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Anticorrupción pide mayor protección jurídica para los denunciantes
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Anticorrupción pide mayor protección jurídica para los denunciantes

El fiscal anticorrupción se suma a quienes piden más protección para los denunciantes. Así lo ha anunciado Alejandro Luzón en unas jornadas sobre delincuencia económica.

Foto: Alejandro Luzón en una imagen de archivo. (EFE)
Alejandro Luzón en una imagen de archivo. (EFE)

La protección jurídica de los denunciantes de casos de corrupción es una vieja reivindicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También de la Fiscalía Anticorrupción, y así lo ha revelado este lunes el responsable de la lucha contra el fraude, Alejandro Luzón, quien en unas jornadas sobre prevención de los delitos económicos ha reclamado mayor protección a quienes denuncian casos de corrupción.

Según Luzón, esta es una lacra que impide luchar con mayor eficacia contra los delitos económicos, ya que la protección de los denunciantes es “escasa”. Luzón reconoce la importancia de la directiva comunitaria que comenzó a tramitarse en abril, y que parte de una realidad. Como dice la propuesta de directiva, las personas que trabajan en una organización o están en contacto con ella por razones laborales “son a menudo las primeras en tener conocimiento de tales hechos y, por lo tanto, se encuentran en una posición privilegiada para informar a quienes pueden abordar el problema”.

Esta falta de protección, según Luzón, es un problema real que, hasta ahora, sin embargo, ha sido desatendido por el legislador español. De hecho, la proposición de ley que presentó Ciudadanos en septiembre de 2016 no ha tenido por el momento consecuencias prácticas después de 25 ampliaciones de enmienda y pese a ser tomada en consideración.

Según Luzón, es una lacra que impide luchar con mayor eficacia contra los delitos económicos, ya que la protección de los denunciantes es "escasa"

Luzón ha tomado parte en unas jornadas organizadas por el Consejo General del Notariado en las que Pablo Tedó, investigador de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Ha expresado la importancia económica de los delitos contra el presupuesto de la Unión Europea. En particular, en los relacionados con China y el pago del IVA.

Tedó ha recordado que Bruselas ha impuesto una multa de más de 2.000 millones de euros a Reino Unido, ya en pleno proceso de separación de la Unión Europea, por infravalorar el precio de las mercancías que entran por algunos de sus puertos, lo que provoca una considerable merma de los recursos comunitarios.

En su opinión, esta infravaloración del precio de las mercancías genera unas pérdidas de miles de millones, sobre todo en lo que se denomina en el argot aduanero mercancías de bazar, es decir, textil o calzado.

Control jurisdiccional

No hay que olvidar que el Brexit supone que al menos durante los dos próximos años (ampliables) el Reino Unido -a través de operadores logísticos locales- seguirá aprovechándose de las ventajas de la unión aduanera, lo que significa que seguirá pudiendo exportar mercancías valoradas por debajo de su precio real, aunque ahora sin el control jurisdiccional de los tribunales de la Unión Europea.

Las jornadas han sido abiertas este lunes por Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado, en las que ha avanzado que el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Para Garrido, el notariado es un aliado capital en esta materia, toda vez que se trata de un funcionario público que tiene el deber de informar a las administraciones y encauza la actividad económica dentro de la legalidad para que las operaciones económicas se puedan realizar.

La protección jurídica de los denunciantes de casos de corrupción es una vieja reivindicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También de la Fiscalía Anticorrupción, y así lo ha revelado este lunes el responsable de la lucha contra el fraude, Alejandro Luzón, quien en unas jornadas sobre prevención de los delitos económicos ha reclamado mayor protección a quienes denuncian casos de corrupción.

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