El TC confirma su decisión y rechaza la petición del Senado de reactivar la reforma

Nuevo pleno, misma decisión. El Tribunal Constitucional ha confirmado a última hora de este miércoles la paralización de las dos enmiendas con las que el Gobierno trata de acelerar la renovación del órgano de garantías. El Senado logró que el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, convocara un pleno extraordinario a las siete de la tarde para estudiar si reactivaba la reforma, pero por los mismos votos que el pasado lunes, los seis de los conservadores frente a los cinco de los progresistas, el dictamen se mantiene: la cautelarísima solicitada por los populares sigue vigente y la tramitación de las enmiendas del Gobierno queda congelada hasta nuevo aviso.

El pleno arrancó, esta vez, con sorpresa. En concreto, con un informe en el que la Fiscalía del Tribunal Constitucional se mostraba a favor de la solicitud formulada por Unidas Podemos y PSOE, que pedían apartar del pleno al presidente del tribunal y al magistrado Antonio Narváez, ambos de corte conservador. El fiscal Pedro Crespo respaldaba una recusación que hubiese cambiado las fuerzas a favor de los progresistas y además consideraba que la queja del Senado estaba "bien fundada", pero ninguno de sus argumentos fue atendido. El pleno se mantuvo con los mismos componentes y, una vez más, la votación por bloques inclinó la balanza a favor de los conservadores.

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La decisión del pleno, que se argumentará en un próximo auto, contará una vez más con votos particulares de todo el sector progresista, integrado por los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel, María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán.

Los magistrados del sector conservador apoyan su decisión en que permitir que el Senado votase este jueves podría suponer una vulneración del derecho fundamental de participación política de los populares que recoge el artículo 23.2 de la Constitución: "Tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes". Según argumentan, esa referencia a la legislación choca con el modo en que se ha introducido la reforma, pues la doctrina existente exige una relación de "homogeneidad" entre las enmiendas y la iniciativa que se pretende modificar, que en este caso es la proposición de ley sobre la sedición y la malversación.

Ratificada la cautelarísima, ahora vienen las cautelares, en las que las partes pueden argumentar a favor y en contra de mantener la decisión adoptada. La Fiscalía y demás partes personadas, entre ellas los partidos políticos, tienen desde el pasado lunes 10 días para efectuar alegaciones sobre la paralización. Si no logran revertir la misma en este escenario, el cambio legislativo seguiría paralizado mientras se estudia a fondo el asunto de cara al pronunciamiento definitivo, que puede tardar varios meses.

Los argumentos del Senado

En un intento de revertir esta decisión antes de llegar a las cautelares, la directora de la asesoría jurídica del Senado, Isabel María Abellán Matesanz, presentó un escrito de impugnación en el que pedía "el levantamiento inmediato" de la suspensión al tachar la misma de "actuación desproporcionada". Una vez más, señalaba para ello al mencionado artículo 23.2 de la Constitución, pero esta vez dándole la vuelta y apuntando al cargo parlamentario de los senadores: "El efecto suspensivo de la demanda de amparo en el momento de su admisión a trámite se torna en una negación para ejercer en tiempo y forma el derecho a enmendar, debatir y votar", sostenía.

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Para reforzar esta idea, la representante de la Cámara Alta denunciaba que "la suspensión ocasiona una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el poder legislativo del Estado español, encarnado en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), que representan al pueblo español, pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas".

Ni sus argumentos ni el informe de la Fiscalía han convencido a los magistrados del bloque conservador, que, 48 horas después, han vuelto a mantenerse firmes ante su decisión.