Sánchez confirma a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado pese a las críticas

Álvaro García Ortiz seguirá siendo fiscal general del Estado. Fuentes de la Moncloa han confirmado que el actual jefe del Ministerio Público seguirá en su cargo una vez que el Consejo de Ministros del próximo 28 de noviembre lo vuelva a nombrar. La decisión se produce en una semana negra para el máximo responsable de la Fiscalía, que ha visto cómo el Tribunal Supremo anulaba su decisión de ascender a su antecesora, Dolores Delgado, y ha recibido una avalancha de críticas por su postura "templada" frente a la ley de amnistía y las acusaciones de lawfare.

Fuentes gubernamentales explican su decisión indicando que García Ortiz es fiscal de carrera y cuenta con un reconocido prestigio. Viene ya ocupando el puesto desde el pasado año, por lo que cortar ahora su propuesta para el Ministerio Público sería contraproducente.

En las últimas semanas, la polémica por lo que una parte de la carrera considera complacencia con el Gobierno ha ido aumentando. Este mismo martes, se sumaron una veintena de fiscales de Sala del Supremo que remitieron una carta en la que le acusaban de "ignorar" de forma deliberada la solicitud de amparo que le lanzaron poco antes los cuatro fiscales del procés. Los firmantes se mostraban "decepcionados" por la falta de voluntad del fiscal general para atajar insinuaciones "injuriosas" de guerra sucia judicial. Jaime Morano, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena le habían pedido poco antes por escrito que les defendiera públicamente ante estas acusaciones del independentismo.

A este capítulo se suma el revolcón recibido desde el Supremo. El alto tribunal tumbó el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala, la categoría más alta de la carrera, al apreciar "desviación de poder" por parte de García Ortiz en su nombramiento. La sentencia considera acreditado que el fiscal general se apartó de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas de la Fiscalía, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito. La desviación de poder que le achaca el Supremo consiste en "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".

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En una reciente carta a los miembros de la carrera, el fiscal general que recibe ahora el espaldarazo del Gobierno evitaba posicionarse sobre la ley de amnistía y se escudaba en que "ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad". García Ortiz no descarta que la Fiscalía pueda valorar la norma "una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado", pero advierte de que ese posicionamiento "se realizará a través de los cauces estatuarios" y será "en todo caso técnico-jurídico".

"La observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones", argumentaba. "El Ministerio Fiscal (...) debe respetar el principio de separación de poderes constitucional al Estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes".

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Todas las asociaciones fiscales, incluida la Unión Progresista de Fiscales (UPF), emitieron comunicados en los que criticaban el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts per Catalunya. Según advertían, las referencias que incluía este pacto al lawfare y la "judicialización de la política" resultan inadmisibles, al igual que la posible creación de unas "comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales" que "pervertirían completamente el sistema constitucional de separación de poderes".

La Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador y mayoritaria en la carrera, ha elevado el tono desde entonces, hasta el punto de que hace unos días pidió la dimisión de García Ortiz por su "pasividad" en "la defensa del Estado de derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal". Para esta organización, la ley de amnistía exige una respuesta inmediata ante "la ruptura de las reglas y principios básicos que definen España".