El Gobierno ignora las críticas y confirma el nombramiento de Delgado
Las dos asociaciones conservadoras advertían al Gobierno que la propuesta del fiscal general era nula de pleno derecho y pedían su paralización
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El Gobierno ha confirmado este martes el nombramiento de Dolores Delgado para ocupar la dirección de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF) se habían dirigido al Ejecutivo en las últimas horas para pedir que paralizara la propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero sus críticas no han sido atendidas. "El Gobierno actúa en la potestad que le corresponde", ha defendido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. "Es un proceso absolutamente transparente".
La AF y la AFIP incidían en que la mayoría del Consejo Fiscal no había informado sobre la plaza y, por tanto, la propuesta de García Ortiz era "nula" al no haberse debatido, pero la Abogacía del Estado se posicionó en contra de paralizar la designación e informó al Ministerio de Justicia que no existía margen para no atenderlo.
Una vez confirmado el nombramiento por parte del Gobierno, ambas asociaciones estudian ya recurrirlo: "La Asociación de Fiscales, en el seno de su comisión ejecutiva, debatirá y reflexionará sobre la posibilidad de impugnarlo vía jurisdiccional en defensa siempre de la institución".
Del Consejo Fiscal a los tribunales
En el Consejo Fiscal del pasado jueves hubo un plante completo a la designación de Delgado. Siete de los 12 miembros del órgano —los que pertenecen a la AF y la APIF— se negaron a informar y votar. Alegaban dudas sobre la compatibilidad de Delgado para ocupar un puesto que coincide con los intereses de su pareja, Baltasar Garzón, cuyo bufete está especializado precisamente en el mismo terreno. Pidieron aplazar la elección hasta que se analizara de forma oficial lo que consideran un conflicto de intereses, pero el fiscal desoyó la solicitud y apoyó a su antecesora, con la que trabajó como jefe de la Secretaría Técnica.
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Ambas asociaciones advirtieron entonces al Gobierno de que la propuesta de nombramiento no había cumplido con el trámite establecido legalmente porque no contaba con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal. Esa es la misma postura que se plantean trasladar ahora a los tribunales.
El malestar se extiende a la UPF
De forma paralela, el malestar por el nombramiento ha provocado ya una brecha en la asociación a la que pertenece la propia Delgado y de la que también es miembro el fiscal general. Como informó El Confidencial la pasada semana, destacados miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han comenzado a abandonar la asociación como protesta a su designación.
Entre ellos se encuentran la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña; el que fuera fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, y Carlos Castresana, histórico fiscal ahora destinado en el Tribunal de Cuentas que ejerció como comisionado de la ONU contra la Impunidad en Guatemala y que concurría al puesto junto a la propia Delgado.
El Gobierno ha confirmado este martes el nombramiento de Dolores Delgado para ocupar la dirección de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF) se habían dirigido al Ejecutivo en las últimas horas para pedir que paralizara la propuesta del fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero sus críticas no han sido atendidas. "El Gobierno actúa en la potestad que le corresponde", ha defendido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. "Es un proceso absolutamente transparente".