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El pin parental de Vox avanza a trompicones: el PP lo abraza en Baleares pero lo rechaza en Extremadura o Cantabria
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LA BATALLA CULTURAL

El pin parental de Vox avanza a trompicones: el PP lo abraza en Baleares pero lo rechaza en Extremadura o Cantabria

La intención del partido de Santiago Abascal es implantarlo en todas las comunidades. Sin embargo, se está encontrando con la negativa de los populares en varios territorios

Foto: La presidenta de Extremadura, María Guardiola (i), junto al candidato de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo. (EFE/Jero Morales)
La presidenta de Extremadura, María Guardiola (i), junto al candidato de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo. (EFE/Jero Morales)

La implantación del pin parental avanza a trompicones en las comunidades en las que PP y Vox gobiernan en coalición o tienen un acuerdo de investidura. Los de Santiago Abascal han reclamado aprobar, o van a hacerlo, la controvertida medida en varios territorios, con reacciones dispares de su socio. Mientras en Baleares las dos formaciones no han tenido ningún problema en suscribirlo, en Cantabria lo han rechazado y en Extremadura se avecina otro choque. Como en la Comunidad Valenciana. La agenda de la formación ultraconservadora anticipa nuevos seísmos en los incipientes ejecutivos regionales y la dirección nacional no está dispuesta a pasar por alto una propuesta que consideran clave en su batalla cultural.

Cantabria ha sido el último episodio. El PP, junto al PRC y el PSOE, rechazaron este lunes una proposición no de ley de Vox para vetar contenidos que incurren en el "adoctrinamiento" y la "manipulación" de los menores con contenidos "ideológicos". Las posturas en este territorio están muy alejadas en la derecha. Los populares comparten la idea de que han de garantizar la libertad de elección para las familias, pero con un límite. "No cabe socavar de ninguna manera la confianza que las familias depositan en los centros", declaró el diputado Álvaro Aguirre. Esta posición no es algo aislado.

Foto: Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, en una sesión plenaria flanqueado por Rodrigo Alonso y Javier Cortés. (Cedida/Vox)

Vox registró a principios de octubre una propuesta en la Asamblea de Extremadura para que el Ejecutivo liderado por María Guardiola garantice a los padres contar con el derecho de aceptar o no para sus hijos cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico. La iniciativa exige, además, la revisión de los currículos educativos para retirar de forma "inmediata" todo aquel material que "contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores". Y, al menos de momento, el PP se niega. "El pacto de gobernabilidad que tiene el PP con Vox es público y meridianamente claro. No existe en este pacto ningún tipo de pin parental", avanzó el portavoz de los populares extremeños, José Ángel Sánchez Juliá.

El último encontronazo entre el PP y Vox por el pin parental se produjo este lunes en Cantabria, con el rechazo de los populares a la medida

El problema es la interpretación que las dos fuerzas hacen del documento que rubricaron el pasado mes de junio. El punto 32 del acuerdo hace referencia a la garantía de la "neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura" y "el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones". En Vox apuntan que en esta redacción está implícita la figura del controvertido pin parental, pero el PP lo niega. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ratificó la semana pasada la negativa del PP a aprobar una medida así. "¿No se va a aplicar el pin parental en Extremadura?", le preguntaron en una entrevista en la televisión regional, y la consejera zanjó: "No, lo he dicho bien clarito".

La creación o no del veto educativo podría derivar en un nuevo enfrentamiento entre las dos fuerzas y sacudir los débiles cimientos del Ejecutivo extremeño. De hecho, hace solo unas semanas Vox amagó con romper su acuerdo con Guardiola después de que la dirigente asegurase en una entrevista que la relación con su socio era "escasa". Extremadura ha sido la primera región donde Vox ha formalizado una propuesta relativa al pin parental, pero no será la última. Fuentes del partido aseguran que su intención es llevar esa iniciativa al resto de territorios, tanto en las comunidades autónomas donde gobiernan como en las que no, e intentarán arrastrar a su socio de gobierno a sus postulados en regiones como la Comunidad Valenciana o Aragón.

El acuerdo en Baleares

Donde ya han sumado al PP es en Baleares. Allí, ambas fuerzas, y a pesar del encontronazo de la semana pasada a cuenta de la libre enseñanza de la lengua en los colegios que ha dejado en el aire los presupuestos, han suscrito una enmienda para exigir al Govern que "garantice el conocimiento previo y la aceptación de los padres de cualquier contenido extracurricular que puedan recibir sus hijos dentro del aula". La medida estaba prevista en el pacto por el que Vox facilitó la investidura de Marga Prohens. La enmienda, además, recoge que "mediante la alta inspección educativa" se establezca "un control sobre los libros de texto y el material educativo que se trabaje en las aulas".

