Alcanzaría los 9.900 millones

El déficit de las comunidades se triplicaría sin las políticas de reparto de Montoro

Las regiones cerraron 2017 con un desfase presupuestario de 3.700 millones de euros gracias a la política discrecional del Ministerio de Hacienda con la financiación y las entregas a cuenta

Foto: Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)
Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)

Las comunidades autónomas protagonizaron en 2017 la mayor reducción del déficit público de todas las administraciones públicas. Las regiones se 'apretaron el cinturón' para recortar su desfase presupuestario desde el 0,84% del PIB hasta el 0,32%, un ajuste de algo más del 60%. Por primera vez cumplieron con el objetivo fijado por el Congreso y, además, lo hicieron con nota. Sin embargo, esta cifra tiene trampa, ya que su logro se debió a las políticas discrecionales del Ministerio de Hacienda y al ajuste retroactivo del cupo vasco y del concierto navarro, que el ministro Cristóbal Montoro actualizó en 2017 a cambio de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Las medidas de apoyo puestas en marcha desde el Estado tuvieron un impacto decisivo en el éxito de las comunidades autónomas en 2017. Según los datos provisionales de la Intervención General de la Administración del Estado, las regiones terminaron el año con un déficit de 3.700 millones de euros. Sin embargo, sin todas estas ayudas, casi se habría triplicado, hasta los 9.900 millones. Este es el "déficit subyacente" calculado por Ángel de la Fuente, investigador de Fedea y uno de los mayores expertos del país en cuentas territoriales.

En concreto, la diferencia entre el déficit observado y el subyacente alcanzó los 6.200 millones de euros, una cuantía significativa que hubiese impedido a las comunidades cumplir sus objetivos de déficit. La mayor parte de la 'ayuda' del Gobierno se produjo por las transferencias desde otras administraciones, en especial del Estado. El incremento de las transferencias debería ir en línea con los ingresos tributarios, sin embargo, están siendo mayores por las entregas a cuenta y por las “liquidaciones muy favorables” que se están produciendo, explica De la Fuente.

El resultado es que las transferencias están creciendo más que los ingresos tributarios del Estado, que aumentaron un 5,14% en 2017 (corregidos por recaudación incierta). Lo normal es que las transferencias evolucionen al mismo ritmo a medio plazo, por lo que este incremento actual será coyuntural. Esto significa que las comunidades autónomas tendrían que haber recibido 3.800 millones menos, cuantía que supera a todo su déficit de 2017.

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Además, el Estado también financia a las comunidades a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Este fondo no se incluye dentro de las transferencias entre administraciones porque en realidad son préstamos del Estado. El Tesoro se endeuda para que las comunidades no tengan que acudir al mercado, ya que tendrían que pagar unos intereses mucho mayores. Posteriormente, el Tesoro presta este dinero a las comunidades a un tipo de interés muy favorable, que durante los peores años de la crisis llegó a ser del 0% y que en 2017 se fijó en el 0,8%.

El ejercicio sugiere que la situación presupuestaria actual de las regiones es menos cómoda de lo que podría parecer a primera vista

Esto significa que el Estado está pagando una parte de la factura de intereses de las regiones (mayor cuanto más endeudadas estén las regiones). Estos tipos de interés favorables son una decisión discrecional del ministerio que también hay que eliminar para calcular el déficit subyacente. Lo que hace De la Fuente es estimar que el gasto por intereses de las comunidades hubiese evolucionado al mismo ritmo que el de la Administración central. El resultado hubiese sido que las comunidades autónomas habrían tenido que pagar al Estado 2.400 millones más.

Sin estas políticas discrecionales del Ministerio de Hacienda, el déficit de las comunidades autónomas hubiese sido casi el triple de esos 3.700 millones. “El ejercicio sugiere que la situación presupuestaria actual de las regiones es menos cómoda de lo que podría parecer a primera vista”, advierte De la Fuente.

Más esfuerzo

La serie histórica del 'déficit subyacente' muestra que, en realidad, las comunidades autónomas han realizado un ajuste de sus cuentas mucho más paulatino. Desde el año 2014, el déficit subyacente ha pasado del 1,75% del PIB hasta el 0,85%, por lo que todavía sigue en niveles elevados. “El déficit subyacente muestra un patrón más suave de reducción gradual con un descenso acumulado significativamente menor”, explica De la Fuente. “La mejora del saldo presupuestario autonómico registrada en los últimos ejercicios se apoya en parte en factores atípicos, incluyendo fuertes subvenciones a los intereses a través del FLA y otros mecanismos estatales del liquidez”, remarca el investigador, por lo que “sería muy arriesgado relajar la vigilancia sobre las cuentas de las CCAA y en particular sobre el cumplimiento de la regla de gasto”.

En su opinión, en esta fase del ciclo es fundamental “mantener la regla de gasto como núcleo esencial del mecanismo de disciplina fiscal, reforzándola con un freno de deuda”. Por último, pide la introducción de un “fondo de reserva”, algo que recuerda al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y que serviría para acumular los superávits cíclicos que evitasen tener que hacer recortes cada vez que llega una nueva crisis. Como ocurrió en el año 2009.

El déficit subyacente muestra un patrón más suave de reducción gradual con un descenso acumulado significativamente menor

El estallido de la crisis financiera obligó a todas las administraciones públicas a realizar un fuerte ajuste de su déficit elevando los impuestos y recortando su gasto público. En ese momento, al igual que ocurre ahora, España no tenía margen fiscal para responder a la crisis (lo que tenía se fue en políticas contracíclicas, como el Plan E y el rescate financiero). En 2008 y 2009, se disparó el gasto público, y a partir de 2010 Bruselas y los mercados obligaron a hacer un ajuste radical de las cuentas públicas.

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En el caso de las comunidades autónomas, el gasto público no financiero por habitante cayó desde los 3.800 euros a menos de 3.200 euros en apenas tres años. Un ajuste superior al 15%. Desde entonces, el gasto apenas se ha incrementado, hasta el entorno de los 3.300 euros anuales por ciudadano (ajustado de inflación), situándose en niveles similares a los del año 2006. Para evitar este tipo de ajustes bruscos en el gasto público, es importante que en los periodos de crecimiento cíclico se contenga el gasto público y se acumulen superávits para usarlos durante las crisis sin necesidad de subir los impuestos o elevar el endeudamiento.

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