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El PP frena el hachazo de Vox a patronal y sindicatos y advierte de que podría ser ilegal
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NUEVO INCENDIO EN CASTILLA Y LEÓN

El PP frena el hachazo de Vox a patronal y sindicatos y advierte de que podría ser ilegal

Mañueco pide "calma" a CEOE, UGT y CCOO para no dinamitar el diálogo social y señala que puntos del plan de recortes pueden tener complicaciones jurídicas. Los populares intentarán desactivar la mina de Gallardo tras el 19-J

Foto: El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), y su vicepresidente, Juan García-Gallardo. (EFE/Raúl García)
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), y su vicepresidente, Juan García-Gallardo. (EFE/Raúl García)
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Santiago Abascal utiliza Castilla y León como ensayo de un plan meditado para el resto de España, mientras Alberto Núñez Feijóo se esfuerza por limitar a un caso aislado su inédito acuerdo gubernamental con Vox, una alianza que ya ha dado más de un quebradero de cabeza al PP en sus semanas de vida. En la recta final de la campaña de las andaluzas, donde los populares han apostado por no dar munición al partido situado justo a su derecha, Vox ha abierto un nuevo fuego anunciando un tijeretazo millonario al diálogo social en la región, una medida que no cuenta con el aval de Alfonso Fernández Mañueco. El hachazo que plantea la formación liderada por Juan García-Gallardo contra CEOE, UGT y CCOO amenaza con abrir un cisma con el PP, decidido a frenar el impacto del plan de recortes de sus socios con puntos que, advierten, "podrían no ser legales".

El presidente de la Junta de Castilla y León no se encontraba en Valladolid en el momento en que su número dos y el consejero de Industria y Empleo de Vox, Mariano Veganzones, comparecieron ante los medios para anunciar una batería de medidas orientadas a la reducción de "gasto superfluo e ineficaz", el undécimo punto del acuerdo de legislatura que PP y Vox firmaron el 10 de marzo de 2022. Para sorpresa de los populares, Juan García-Gallardo comunicó la decisión de reducir en más de 20 millones de euros las ayudas "directas" dirigidas a organizaciones empresariales y sindicales en las próximas cuentas públicas.

Foto: El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. (EFE/Nacho Gallego)

En concreto, Vox comunicó que recortaría cuatro millones en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León y suprimiría directamente los más de 12 millones que reciben casi exclusivamente CEOE, CCOO y UGT para implementar acciones de orientación profesional. El plan de acción incluye otras medidas, como la eliminación de las ayudas dirigidas a la integración laboral de inmigrantes o a acciones para trabajadores ocupados, o la supresión de la financiación de cuatro cátedras en materia sindical en las universidades de la comunidad. Vox plantea reorientar este ahorro a planes de formación ejecutados por las propias empresas con compromiso de contratación y a otras "políticas sociales" más "prioritarias", que por el momento no ha detallado.

El acceso del partido de Santiago Abascal a su primera cuota de poder real ha posibilitado la ejecución de una de las líneas maestras de su agenda política, que incluye el compromiso de cerrar "chiringuitos ideológicos" y acabar con la "casta sindical" y sus "chollos subvencionados". La hoja de ruta desplegada por Vox implica un torpedo a la línea de flotación de patronal y sindicatos en Castilla y León, pero también a la estrategia nacional y regional del PP: tanto Feijóo como Mañueco han hecho del diálogo social una de las banderas de su gestión. Fuentes populares reconocen que el anuncio de Vox podría poner en peligro su relación con los agentes sociales en el peor momento posible: a las puertas del 19-J.

En las filas del PP regional se ha instalado una calma tensa por el sorpresivo anuncio de sus nuevos socios de coalición. Para empezar, desmienten la versión de Vox de que el acuerdo emana del Consejo de Gobierno y niegan que se pulieran los detalles durante la reunión del pasado jueves, como sostuvo en rueda de prensa García-Gallardo. Fuentes cercanas a Mañueco reconocen que el asunto salió a colación durante la reunión de la cúpula gubernamental, pero afirman que solo se "insinuó" una batería de medidas orientadas a las subvenciones nominativas de patronal y sindicatos, sin ninguna acción prevista que pusiese en peligro los compromisos de la Junta con el diálogo social. "Lo plantearon de manera informal. No sabíamos el contenido que iba a tener la rueda de prensa", justifican.

El PP se desvincula del plan de recortes y apuesta por no dinamitar el diálogo social en CyL

Más allá de vincular las prisas de Vox para anunciar su primer gran hachazo a los agentes sociales con una motivación electoralista, los populares denuncian que hay puntos del plan que no se ajustan a lo pactado respecto al compromiso de PP y Vox de suprimir gasto superfluo y que, incluso, podrían no ser legales, especialmente los que afectan al campo de la formación profesional. Indican que hay algunas propuestas que pueden afectar a políticas sociales desarrolladas por los tres agentes para estimular el empleo joven o la integración laboral de sectores poblacionales en riesgo de exclusión, lo que implicaría un cambio de leyes y acuerdos aún en vigor e, incluso, tocar el propio estatuto de autonomía de Castilla y León. "Lo tienen que analizar nuestros servicios jurídicos", explican.

