El Senado sube el tono y acusa al anterior TC de "alterar" la Constitución

La batalla entre las Cortes y la antigua mayoría conservadora del Tribunal Constitucional no ha terminado. El Senado ha elevado el tono contra los magistrados del bloque más cercano a la derecha, que forzaron en diciembre la paralización de la votación en la que la Cámara Alta preveía aprobar dos enmiendas destinadas a modificar su sistema de elección. En un duro escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, reprocha al tribunal su actuación y acusa a los magistrados de interpretar la Constitución a conveniencia para evitar la reforma que forzaría la salida de parte de ellos. "Parece que el tribunal se atribuye la posibilidad de controlar, con carácter previo, la modificación de las normas que lo regulan", critica.

El polémico fallo se adoptó por una ajustada mayoría de seis a cinco, en una votación por bloques en la que los conservadores votaron unidos frente a los progresistas. El Tribunal Constitucional paralizó la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas con las que el Gobierno trataba de evitar retrasos en la renovación del órgano de garantías, atendiendo una medida cautelarísima que solicitó el PP. Las Cámaras continuaron con la tramitación del resto de la reforma legislativa del Ejecutivo, que incluía también la desaparición del delito de sedición y la rebaja de algunos supuestos del de malversación.

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La reforma que quedó paralizada ya no tiene sentido, puesto que la renovación perseguida ya se ha producido. Pese a ello, el Parlamento considera esencial que se anule la medida para que no siente un precedente que pueda emplearse en su contra "en el futuro". El Senado defiende que se ha violado su función con "interferencias indebidas", impidiéndosele ejercer su potestad más característica, la de legislar. Advierte al Constitucional de que, al igual que el resto de poderes, él también se halla sujeto a la Constitución y no puede "alterar el ordenamiento jurídico por iniciativa propia".

"La función legislativa corresponde al Congreso y al Senado", dice, y agrega que las Cortes ocupan un lugar central en el esquema de poderes del Estado. "En cambio, el Tribunal Constitucional se halla situado en el penúltimo título", remata, para recordar a las claras que en ningún caso el TC debe "extender sus funciones a supuestos constitucionalmente no contemplados". Asegura que el TC es el máximo intérprete, "pero no el único", y su sujeción a la Carta Magna no debe tener excepciones.

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El Senado cuestiona el papel que jugó el tribunal de garantías en los últimos días de diciembre, precisamente porque las enmiendas cuestionadas se dirigían a cambiar el sistema de elección del propio Constitucional. Sostiene que se produjo una "utilización acumulativa de procedimientos" por parte del PP "bastante irregular". Deduce que la decisión del TC se orienta más "a impedir la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional" que a garantizar los derechos de la minoría parlamentaria. Modificar esa ley corresponde "en exclusiva" a las Cortes Generales y el TC solo puede verificar que cumple la Carta Magna, a posteriori.

El Congreso suma a las del Senado sus alegaciones y recuerda la grave perturbación provocada por la decisión. En un extenso escrito de más de 40 páginas, que firma una de las letradas de las Cortes Generales, entra a discutir, punto por punto, los argumentos que motivaron la suspensión. Rechaza, por ejemplo, la exigencia de que las enmiendas de un articulado tengan que ser necesariamente congruentes con el texto que modifican y precisa que no es "un requisito exigido reglamentariamente". "Consideramos que el legislador tiene libertad para introducir cualesquiera contenido vía enmienda", dice.

Un "fraude"

También destaca que se produjo "un fraude" al anticipar como medida cautelar lo que de otra manera tendría que haber esperado a la resolución sobre el fondo. El TC rompió "la proporcionalidad" de forma "completamente inédita" y al proteger a una parte minoritaria de los senadores, se lesionó el derecho de los otros, de la mayoría. Reclama, al igual que la Cámara gemela, que se anule la decisión.

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La mayoría conservadora que forzó este criterio ya no existe. Tras la renovación del órgano hace unas semanas, el Constitucional cuenta ahora con mayoría progresista. Muchos de los magistrados que la forman emitieron, en su momento, votos particulares, por lo que el mantenimiento de la suspensión cautelar es muy dudoso. A eso se suma el criterio de la Fiscalía, que reclamó hace unos días de forma expresa que se revoque aquel fallo para evitar "perturbadoras" consecuencias futuras.

En su escrito, el fiscal Pedro Crespo hace hincapié en la "extraordinaria" intromisión en las labores del poder legislativo que supuso aquella decisión. Para Crespo, no debió ocurrir y debe quedar anulada. La urgencia con la que se adoptó el fallo partió de "un prejuicio" político y concedió al TC una habilitación para la que —considera— no existe previsión normativa alguna en todo el ordenamiento jurídico español. La decisión se produjo en pleno diciembre, en el momento más álgido del tira y afloja sobre la entrada en el órgano de cuatro nuevos magistrados, cuya incorporación ha determinado un vuelco en las mayorías, ahora holgadamente progresistas.

El fiscal indica que la sentencia marcó una "decisión histórica" a través de la cual se reconoce al TC la capacidad de penetrar, a través de un recurso de amparo, "en el trámite parlamentario de una iniciativa legislativa y alterar, condicionar o cercenar su contenido". Indica que esta prerrogativa es "sustancialmente perturbadora" para la división de poderes y para el principio de autonomía parlamentaria.