Murcia sustenta en "criterios científicos" el pin parental por decreto y desafía a Celaá

El decreto que implementará el pin parental en todos los centros educativos de la Región de Murcia ya está en marcha. El lunes por la mañana, sin ruido mediático, el portal de transparencia de la región publicó la memoria de los cambios que se llevarán a cabo próximamente. El texto avanza que serán reformados los decretos 198/2014, 220/2015 y 221/2015 y se declara abierto el periodo de consulta pública.

Además, el Ejecutivo de la región justifica los cambios, aún no detallados en profundidad, como "un proyecto de modificación que pretende adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la neutralidad, el respecto (sic) al pluralismo y el uso de criterios científicos", reza la memoria (PDF).

Se trata de un blindaje extra al pin parental, que hasta ahora tenía la categoría de instrucción, una orden de rango menor que se imparte a los centros educativos y que tiene validez durante el año lectivo. Esta instrucción, según el gobierno de la región, está avalada por dos informes, uno jurídico y otro de la inspección educativa, pero ningún periodista ni institución educativa ha conseguido obtenerlo, pese a que se han realizado varias peticiones a través del Portal de Transparencia. Además, los sindicatos lo habían recurrido y había centros que estaban ignorando la instrucción. Subir el rango a decreto era una exigencia de Vox y Ciudadanos, socio de gobierno en Murcia, se oponía.

El Gobierno considera inconstitucional que el pin parental se implante por decreto

El decreto adelanta también que las charlas de cargos públicos quedan fuera del pin parental, una medida que ha enfrentado al Partido Popular y Ciudadanos con Vox en las últimas semanas. Los populares apostaban por excluir a los funcionarios de la decisión de los padres, como parece ser que será finalmente, pensando en agentes de la autoridad (charlas de policías sobre ciberacoso y delitos que acontecen a los jóvenes) y personal sanitario (sobre hábitos de salud) de los hospitales de la zona, mientras que Vox apostaba por que todas las charlas fueran sometidas al criterio de los padres, valorando más el contenido que quién las imparte.

Sin el apoyo de Vox ni del Gobierno

El pasado sábado un responsable de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, advirtió públicamente que este nuevo texto no había sido aprobado por su formación y que, en caso de iniciarse los trámites, el partido ultraderechista daría por roto el apoyo a los nuevos presupuestos de la región.

Sin embargo, el principal escollo al que se enfrenta el gobierno murciano es el ministerio de Educación. La ministra Isabel Celaá avisó la pasada semana que no permitirá que se blinde el pin parental por medio de un decreto y que, en ese caso, el gobierno central intervendría. "Los hijos no son una mercancía ni propiedad de nadie. Son personas y, por tanto, titulares de derechos. Los derechos son del menor y eso está no solo en nuestra Constitución y nuestras leyes, por lo tanto es doctrina legal, sino también en nuestra sociedad. Lo dice hasta el Papa", aseguró la ministra en rueda de prensa.

Murcia está a la gresca con Madrid por la intervención de Hacienda y ha decidido plantarle cara con el pin parental

Celaá, que ya había pedido al PP y Ciudadanos de Murcia "reflexionar" sobre la instrucción del pin parental, aseguró que el Ejecutivo intervendría en el caso de que fuese elevado a decreto, como finalmente ha sucedido. Es por esto que la publicación de la memoria ha pillado por sorpresa en la región. "El Gobierno de Murcia sabe perfectamente que, en el momento en el que Moncloa recurra el decreto, este decaerá provisionalmente hasta que salga la sentencia, de modo que solo podemos pensar que se está declarando la guerra a Madrid a través de una medida educativa", sostienen fuentes socialistas de la asamblea.

Estas mismas fuentes consideran que Murcia estaría "plantándole cara a Madrid" a través del frente educativo por la reciente intervención de Hacienda al Gobierno autonómico. "El Gobierno lleva tres años amonestando a Murcia por incumplimientos económicos y finalmente ha decidido tomar el control de las cuentas para pagar a los proveedores, porque éramos la comunidad que más tarde pagaba. Y, como no encontraron la manera de rebelarse contra esta medida, han decidido golpearles con el pin parental. Esto es, dos gobiernos a la gresca y, en medio de la pelea, los ciudadanos murcianos, que son los que sufren las consecuencias".