En 2001, la Junta de Castilla y León, las organizaciones de CCOO y UGT y la patronal, entonces llamada Cecale, firmaron un 'Acuerdo para el impulso del diálogo social en Castilla y León'. El convenio fue elevado al máximo rango normativo en 2008, cuando fue incorporado al estatuto de autonomía. La región fue pionera a la hora de impulsar una alianza de estas características en su estructura institucional, y Alfonso Fernández Mañueco se ha comprometido a no moverse un ápice de lo pactado con los agentes sociales pese al órdago de Vox. "Es evidente que no queremos dinamitar el diálogo social, básicamente porque está institucionalizado en el estatuto de autonomía", defienden.

Foto: El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. (EFE/Nacho Gallego)

El presidente de la Junta mantiene un férreo silencio sobre el paso adelante que ha dado García-Gallardo y la presión de sindicatos y patronal, que esperan las "explicaciones" del PP al respecto antes de definir una posición. Sin embargo, Mañueco ha mantenido contactos privados en los últimos días tanto con sindicatos como con empresarios para trasladar un mensaje de "calma" ante los "fuegos artificiales" de su socio de gobierno, evitando en todo momento respaldar la batería de recortes. Este miércoles, el líder popular anunció una reunión extraordinaria del llamado Consejo de Diálogo Social —que incluye a CCOO, UGT y la CEOE— para tratar de reconducir la situación ante la alarma suscitada por el anuncio de Vox. La cita no se concretará hasta después de las elecciones andaluzas.

Con todo, el PP se mueve en un complicado equilibrio y afronta las consecuencias de su primer Gobierno con Vox, del que no existen precedentes. Mañueco trata de aguantar el chaparrón para evitar que explote en la recta final de la campaña de Juanma Moreno, que aspira precisamente a gobernar sin las tutelas de Macarena Olona. Abascal, al contrario, no tardó en hacerse eco de la polémica medida pese a los recelos del PP, utilizando la iniciativa como acicate electoral. "Hoy es Castilla y León. Mañana, Andalucía", advertía.

CEOE y sindicatos advierten de las "consecuencias"

Tanto la sección regional de la CEOE, liderada por Santiago Aparicio, como los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han optado por la "prudencia" en las formas y han evitado valorar públicamente el millonario tijeretazo de Vox. En las tres organizaciones, coinciden con el PP en que el asunto puede conllevar "complicaciones jurídicas" por la posible intromisión en el estatuto de autonomía de Castilla y León, y aseguran que los de Santiago Abascal no se ha puesto en contacto con ellos para concretar el alcance y la afectación real de los recortes. "No tenemos ninguna concreción", afirman.

Advierten, no obstante, de que aceptar sin más la propuesta de Vox puede tener "consecuencias" importantes para el partido de Alberto Núñez Feijóo en aras de cultivar y preservar una buena relación con el diálogo social, sobre todo si este aspira a llegar a Moncloa. El líder gallego ha inaugurado una nueva etapa en la que prioriza el entendimiento con la CEOE y las dos organizaciones sindicales mayoritarias como vía para edificar su alternativa a Sánchez. El órdago que Vox plantea en Castilla y León amenaza precisamente con ensombrecer esa estrategia.

Foto: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a la sede de Génova. (EFE/J.J. Guillén)

En cualquier caso, fuentes de la patronal cuestionan el recorrido real que puede tener el plan de acción de Vox y sugieren que el anuncio podría no ir más allá de la mera "propaganda" electoral con motivo del 19-J. CEOE, UGT y CCOO preparan una rueda conjunta para este viernes en la que responderán de forma pública a la medida, en la que tratarán de desmentir con datos que el dinero público que reciben de la Junta sea para financiar "chiringuitos", como defiende Vox. En concreto, plantean desvelar todas las partidas y acciones a las que se destinan esas subvenciones más allá de la mera representación institucional, un dinero que, recuerdan, ya está fiscalizado correctamente por el Tribunal de Cuentas.

Santiago Abascal utiliza Castilla y León como ensayo de un plan meditado para el resto de España, mientras Alberto Núñez Feijóo se esfuerza por limitar a un caso aislado su inédito acuerdo gubernamental con Vox, una alianza que ya ha dado más de un quebradero de cabeza al PP en sus semanas de vida. En la recta final de la campaña de las andaluzas, donde los populares han apostado por no dar munición al partido situado justo a su derecha, Vox ha abierto un nuevo fuego anunciando un tijeretazo millonario al diálogo social en la región, una medida que no cuenta con el aval de Alfonso Fernández Mañueco. El hachazo que plantea la formación liderada por Juan García-Gallardo contra CEOE, UGT y CCOO amenaza con abrir un cisma con el PP, decidido a frenar el impacto del plan de recortes de sus socios con puntos que, advierten, "podrían no ser legales".

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