El PP se abre a negociar el objetivo de déficit con el PSOE si incluye la financiación de las CCAA

El Ministerio de Hacienda y Función Pública está enfrascado ya en el diseño de los presupuestos generales del Estado de 2024, pero los trabajos avanzan bajo una amenaza de bloqueo que es única en la norma legislativa española. Antes de tramitar las cuentas, el Gobierno debe enviar los objetivos de déficit a las dos Cámaras, y eso es un problema para Pedro Sánchez ahora que el Senado está en manos del PP. Pero podría no serlo si los populares dejan pasar la senda de estabilidad, que se suele aprobar al mismo tiempo que el techo de gasto, en la Cámara Alta. Este escenario solo será posible si el Ejecutivo plantea a Génova un acuerdo más amplio que incluya uno de los asuntos clave de la legislatura que acaba de empezar: la reforma de la financiación autonómica.

Un acuerdo entre los dos grandes partidos para dejar pasar los objetivos de estabilidad sería inédito desde que este concepto apareció en la vida política de España con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los socialistas nunca aprobaron una senda propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy porque, aseguran, su reparto del déficit entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas era injusto. Ahora, con Sánchez en la Moncloa y la mayoría de los territorios en manos del PP, fuentes de Génova no descartan dejar pasar el trámite en el Senado, pero bajo una serie de condiciones relacionadas con el poder regional.

Una de las propuestas del PP pasa precisamente por tener margen de maniobra en ese reparto de los objetivos de déficit entre las tres patas del Estado, la AGE, las comunidades y las administraciones locales. Si María Jesús Montero se pone en contacto con Génova, los populares propondrán un reparto beneficioso de la capacidad de gasto para el sector regional y local y que sea el Estado central quien asuma la mayor parte del déficit.

Este lunes, las comunidades del PP tendrán ocasión de abordar el asunto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que Montero ha convocado precisamente para informar de esta senda de estabilidad. No obstante, los territorios dirigidos por los populares criticaron el jueves que la ministra de Hacienda no haya incluido ni la reforma de la financiación autonómica ni la condonación de la deuda regional. Es lo que hicieron los responsables de Hacienda de Baleares, Andalucía y Galicia. Antoni Costa, el consejero balear del ramo, ha acusado a la ministra de plantear un CPFF "de trámite". Fuentes del entorno de la consejera andaluza, Carolina España, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han criticado también la tardanza de Montero en activar esta reunión.

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El reparto al que aspira el PP provocaría que las comunidades autónomas no cargasen con las necesidades de ajustes que se atisban en el horizonte como consecuencia de la reactivación de las reglas fiscales que dependen de la UE. La suspensión de estas normas, primero por la pandemia y después por la guerra en Ucrania, ha permitido al continente vivir unos años de relajación fiscal que están a punto de acabarse.

Durante una entrevista reciente en El País, Montero se mostró optimista con el devenir económico, pero no se puede descartar que la etapa de expansión presupuestaria esté a punto de acabar. Y eso tendrá repercusión en las cuentas autonómicas. Andalucía, la comunidad más poblada, está tramitando unas cuentas que solo crecen en un 2,5%, frente a las cifras más jugosas de los años anteriores. Tiene sentido que Génova incluya esta reclamación sobre el reparto del déficit en una hipotética conversación para facilitar la tramitación de los PGE de 2024. Y lo mismo ocurre con la otra petición que deslizan en el PP, el melón de la financiación autonómica.

El reparto al que aspira el PP provocaría que las CCAA no cargasen con las necesidades de ajustes que se atisban en el horizonte

Los populares recuerdan el pasado de Montero como consejera andaluza de Hacienda y el documento de reforma que presentó desde el Parlamento andaluz en 2017. La ahora ministra y vicepresidenta cuarta del Ejecutivo admitió hace unos días que la reforma del sistema de financiación autonómica solo saldrá adelante si PP y PSOE llegan a un acuerdo. Es algo que se antoja complicado en medio del clima de crispación con el que se ha inaugurado la legislatura, pero Montero se guarda un as en la manga: la propuesta de condonación de deuda que ha pactado el PSOE con ERC en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Esta propuesta es extensible al resto de comunidades, incluso aquellas que optaron por endeudarse en el exterior y no acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Fuentes de Hacienda han deslizado la posibilidad de vincular la negociación sobre la financiación autonómica a esta quita de deuda, que se negociará de forma bilateral con cada región por medio de un proceso "muy complicado". Hace unos días, Fedea publicó un informe en el que colocaba como regiones más beneficiadas por esta medida a Andalucía y la Comunidad Valenciana, además de Cataluña. Son dos comunidades gobernadas por el PP, pero que se encuentran entre las peor financiadas. Su adhesión al plan de Montero provocaría, además, un terremoto interno en Génova, ya que las necesidades de financiación entre regiones son muy dispares.

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"Que no vengan a engañarnos ahora que nos necesitan para aprobar solo esto", explican fuentes populares respecto a la posibilidad de que Hacienda solo les llame para salvar el veto al techo de gasto. En Génova, insisten en que debe tratarse de una propuesta más amplia y descartan que la crispación y la falta de entendimiento sean insalvables. El propio Feijóo aclaró hace días que, pese a la ruptura de puentes expresa entre PP y PSOE, hay puntos de la agenda política en que el entendimiento debe estar por encima de "intereses partidistas".

En la Moncloa admiten que el sí del PP a la senda de estabilidad es una "posibilidad", aunque "remota", y trabajan con la idea de que el PP la acabará tumbando. No obstante, la tesis que defiende el Gobierno es que los populares no pueden dejar caer los objetivos de déficit, porque de ellos dependen también elementos fundamentales de los presupuestos autonómicos que están ahora en proceso de tramitación. En Hacienda, aseguran tener una alternativa que da "seguridad jurídica" a continuar tramitando los PGE de 2024, pero no aclaran cuál es. Sí descartan que esa solución pase por una reforma exprés de la ley de estabilidad presupuestaria que evite la capacidad del Senado de rechazar los objetivos de déficit.

Hay que recordar que tanto Cristóbal Montoro como la propia Montero ya intentaron retocar la norma en 2016 y 2020, pero ambos intentos acabaron en nada, la primera por la convocatoria de elecciones y la segunda por la llegada de la pandemia de covid, lo que redundó en la suspensión de las reglas fiscales. Este lunes, las comunidades del PP tendrán ocasión de abordar el asunto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que Montero ha convocado precisamente para informar de esta senda de estabilidad.