Foto: La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en un desayuno informativo. (Eduardo Parra/EP)
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Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, el PP no es partidario de establecer el pin parental, si bien habrá que ver qué hace la formación o qué negocia con Vox cuando la propuesta de los de Abascal llegue al Parlamento regional. En Aragón, el pacto entre las dos fuerzas recoge que "los padres elegirán o autorizarán las actividades extracurriculares", aunque los populares niegan que se pueda hablar de un pin parental. Y en Murcia fue uno de los puntos de conflicto entre los dos partidos nada más firmar el acuerdo que permitió a Fernando López Miras reeditar su Gobierno. Aunque la medida no figura en el acuerdo de investidura, la formación ultraconservadora ya anunció que lo exigirá.

En estos territorios, el PP ató los votos de la formación ultraconservadora y en todos ambos partidos gobiernan en coalición, pero el mandato solo acaba de arrancar. La primera piedra en el camino será la negociación de los presupuestos regionales, una oportunidad que los de Santiago Abascal pueden aprovechar para imponer su agenda en materias troncales para ellos, como es el caso de la educación.

Foto: La presidenta de Baleares, Marga Prohens. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La relación entre los dos partidos no es sencilla. La coalición en Castilla y León, la primera que firmaron, ha tenido altibajos y picos importantes de tensión. Y los primeros meses de convivencia en otros gobiernos muestran que el guion será el mismo. El choque en Baleares por la libre elección de la lengua es el ejemplo más reciente, pero no será el último. Fuentes cercanas a la dirección de Vox reconocen que esta será la tónica habitual, aunque lo enmarcan en las fricciones propias y habituales de un Ejecutivo bicolor. "Habrá muchos más desencuentros de este tipo. Es algo muy normal, habrá momentos de tensión y momentos de mayor tranquilidad", subrayan a este diario. La única línea roja, como siempre han avisado desde Vox, es el cumplimiento de los acuerdos programáticos suscritos. "Habrá que cumplir lo pactado. Y discutir lo discutible", añaden.

Proposición en el Congreso

Vox también registró una proposición no de ley en el Congreso en la que recoge el grueso de la iniciativa educativa. Al margen de las actividades extracurriculares, sobre las que los padres siempre han tenido capacidad de decisión sobre la asistencia de sus hijos, el partido liderado por Abascal desliza su intención de revisar también los contenidos curriculares e intervenir consignas con "una fuerte carga ideológica", especialmente en lo relativo a la perspectiva de género o la discriminación del colectivo LGTBi.

Foto: El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y el responsable de Vox, Santiago Abascal. (EFE/Rodrigo Jiménez)

A través de la actuación de la alta inspección educativa, Vox propone vetar "cualquier intento de adoctrinamiento ideológico sobre los menores en las aulas", e impulsar las medidas oportunas para retirar libros de texto o material educativo que "contengan cualquier tipo de adoctrinamiento". En su proposición no de ley, que el partido ultraconservador pretende extender al resto de instituciones regionales, la formación habla incluso de "prohibir" por ley contenidos que "puedan afectar a la inocencia de los menores" y "corromper su persona en una sensible etapa de su formación".

La guerra por el pin parental derivó en un conflicto abierto con el Gobierno central cuando Vox, con el beneplácito del PP, quiso introducir el veto educativo en la Región de Murcia durante la pasada legislatura. La experiencia acabó en los tribunales y con el Ejecutivo pidiendo la suspensión cautelar de la medida.

Foto: La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (c), durante la comparecencia para explicar la expulsión de Vox del Gobierno local. (EFE/J. L. Cereijido)

Vox sitúa la cultura y la educación como dos pilares fundamentales de su cruzada política. Es la trinchera desde la que el partido de Abascal pretende implantar su agenda contra la ideología woke en las instituciones. El resultado del 23-J frustró la pretensión del partido ultraconservador de exigir precisamente la cartera de Cultura a Feijóo a cambio de sus votos, pero perseguirá ese objetivo a nivel territorial, donde ha multiplicado su poder.

El equilibrio de fuerzas entre el PP y Vox es delicado, pero lo cierto es que están condenados a entenderse. Tanto, que los dos partidos han suscrito ya un nuevo pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. Como ha informado este diario, la formación ultraconservadora apunta también a Sevilla, donde el Gobierno en minoría de los populares necesita de los votos de sus socios para sacar adelante cualquier iniciativa. Los presupuestos son el primer examen y el principal elemento de presión de los de Santiago Abascal.

La implantación del pin parental avanza a trompicones en las comunidades en las que PP y Vox gobiernan en coalición o tienen un acuerdo de investidura. Los de Santiago Abascal han reclamado aprobar, o van a hacerlo, la controvertida medida en varios territorios, con reacciones dispares de su socio. Mientras en Baleares las dos formaciones no han tenido ningún problema en suscribirlo, en Cantabria lo han rechazado y en Extremadura se avecina otro choque. Como en la Comunidad Valenciana. La agenda de la formación ultraconservadora anticipa nuevos seísmos en los incipientes ejecutivos regionales y la dirección nacional no está dispuesta a pasar por alto una propuesta que consideran clave en su batalla cultural.

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