El malestar por el nombramiento de Delgado le estalla al Gobierno en plena campaña electoral

El nombre de Dolores Delgado ha vuelto a convertirse en motivo de polémica desde que, hace unos días, la designación de la plaza a la que siempre aspiró desde que abandonó la dirección de la Fiscalía General del Estado se adelantara bruscamente a consecuencia de la convocatoria de elecciones. El punto álgido de la tensión se alcanzará este jueves, cuando un Consejo Fiscal mayoritariamente crítico con su designación se pronuncie al respecto. Sea cual sea la elección de los consejeros, es el fiscal general quien decide a quién propone sin que su opinión le ate. Sin embargo, en última instancia, el nombramiento depende del Gobierno, que debe aprobarlo en Consejo de Ministros y reflejarlo en un real decreto. La decisión se adoptará en plena campaña y no favorece al PSOE, que fue colocando a Delgado en responsabilidades de máximo nivel.

Si las previsiones se cumplen y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, acaba proponiéndola para el puesto de responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, el decreto se publicará en el BOE a un mes de los comicios. La aprobación de la propuesta es un simple automatismo recogido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero eso no reduce su peso simbólico, que sigue siendo evidente. Tanto Delgado como García Ortiz fueron nombrados a propuesta del Gobierno.

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Más allá del evidente malestar de la carrera fiscal, la decisión dará munición al Partido Popular en un momento en que el 23 de julio estará a unas pocas semanas. El partido de Alberto Núñez Feijóo prevé derogar la ley de memoria a través de la cual se creó el departamento especializado. Ha sido, además, muy crítico con Delgado e intentó tumbar ante el Supremo su nombramiento tras su paso por el Ministerio de Justicia. En múltiples declaraciones, ha incidido en su politización y su cercanía a los socialistas, muy especialmente, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que promovió su ascenso como una apuesta personal. "Volverá a retratar el amiguismo", advierten fuentes políticas consultadas.

El Consejo Fiscal que se desarrollará este jueves será uno de los más tensos que se recuerdan. Comienza con una petición de dimisión de García Ortiz reclamada por la asociación a la que pertenecen la mayoría de los consejeros, la AF. Ha acusado al jefe de la Fiscalía de "maniobrar" para conceder el cargo a su antecesora y jefa. En un comunicado, la agrupación, mayoritaria en la carrera, asegura que la decisión de adelantar la designación después de que se conociera la convocatoria de elecciones es "una burda" maniobra. "Se hace patente la necesidad de interesar la dimisión del fiscal general", concluyen.

Recurso seguro al Supremo

Las razones de la tensión son múltiples: desde el adelanto de la reunión para colocarla antes de que se celebren las elecciones hasta las dudas sobre la imparcialidad del fiscal general por su vínculo personal con la candidata. También se cuestiona el interés de Delgado en un puesto basado en una materia en la que es especialista su pareja, Baltasar Garzón. La lista de quejas es muy larga.

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En el sector crítico, varias fuentes consultadas advierten de que el nombramiento será recurrido ante el Supremo de forma casi automática en caso de producirse. Vendría a acumularse a un recurso anterior que aún no ha sido resuelto. El pasado septiembre, el fiscal general ya ascendió a Delgado, que no tenía, cuando fue nombrada máxima autoridad del Ministerio Fiscal, la primera categoría. La designó para ocupar el puesto de fiscal de la Sala Militar, cargo al que aspiraban otros 19 fiscales.

El teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, con una extensa experiencia en la materia, acudió a la Sala de lo Contencioso del TS. El recurso sigue su trámite y está en fase de conclusiones y otra de las críticas respecto a la posible nueva designación es que se haga cuando el Supremo aún no ha resuelto. "Va a cambiar de destino sin que se haya determinado si asumió el anterior de forma correcta", aseguran algunos de los que se oponen.

Otro motivo para el malestar es la evidencia de que el puesto siempre se reservó para Delgado. Muchos apuntan a que, el pasado enero, ya le asignó funciones que corresponden a la Fiscalía de Memoria Democrática. Por decreto, determinó que se encargara de la coordinación y supervisión de la acción del Ministerio Fiscal "en todos los procedimientos y actuaciones en que puedan estar directamente comprometidos los derechos humanos o que se refieran a hechos que constituyan violaciones del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" y en aquellos asuntos vinculados al derecho internacional humanitario, enmarcados en la conocida como jurisdicción universal.