Dolores Delgado se quedará sin Fiscalía si el PP gobierna tras el 23-J

La contrarreloj de la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para hacerse con la dirección de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática puede acabar en nada en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones. Los de Alberto Núñez Feijóo ya planean eliminar este departamento especializado en el caso de que gobierne tras las elecciones. Delgado habría asumido para entonces el cargo de nueva creación y abandonado su anterior destino al frente de la Fiscalía Togada. Perdería así la jefatura de ambas áreas y quedaría adscrita de forma genérica al Supremo.

La candidatura de Delgado a esta Fiscalía ha generado en los últimos días una verdadera polvareda en la carrera. La certeza de la mayoría de los fiscales es que el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, que trabajó junto a ella como número dos, acabará atribuyéndole el puesto. Además de lo que se considera un "dedazo", se critican los tiempos. Para los fiscales conservadores, el consejo se convocó de forma "precipitada" en medio del descuento para los comicios y busca garantizarle el puesto frente a un riesgo de cambio de manos del Gobierno. De hecho, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) pidieron sin éxito la suspensión del Consejo Fiscal en el que se valorará a los candidatos y que fue convocado de urgencia después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral.

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La reunión debe celebrarse el próximo jueves y, a medida que se acerca la fecha, la tensión se ha ido incrementando. El último episodio ha consistido en un cruce de recriminaciones entre la ex fiscal general Consuelo Madrigal y la actual Fiscalía. Cuando se pidió la suspensión del Consejo, García Ortiz la rechazó alegando que no constituía "una decisión novedosa" y citó como antecedente una designación decidida por Madrigal. Esta exigió una rectificación asegurando que las designaciones que efectuó no son comparables. García Ortiz contraatacó recordando otros nombramientos realizados en fase preelectoral.

Que el PP eliminará la Fiscalía, creada en el marco de la Ley de Memoria Democrática, se da por hecho en los círculos jurídicos más cercanos a la formación. Este mismo martes, Núñez Feijóo anticipó su intención de derogar esa ley y varias otras de las aprobadas por el actual Ejecutivo durante una entrevista en Onda Cero. Sin ley, desaparecería también el departamento. Desde muchos sectores de la carrera, siempre se consideró que su creación no tenía demasiado sentido y levantaba falsas expectativas.

Una Fiscalía sin contenido

La investigación de los crímenes del franquismo no tiene ya recorrido penal posible. La Asociación de Fiscales destacó en su día en un voto discrepante contra el anteproyecto de ley que la creación del departamento es "absolutamente" innecesaria. En la sentencia del Supremo de 2012, en la que el alto tribunal se pronunció sobre la apertura por parte del exjuez Baltasar Garzón —hoy por hoy pareja de Delgado— de una causa sobre los crímenes franquistas, se destaca que la prescripción, la muerte del reo y la amnistía reflejada en la ley de 1977 son cuestiones que impiden el desarrollo de investigaciones penales.

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La Fiscalía se diseñó, en concreto, para dedicarse a la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La propia Delgado firmó, en su etapa al frente del Ministerio Público, el informe del Consejo en que se respaldaba la puesta en marcha del departamento.

Aquel escrito indicaba que resulta esencial amparar los derechos de las familias de los fallecidos en aquella etapa. Reivindicaba el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos y de recuperar sus restos "para darles un trato digno". Salvaba el escollo de la prescripción y la amnistía, refiriéndose a vías como "la justicia restaurativa". Se trata de "amparar, reconocer y reparar a las víctimas con el objetivo de que su testimonio, recuerdo y reflejo de la realidad de los hechos sirvan en sí mismos como garantías de no repetición", concluía.