La Fiscalía pide borrar la decisión del TC de suspender la votación del Senado

No existen ya efectos prácticos pero, pese a ello, la Fiscalía considera que la decisión adoptada por la antigua mayoría conservadora del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar la tramitación parlamentaria de la reforma del Gobierno que buscaba, precisamente, acelerar la renovación del TC, debe borrarse. En un extenso escrito de más de 40 páginas, el fiscal Pedro Crespo acaba de reclamar que se revoque aquel fallo para evitar "perturbadoras" consecuencias futuras.

El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, hace hincapié en la extraordinaria intromisión en las labores del poder legislativo que supuso aquella decisión. Para Crespo, no debió ocurrir y debe quedar anulada. La urgencia con la que se adoptó el fallo partió de "un prejuicio" político y concedió al TC una habilitación para la que —considera— no existe previsión normativa alguna en todo el ordenamiento jurídico español. La decisión en pleno diciembre en el momento más álgido del tira y afloja sobre la entrada en el órgano de cuatro nuevos magistrados cuya incorporación ha determinado un vuelvo en las mayorías, ahora holgadamente progresistas.

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El fiscal indica que la sentencia marcó una "decisión histórica" a través de la cual se reconoce al TC la capacidad de penetrar, a través de un recurso de amparo, "en el trámite parlamentario de una iniciativa legislativa y alterar, condicionar o cercenar su contenido". Indica que esta prerrogativa es "sustancialmente perturbadora" para la división de poderes y para el principio de autonomía parlamentaria.

Crespo indica que el precedente que sienta la resolución debe quedar revocado como única forma de prevenir que el Constitucional "se convierta en un órgano de fiscalización 'a priori' del objeto de las iniciativas legislativas en el umbral de su tramitación, como mínimo en cuanto concierne a sus aspectos formales, y sin excluir siquiera algún grado de control sobre su contenido material".

No eliminar esa decisión generaría efectos perniciosos, dice. Por ejemplo, habilitaría al tribunal de garantías a "obtener la expulsión 'ipso facto' del procedimiento parlamentario de todas aquellas iniciativas que, según un juicio preliminar, y en caso de urgencia inaudita parte, presenten indicios de no ajustarse a una interpretación del reglamento de las cámaras conforme a la Constitución, incluso que esa restricción de la potestad legislativa pueda basarse en un juicio anticipado sobre la inconstitucionalidad material de la norma proyectada".

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"El cambio radical de paradigma que esa intervención cautelar del Constitucional puede suponer en la mecánica habitual de funcionamiento del Congreso y el Senado y, por tanto, la necesidad de concretar, en aras cuando menos de la seguridad jurídica, los presupuestos de una decisión de esa naturaleza habrían requerido una detallada y cuidadosa explicación de la que el auto carece absolutamente", agrega.

El polémico fallo se adoptó por una ajustada mayoría de seis a cinco, en una votación por bloques en la que los conservadores votaron unidos frente a los progresistas. El Tribunal Constitucional paralizó la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas con las que el Gobierno trataba de evitar retrasos en la renovación del órgano de garantías, atendiendo una medida cautelarísima que solicitó el PP. Las cámaras continuaron con la tramitación del resto de la reforma legislativa del Gobierno que incluía también la desaparición del delito de sedición y la rebaja de algunos supuestos del de malversación.