El fiscal general cierra la puerta a ilegalizar a Bildu: "Es un partido democrático"

Un informe de la Fiscalía General del Estado ha cerrado la puerta a la posibilidad de ilegalizar Bildu que reclamaban asociaciones de víctimas y algunas formaciones políticas. El escrito, que reclamó Álvaro García Ortiz en respuesta a una solicitud de la asociación JUCIL, asegura que, a la vista de su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines "con los principios democráticos", se trata de una formación política democrática y, por tanto, "debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad". "No concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas", asegura.

El escrito ha sido elaborado por la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el fiscal de Sala de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, a solicitud del fiscal general. A lo largo de 10 páginas, analiza los supuestos de la Ley de Partidos y la inclusión en las listas de la formación de condenados por delitos de terrorismo. Concluye que no se desprende del análisis que ninguno de ellos, 44 en total, quieran volver a usar la violencia como instrumento para perseguir un fin político.

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El informe precisa que no existen, a día de hoy, fundamentos jurídicos suficientes como para impugnar determinadas candidaturas o excluir de las mismas a algunos de sus integrantes: "ETA, como tal organización, y las personas que la componían, no han vuelto a cometer hechos delictivos desde el año 2011 y ha sido disuelta años más tarde", destaca entre los elementos que valora.

Los fiscales repasan anteriores ilegalizaciones y concluyen que el contexto por el que se decidió la ilegalización de Batasuna, y sus sucesivos partidos herederos "no es el mismo que el de ahora". Explica que, para que tanto la ilegalización como la impugnación de candidaturas fuera viable, habría sido necesario "aportar elementos de prueba que permitieran acreditar que Bildu viene a continuar o suceder" la actividad ilegal que ejercían aquellas.

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Respecto a la ilegalización, destaca que lo esencial para apoyarla es que concurran los supuestos del artículo 9.3 de la ley, en el que se dice que el partido en cuestión será apartado cuando vulnere de forma sistemática las libertades y los derechos fundamentales "como método para la consecución de fines políticos" o bien apoye la acción de organizaciones terroristas. La conducta analizada, es decir, la inclusión de condenados, no es suficiente, precisa. Tampoco es indicio bastante que eso se acompañe de una ausencia de condena expresa del terrorismo.

Marco democrático y constitucional

En este último caso, los fiscales aprecian sensibles diferencias con los partidos anteriores, esos sí, ilegalizados. Como coalición, dicen, condenan de forma pública la violencia y "han asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional". En referencia a la jurisprudencia del Supremo, también recuerdan que, en nuestro sistema, tienen cabida todas las ideas y todos los proyectos políticos.

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La Ley de Partido, agrega, no establece causa de ilegalización por ostentar determinados planteamientos, sino porque su actividad vulnere los principios democráticos a través de invocaciones a la violencia u otros actos.

Justicia para la Guardia Civil había reclamado que se estudiara la ilegalización o la exclusión de los condenados de las listas una vez Covite alertó que 44 de los integrantes de la candidatura de Bildu habían sido condenados en el pasado, siete de ellos por delitos de sangre. Este mismo miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó otra denuncia en sentido similar, en este caso presentada por Dignidad y Justicia.