El Gobierno se resigna a congelar la financiación autonómica tras la negativa del PP

La reforma del sistema de financiación autonómica se interna en una zona de niebla. Pese a la opinión política general de que en esta legislatura se debe abordar la revisión, con una década ya de retraso, el primer contacto serio sobre este tema, precisamente en la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado 22 de diciembre, se deja en el aire el cambio de modelo. Y eso a pesar del deshielo inicial con la apertura de una nueva negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la mediación de Bruselas y el acuerdo para eliminar el término disminuido de la Constitución.

El Gobierno quiere consensuarlo con el PP, pero la postura de Feijóo es que el Ministerio de Hacienda debe tratarlo directamente con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Financiera y Fiscal. Y el Ejecutivo, más allá de insistir, no tiene por ahora un plan B para sortear la negativa de Génova a abrir este diálogo. Mientras que su oferta de condonar deuda regional en manos del Estado, pactada previamente con Cataluña, pero extensible al resto de autonomías, sí quiere plantearla de manera bilateral, su propuesta para la nueva financiación es alcanzar un acuerdo de base con la cúpula popular.

Porque, explican fuentes gubernamentales, es imposible armar un consenso cuando las comunidades se encuentran en posiciones de "máximos". Hacienda pretende que Génova arme un planteamiento común, que aúne los intereses de todas sus regiones, y negociar después con un único interlocutor, porque el cambio de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica se vota en el Congreso. Tienen que fijar posición, apuntan, "por encima de cada territorio".

Sin ese paso, consideran que es prácticamente imposible la cuadratura del círculo. "No es encajable", aseguran. Al argumento esgrimido de que debe ser un acuerdo entre los dos grandes partidos "que velan por el interés general", se añade el omnímodo poder territorial del PP, que limita absolutamente el margen de maniobra del Ejecutivo. Los socialistas solo gobiernan en Navarra —fuera de esta negociación, porque tiene su propio concierto—, Asturias y Castilla-La Mancha, por lo que su capacidad de influencia es casi nula. El resto del mapa, a excepción de Cataluña y el País Vasco, es azul.

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Aunque este poderío del PP, señalan en el Ejecutivo, es también su mayor problema. Feijóo tiene que conciliar intereses contrapuestos y "no quiere", declaran, en alusión a que las necesidades de la Comunidad Valenciana y Murcia, las dos regiones con un mayor déficit de financiación, son distintas a las de Madrid o las autonomías del norte.

Todo esto coloca la reforma en punto muerto. Fuentes del Ministerio de Hacienda afirman que no han decidido aún cuál será el siguiente paso tras el fracaso de la reunión entre el presidente y el jefe de la oposición, pero insisten en que la voluntad de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es que el cambio de modelo "tiene que salir con el apoyo del PP". La propia ministra, en una reciente entrevista en EFE, achacó a la falta de liderazgo de Feijóo la dificultad para impulsar la nueva financiación.

Posturas con pies de barro

El frenazo se produce pese a que existe un trabajo avanzado —el informe del grupo de expertos convocados por Hacienda— que ofrece una salida para el problema embrionario que presentaba la modificación del sistema: la preponderancia de la población, que abanderan Andalucía y las autonomías del corredor mediterráneo, o su distribución (concentrada o dispersada) y el factor del envejecimiento, que ponen por delante las regiones cantábricas. La solución fue el concepto de población ajustada. En diciembre de 2021, el ministerio remitió a los presidentes un documento con una propuesta de cálculo.

La negociación no avanzó, por la perspectiva de unas elecciones autonómicas a corto plazo. Ahora, aunque el comienzo de la legislatura es propicio, la falta de entendimiento entre PP y PSOE impide progresar, a pesar de que los dos partidos mantienen posturas distintas a las que han defendido tradicionalmente. La última reforma de la financiación autonómica se aprobó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y se hizo sin acuerdo con los populares, que votaron en contra en el Congreso.

La negociación no avanzó por la perspectiva de unas elecciones autonómicas a corto plazo

El mismo desajuste en la posición arrastra el PP. Su planteamiento de que Génova no debe interferir tampoco se sostiene. En la votación del Consejo de Política Financiera y Fiscal de aquel sistema ahora caducado, antes de su tramitación legislativa, los populares se abstuvieron por orden de Mariano Rajoy, que forzó así a Madrid, partidaria de votar en contra. Por tanto, no solo la dirección se ha inmiscuido históricamente (lo mismo ha hecho la cúpula socialista), sino que ha buscado una posición común.

Solo resta esperar a que el tímido acercamiento entre la Moncloa y Génova en la modificación puntual de la Constitución o el CGPJ propicie una interlocución fluida que puede desembocar en una negociación sobre la financiación. Si no, PP y PSOE, incluso los propios presidentes autonómicos, pueden volver a recurrir al comodín de Bruselas y, constatada su incapacidad para llegar a acuerdos, reclamar también un árbitro en este tema.