Montero amenaza al PP con mayores ajustes en las CCAA si no aprueba el objetivo de déficit

La batalla política por la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2024 ya está en marcha. El Partido Popular dio el primer golpe al anunciar que bloquearía en el Senado la aprobación de los objetivos de estabilidad (reparto del déficit entre los subsectores) paralizando así el proceso presupuestario. La vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido este lunes a los populares lanzando un órdago: si no aprueban los objetivos, las CCAA y los ayuntamientos tendrán que revisar sus presupuestos para ajustarlos aún más.

Así se lo ha trasladado la vicepresidenta a los consejeros de Hacienda de las CCAA durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada este lunes. El Gobierno dispone de un informe de la Abogacía del Estado que indica que si no se aprueban unos nuevos objetivos de estabilidad, entrarán en vigor, de forma automática, los que fijó el Ministerio de Hacienda en el plan de estabilidad remitido a la Comisión Europea en mayo. Esos objetivos no pasan por el Congreso, ni por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ni siquiera necesitan el visto bueno del Consejo de Ministros. Se remiten anualmente a Bruselas como parte de los planes presupuestarios del Ejecutivo, pero sin vinculación legal.

Montero asegura ahora que si las Cortes rechazan aprobar una nueva senda de estabilidad por dos veces, esos objetivos de déficit entrarán en vigor. Para las CCAA y los ayuntamientos, supondría una exigencia presupuestaria mayor, ya que el Gobierno les había trasladado que su intención era flexibilizar los objetivos y, con esa premisa, elaboraron las cuentas para 2024. De modo que si el Partido Popular no acepta la flexibilización de los objetivos de estabilidad que pretende Hacienda, la senda alternativa será más exigente.

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Javier Jorrín

La propuesta de Hacienda para las CCAA es que puedan tener un déficit del 0,1% del PIB frente al equilibrio que está fijado en el plan de estabilidad. La situación de los ayuntamientos es más rocambolesca, porque el plan les obligaba a tener un superávit del 0,2% del PIB, algo que siempre se había negado desde Hacienda, porque interpretaba que la ley no permitía exigir superávit a ninguna Administración. En el plan de estabilidad sí se incorporaban objetivos de superávit porque, hasta ahora, se entendía que no tenía ningún tipo de rango legal, cuestión que ahora cambia de forma drástica. En la nueva senda que ha propuesto el Gobierno, se vuelve a fijar el equilibrio presupuestario para los ayuntamientos, del 0%.

Con este órdago, Montero pretende desbloquear la aprobación de los objetivos de déficit que el PP podría bloquear con su mayoría en el Senado. "Si el PP piensa que con esa estrategia impide el desarrollo de unos presupuestos nuevos para España, se equivoca", ha advertido Montero en rueda de prensa, "sí o sí va a haber presupuestos", ha señalado. El veto del PP solo serviría para fijar objetivos más exigentes para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Montero se ha referido en particular a los presupuestos de la Junta de Andalucía: "Es una incoherencia que habiendo hecho sus presupuestos con el déficit del 0,1%, hoy haya votado en contra del 0,1%".

Montero ha explicado que si finalmente el PP mantiene su veto, las CCAA y ayuntamientos que hayan presupuestado bajo la expectativa de una senda más favorable tendrán que "reajustar su presupuesto". Esto implicaría la obligación de aprobar acuerdos de no disponibilidad para dejar sin ejecutar la parte correspondiente del gasto que implique incurrir en déficit.

Sin embargo, este plan tiene fisuras importantes. El primero, que las CCAA pueden limitarse a rehacer sus previsiones de ingresos o de gastos sin variar las partidas presupuestarias. De hecho, la propia Montero ya lo hizo en el pasado cuando, aprobando nuevas partidas de gasto, mantenía las previsiones de déficit inalteradas. Estas trampas a la Ley de Estabilidad han sido recurrentes desde su aprobación, incluyendo al propio Gobierno, por lo que las CCAA simplemente tendrían que volver a hacerlas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda podría intervenir sus cuentas, como ya hizo Cristóbal Montoro con el Ayuntamiento de Madrid en 2017 durante el mandato de Manuela Carmena. Pero la intervención de las cuentas municipales tendría un alto coste político para el Gobierno.

Las CCAA del Partido Popular han reclamado a Montero mayor margen de déficit para evitar los ajustes. Sin embargo, dichos ajustes no son ciertos, ya que las CCAA tendrán 20.000 millones más de ingresos en 2024 gracias al crecimiento de la recaudación y a la liquidación extraordinaria de 2022. Esto significa un incremento de los recursos del 15%, cifra suficiente para que aumenten su gasto y reduzcan su déficit al mismo tiempo. La propia Autoridad Fiscal había reclamado al Gobierno que fijara el objetivo en la estabilidad presupuestaria para evitar un incremento desmesurado del gasto.

Las comunidades del PP creen que no es suficiente y que el Gobierno se está quedando con la mayor parte del objetivo de déficit: de los tres puntos de PIB disponibles para España, Hacienda solo está dispuesta a ceder 0,1 puntos para el déficit de las CCAA. Está por ver cómo responde ahora el Partido Popular ante el órdago lanzado por el Gobierno.