Tira y afloja entre el fiscal general y una de sus antecesoras por la plaza de Delgado

La decisión del fiscal general de convocar de urgencia un Consejo Fiscal para adjudicar una plaza a la que aspira la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado ha provocado un cruce de recriminaciones entre Consuelo Madrigal, que dirigió el departamento entre diciembre de 2014 y noviembre de 2016, y Álvaro García Ortiz, a los mandos ahora del Ministerio Público. La discrepancia viene provocada por el adelanto de la reunión para asignar el puesto, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ante la convocatoria precipitada de elecciones. Dos asociaciones reclamaron que se suspendiera la reunión ante la cercanía del proceso electoral, pero García Ortiz lo rechazó alegando que "no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico" y citó como antecedente una designación decidida por Madrigal.

Entre los precedentes mencionados para justificar la urgencia, la Fiscalía General se refería a la decisión de Madrigal, que fue nombrado por el Gobierno de Rajoy, de nombrar a Olayo Eduardo González fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo (TS) "después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016". Esta alusión provocó que la ex fiscal general del Estado exigiera una rectificación en una carta. Madrigal aseguraba que aquel nombramiento no puede citarse como precedente por tratarse de "situaciones heterogéneas y radicalmente opuestas" y que citarlo "compromete seriamente" su buen nombre y la imagen de mi trayectoria al frente del Ministerio Fiscal.

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En su respuesta a estas recriminaciones, García Ortiz no solo insiste en su argumento inicial, sino que lo amplía. Asegura en un escrito remitido a toda la carrera que Madrigal efectuó otras propuestas de nombramiento adicionales realizadas que no podían paralizarse a causa de la convocatoria de elecciones generales. "Se trata de los destinos vacantes que fueron convocados en virtud de la Orden JUS/1966/2015, de 21 de septiembre: tres plazas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, teniente fiscal de la Inspección Fiscal, inspector fiscal, fiscal superior de Cantabria, fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales de Ciudad Real, Palencia y Huelva, así como fiscales jefes de las Fiscalías de Área de Alzira y Cartagena", precisa.

Respecto al nombramiento de la discordia, el de Olayo Eduardo González, informa en ese escrito que tuvo lugar tras una investidura fallida en la XI Legislatura y la celebración de un Consejo Fiscal el 26 de abril de 2016, el último día de la infructuosa ronda de consultas del jefe del Estado con los grupos parlamentarios, siete días antes de la disolución de las Cortes Generales que desembocó en la celebración de nuevas elecciones generales el 26 de junio de 2016.

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La elección de la plaza a la que aspira Delgado ha generado polémica desde un inicio. La convocatoria de la reunión en la que debe decidirse se trasladó a los miembros del consejo el pasado lunes, horas después de que el presidente del Gobierno anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. La plaza en liza es la correspondiente a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y numerosas fuentes dan por hecho que el fiscal general se la atribuirá a su antecesora en el cargo, con la que trabajó como jefe de la Secretaría Técnica.

El pasado septiembre, Álvaro García Ortiz decidió, tras asumir sus nuevas responsabilidades, conceder a Delgado la categoría de fiscal de Sala atribuyéndole la dirección de la Fiscalía militar del Supremo pocos meses después de abandonar la dirección del Ministerio Público por motivos de salud. En aquel momento, la Fiscalía de Memoria Democrática solo era un proyecto que aún no se había materializado.

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Fuentes de la Fiscalía General explicaron la decisión asegurando que la convocatoria de urgencia, prevista para el próximo, responde a la necesidad de materializar esta nueva Fiscalía y evitar que los trámites administrativos posteriores a la propuesta de nombramiento —que realiza el fiscal general oído el consejo fiscal— se vean entorpecidos o demorados en periodo preelectoral. Además de este departamento del Ministerio Público dedicado a Memoria Democrática, debe atribuirse también la dirección de la Fiscalía contra los delitos de odio.

Una estación de tránsito

La plaza de fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo que ocupa en este momento siempre se interpretó como una estación de tránsito para Delgado. Desde su salida, en la Fiscalía se daba por hecho que buscaría atar su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Histórica, un puesto de nueva creación que se corresponde a la perfección con sus intereses personales y profesionales. Profesionalmente, es un área que le apasiona y que trató de cultivar ya durante su fase como ministra, en la que protagonizó medio centenar de actos, entre homenajes, exposiciones, conferencias y coloquios, nacionales e internacionales, para homenajear al exilio republicano. También contribuyó de forma activa en la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

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El puesto se incluye en la nueva ley de memoria que nació en medio de la polémica. La norma contempla la creación de la figura del fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Entre las funciones de esta nueva especialidad se encontraría el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el franquismo y la investigación de violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en la Guerra Civil, la dictadura y hasta la aprobación de la Constitución.

Hace unos meses, García Ortiz dictó un decreto en el que ya otorgaba a su antecesora funciones del Ministerio Público en materia de Derechos Humanos, análogas a las de la citada Fiscalía. La decisión se interpretó entonces como una forma de afianzar la concesión definitiva del nuevo cargo.