Dolores Delgado pide ascender a fiscal de Sala de lo Militar tras su dimisión de julio

Dos meses después de su salida de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado concursa para una plaza de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría fiscal. Se ha postulado para ocupar el puesto de fiscal de la Sala Militar del TS. Tras abandonar la jefatura del Ministerio Público por motivos personales, la fiscal debía incorporarse a su antiguo puesto en la Audiencia Nacional. Ahora opta junto a otra veintena de fiscales a una vacante cuya cobertura se decidirá en las próximas semanas. La decisión última es de su sustituto, Álvaro García, oído previamente el Consejo Fiscal.

El Consejo de Ministros nombró para reemplazarla a su número dos, antes jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Delgado presentó su renuncia por razones de salud después de ser intervenida quirúrgicamente de una afección de la espalda con una recuperación complicada. En caso de obtener la plaza que solicita, pasaría a formar parte de la misma Junta de Fiscales de Sala, que la asesoraba en la anterior etapa. Será recordada, entre otras cosas, por haber dirigido las investigaciones prejudiciales sobre el Rey emérito que concluyeron el pasado mes de marzo con el archivo tras más de tres años de averiguaciones sobre sus finanzas opacas.

A pesar de ocupar la jefatura del Ministerio Fiscal, Delgado no tiene aún la máxima categoría. Lo habitual es que todos los fiscales generales que se han encontrado en las mismas circunstancias, que han sido varios, la obtuvieran en el primer discurso disponible tras su dimisión.

Entre las vacantes que Álvaro García tiene que cubrir en esta primera etapa se encuentra también la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. Todo apunta a un segundo mandato de Alejandro Luzón, al que disputa el cargo la que fuera teniente fiscal del departamento, Belén Suárez. Es una de las Fiscalías más complicadas del Ministerio Público y que acumula los procedimientos más sensibles.

Luzón aterrizó en Fiscalía casi por casualidad en julio de 2017. Propuesto por el fallecido José Manuel Maza, vino a calmar las aguas tras la salida de Manuel Moix, que acabó dimitiendo tres meses después de su nombramiento tras conocerse que contaba con una participación en una empresa 'offshore' en Panamá dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid). Su primer propósito fue apaciguar el departamento e imprimirle un perfil técnico alejado de focos y escándalos.

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Lo ha conseguido solo a medias. Anticorrupción es un imán para las causas mediáticas, pero esa gestión de asuntos tan sensibles como las diligencias abiertas durante años sobre el rey Juan Carlos fue granjeándole la confianza de Delgado, fiscal general de un Gobierno del PSOE. Y es que una de las cualidades de este fiscal, que ha desarrollado buena parte de su carrera en la casa que ahora dirige, es conciliar a conservadores y progresistas, como ya demostró hace cinco años, cuando logró el apoyo del consejo fiscal en pleno. "Es una apuesta segura", indican otras de las fuentes consultadas.

Anticorrupción conduce en la actualidad procedimientos ya judicializados o diligencias de investigación fiscales sobre cuestiones de máxima actualidad. Hace unos meses, despejó las investigaciones sobre Juan Carlos I, que cerró con base en la inviolabilidad y la prescripción pese a apreciar indicios delictivos en las actividades del emérito. La atención viró entonces a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el contrato de compra de mascarillas del que se benefició su hermano y que estuvo en el origen de la crisis del PP y la salida de Pablo Casado.

El departamento también lidera la causa sobre la presunta estafa en la compra de material médico que afecta al Ayuntamiento de Madrid y en la que están imputados los comisionistas Medina y Luceño. Dirige, junto a la Audiencia Nacional, la macrocausa respecto a las actividades del comisario Villarejo, que acumula una treintena de causas y que amenaza con crecer aún más.