Las otras bombas de relojería del trato PP-Vox que están a punto de estallar en Castilla y León

Marzo de 2022. El PP firma su primer acuerdo de gobierno con Vox en Castilla y León. Lo hace in extremis, tan solo quince minutos antes de que arrancase el pleno de constitución de las Cortes, para evitar un adelanto electoral. No hay nadie en el timón de Génova. La crisis del PP ya había dejado en punto muerto a Pablo Casado, y a Feijóo le quedaban aún unas semanas para ocupar su puesto. Tras jurar el cargo y celebrar una histórica victoria en Andalucía, el líder gallego se propuso convertir Castilla y León en una isla y no ceder más asientos a la ultraderecha. Lo que no se contemplaba es que esa isla iba a dar tantos quebraderos de cabeza a la dirección nacional, el último a cuenta del debate del aborto, donde el PP se mueve históricamente con dificultad. Y no es la única bomba de relojería que amenaza con estallarle primero a Mañueco y, por extensión, a Feijóo.

Entre las 32 "acciones" que forman parte del acuerdo de legislatura de PP y Vox se incluían ayudas directas e incentivos fiscales progresivos a las familias para "apoyar la natalidad" en la región. Con base en este punto, el consejo de gobierno aprobó el pasado 12 de enero un protocolo con medidas sanitarias "relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias" con diferentes propuestas para otorgar garantías y facilidades a las mujeres embarazadas durante el proceso de gestación. Pero Vox, a través de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, se llevó el asunto al terreno ideológico y aseguró que lo que se había aprobado era un protocolo coercitivo para desincentivar el número de abortos en la región, lo que desató una importante tormenta política que llegó a la arena nacional y que puso al PP entre la espada y la pared.

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Tras más de una semana de polémica, la Moncloa desactivó la bomba este mismo viernes al entender que la Junta había rectificado en la aplicación de unas medidas antiaborto que, en realidad, solo habían existido en el argumentario de Vox. Pero no es el único punto caliente del acuerdo Mañueco-Gallardo. Por ejemplo, el documento habla de garantizar la "libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos", un punto que respondería, en parte, a la implantación del polémico pin parental que defiende Vox.

En su día, el partido de Abascal logró materializar su propuesta en otra comunidad gobernada por el PP, en este caso Murcia, que entonces gobernaba en coalición con Ciudadanos gracias al apoyo externo de Vox. La polémica escaló también de nivel e, incluso, el Gobierno presentó un requerimiento como paso previo a la presentación de un recurso ante el TSJ de Murcia contra el ejecutivo popular. En Castilla y León, Mañueco ya aseguró que no se implantaría el pin parental, pese a que la literalidad del documento firmado con su socio da lugar a interpretaciones. Tampoco Gallardo lo tiene en agenda, al menos de momento.

Las leyes de género son otro asunto espinoso en la coalición castellanoleonesa. El punto diez del acuerdo implica un compromiso para aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, para dotar de prevención "a todas las víctimas" y no solo a las mujeres que son agredidas por hombres, como sostienen fuentes de Vox en Castilla y León, donde aseguran estar "satisfechos" por cómo avanza el grado de cumplimiento del programa de gobierno. La ley de violencia intrafamiliar ya echó a andar el pasado verano, y los nuevos presupuestos regionales ya contemplan una partida de medio millón de euros para esta partida. En este caso, Mañueco sí logró un equilibrio y aumentó un 10% el gasto destinado a la lucha contra la violencia de género en la región.

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Otra de las cuestiones más ideológicas que puede provocar un nuevo choque en la coalición de Castilla y León, y que Vox puede explotar antes de próximos procesos electorales, tiene que ver con el compromiso de "promover una inmigración ordenada" en la región. Aparte de asumir su discurso ideológico, Mañueco no tiene, en principio, forma de materializar ese compromiso porque las comunidades autónomas no tienen competencias en materia de política interior. Pero la batalla por el discurso y el lenguaje se ha demostrado muy importante en la primera región gobernada por Vox, que el partido ultraconservador usa como escaparate para desarrollar su agenda nacional.

Si no adelanta elecciones, a Fernández Mañueco aún le quedan tres años de legislatura en que deberá surfear el tsunami ideológico de su socio gubernamental. Hace unos meses, García-Gallardo logró otra importante cesión del barón popular: un recorte de 20 millones de euros en ayudas a agentes sociales, que supuso reducir a la mitad las partidas correspondientes a lo que Vox denomina como "chiringuitos ideológicos". El hachazo ya generó importantes tensiones entre el PP y CEOE, UGT y CCOO —organizaciones con las que Feijóo ha recuperado una buena relación a nivel nacional— y se desmarcó en un primer momento de unas medidas que, aseguraron, fueron impulsadas por Vox en primera instancia sin consultar al socio mayoritario de la coalición.

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El verso libre de Juan García-Gallardo y de su equipo —Vox ostenta la vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Empleo e Industria, además de la presidencia de las Cortes— incomoda enormemente a Alfonso Fernández Mañueco, desde cuyo entorno aseguran estar "muy cansados" de los continuos exabruptos protagonizados por su número dos y de su pretendida autonomía política que le ha permitido configurar su propia estrategia de gobierno, muchas veces al margen del PP.

En los últimos meses, Gallardo acusó a Sánchez de ser el "líder de una banda criminal"; se dirigió a una procuradora socialista con discapacidad para decir que no le trataría con "condescendencia", sino como a "una persona como las demás"; llamó "imbécil" y "presunto delincuente" a Francisco Igea, exvicepresidente de Castilla y León; y se reafirmó en que uno de los motivos que explican la baja natalidad en España y en Castilla y León es la concepción del sexo como algo placentero y no como un modo de procreación. Todo ello genera un enorme malestar en el PP regional, que ya no se esfuerzan por ocultar. Y solo han pasado diez meses desde que el PP aceptase aquel acuerdo.