El presidente del TC se despide reivindicando la Constitución frente a "reformas sin consenso"

Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa ya son magistrados del Tribunal Constitucional. Su presidente, Pedro González-Trevijano, que abandonó su plaza este lunes, hizo de maestro de ceremonias en la toma de posesión y no dudó en lanzar una advertencia sobre el riesgo de ignorar la Constitución durante su despedida: "Ni unos ni otros podemos arrogarnos un poder constituyente, ni podemos tampoco avalar mutaciones de la propia esencia de la Constitución".

González-Trevijano, de corte conservador, dice adiós al tribunal tras la polémica del pasado diciembre, cuando su voto resultó clave para paralizar la tramitación de las enmiendas con las que el Gobierno buscaba acelerar la renovación del propio Constitucional. Desde el Ejecutivo le acusaron entonces de vulnerar la soberanía del Congreso y del Senado con esta decisión, pero, como es tradición en el tribunal, González-Trevijano hizo balance de su mandato y se mostró tajante respecto a esta cuestión: "Ante la carta magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad".

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El todavía presidente coincidió con el Gobierno en la importancia de renovar el tribunal en los plazos previstos, pero al mismo tiempo aprovechó su discurso de despedida para señalar las líneas rojas que en ningún caso deben cruzarse para lograrlo: "No convirtamos los consensos y mayorías cualificadas previstas constitucionalmente en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido impasse", argumentó. "Tampoco difuminemos los pesos y contrapesos de nuestra Ley Fundamental, ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional, ni desdibujemos la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros".

El magistrado reconoció que "no han sido tiempos fáciles" y, ante la crisis institucional de los últimos meses, advirtió sobre el papel del tribunal: "No es el de examinar cuestiones políticas, sino pretensiones jurídicas, aunque en el proceso latan contenciosos de hondo calado político". El tribunal controla "el respeto a la Constitución por parte de esos otros tres poderes, incluyendo al legislativo", sin que esto implique ignorar los amplios márgenes con los que cuentan las cámaras para interpretar la misma.

"Recalquemos que el Tribunal Constitucional no constituye una tercera cámara, ni una cuarta instancia, ni una suerte de supercasación", insistió. "Creo pertinente recordar que los ciudadanos y los poderes públicos han de tomar conciencia de que su apelación solo ha de producirse tras agotar todas las vías de solución, no como instrumento de la refriega política o de indefinidas instancias judiciales". "El Tribunal Constitucional no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe, por tanto, constituirse en una suerte de arena agonística, en la que se diriman con habitualidad creciente conflictos en última instancia esencialmente políticos".

La mayoría progresista toma las riendas

Tras la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, el Constitucional vuelve a contar con mayoría progresista: siete magistrados frente a los cuatro conservadores. El siguiente paso consistirá en elegir a su presidente, para lo que se postulan los progresistas Cándido Conde-Pumpido, que parte como favorito, y María Luisa Balaguer, que aún cree tener opciones para ocupar la plaza. Los progresistas en principio iban a celebrar una reunión este lunes para ver si pactaban una candidatura unitaria, pero fuentes jurídicas explican que el encuentro finalmente tendrá lugar este martes. El presidente del TC en funciones, Ricardo Enríquez, ha convocado pleno para elegir al presidente y al vicepresidente, un día después, el miércoles.

Ante esta disputa en la que los términos progresistas y conservadores vuelven a saltar a los titulares, González-Trevijano también ha querido reivindicar la importancia de elegir "a los mejores y más aptos", pues, en caso contrario, el tribunal corre el peligro de caer "en la irrelevancia". También ha recordado que la renovación no es plena y aún falta cubrir la plaza de Alfredo Montoya, que en julio presentó su renuncia por motivos de salud. Su sustitución exige el apoyo de tres quintos del Senado.

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El cambio de fuerzas a favor de los progresistas se produce en un momento en que el Constitucional tiene pendiente emitir sentencia sobre algunas cuestiones de gran relevancia política. Entre ellas, la ley del aborto aprobada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma educativa impulsada por la exministra Isabel Celaá, la ley de eutanasia, la reforma del Gobierno que limita las competencias del CGPJ, la pérdida del escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, la propia ley orgánica del Constitucional y la reciente normativa de Cataluña que sortea la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español en las aulas.

En el caso del aborto, la resolución lleva pendiente más de 12 años, una tardanza a la que González-Trevijano también ha hecho referencia durante su discurso de despedida: "Justo es reconocer que el Tribunal Constitucional ha de mejorar su proximidad a la ciudadanía, aumentar su pedagogía y agilizar los tiempos de sus resoluciones. Ha habido, y hay, casos pendientes en la memoria de todos. La solución no es fácil, ni unívoca. Pero la autocrítica sí es necesaria y pertinente".