diversos y circunstancias personales diferentes, pero con una única manía: querer compararse con el fugado Carles Puigdemont, que pese a estar acusado en España de graves delitos (sus colaboradores fueron condenados con hasta 13 años de cárcel) puede vivir sin miedo a ser detenido en un país comunitario.