sigue la polémica con celaá

Murcia rebaja el pin parental y permite charlas de funcionarios sin permiso

El Ministerio de Educación y Formación Profesional envió al Gobierno de Murcia un requerimiento para que fuera retirada, ya que sostiene que contraviene varios decretos

Foto: Alumnos de primaria en una clase en Murcia. (EFE)
Alumnos de primaria en una clase en Murcia. (EFE)
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La consejería de Educación y Cultura modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización denominada por Vox como pin parental sea obligatoria para las actividades complementarias, pero no se requerirá en caso de charlas impartidas por funcionarios como policías, médicos o jueces. Asimismo, el silencio de los padres se considerará positivo y no negativo como hasta ahora, es decir, si un menor no entrega la autorización, asistirá a la actividad, y solo se quedará fuera si sus progenitores manifiestas expresamente que no consienten la asistencia de sus hijos.

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera del Educación, Esperanza Moreno, que ha explicado que de esa manera se da solidez a la instrucción que desde el principio de este curso ha servido para implantar en los colegios e institutos murcianos el denominado pin parental. La instrucción fue recurrida judicialmente por el sindicato de educación STERM y por la FAPA Juan González, mayoritaria en la región.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Formación Profesional envió al Gobierno de Murcia un requerimiento para que fuera retirada, ya que sostiene que contraviene los decretos de 2014 y 2015 que consideran obligatorias y evaluables las actividades complementarias.

El nuevo decreto, que se aprobará en Consejo de Gobierno sin necesidad de pasar por la Asamblea Regional, ha explicado la consejera, incluirá “algunos matices” al actual permiso parental para reducir la burocracia y facilitar a los centros educativos la labor de recabar las autorizaciones. Así, no será necesario autorizar a los menores acudir a actividades que impartan funcionarios públicos sobre asuntos relacionados con sus funciones, como policías, bomberos, guardias civiles, médicos, enfermeros o jueces.

Incluirá “algunos matices” al actual permiso parental para reducir la burocracia y facilitar a los centros educativos recabar las autorizaciones

Se ha tomado esa decisión, según Moreno, porque a los funcionarios “se les presupone una neutralidad ideológica” que están obligados a mantener en el ejercicio de sus funciones, algo que no se puede exigir a otros colectivos como miembros de asociaciones. Para modificar el decreto se abrirá en primer lugar un plazo de exposición pública en el Portal de la Transparencia y después se someterá a los informes preceptivos para, por último, aprobarse en Consejo de Gobierno, un proceso que podría demorarse, “siendo optimistas”, entre dos y tres meses. Para Moreno, esta modificación de las condiciones del veto parental “respeta el acuerdo de gobernabilidad con Vox”, aunque no ha aclarado si lo habían trasladado ya al partido de Santiago Abascal y tampoco a sus socios de Ciudadanos para conocer su opinión al respecto.

Celaá: "No son propiedad de nadie"

Por otro lado, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha reiterado este miércoles que los hijos "no son mercancías" ni "propiedad de nadie". "Lo dice hasta el Papa, los padres son custodios pero no propietarios", ha afirmado durante una entrevista en Antena 3.

"Es que los hijos no son una mercancía, las personas afortunadamente no somos mercancía, ni las mujeres son propiedad de los hombres, ni los hijos son propiedad de nadie. Son titulares de derechos", ha dicho al ser preguntada por la implantación del pin parental en la Región de Murcia, una medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo.

La ministra de Educación, Isabel Celaá. (EFE)
La ministra de Educación, Isabel Celaá. (EFE)

Celaá también se ha referido a los datos publicados este pasado martes sobre el abandono escolar temprano en España, el número de jóvenes de entre 18 a 24 años que tiene como máximo el título de enseñanza secundaria obligatoria, cuya tasa descendió seis décimas en 2019 hasta situarse en el 17,3%, una cifra que la ministra sigue considerando "muy alta".

"Tenemos que reducirla con una colaboración permanente con las comunidades autónomas. Abordaremos estrategias específicas para reducirla, pero también he de decir es la cifra más baja que hemos tenido en la historia", ha explicado Celaá. La titular de Educación ha precisado durante la entrevista que quiere tener lista su reforma educativa "en las próximas semanas" para que el proyecto inicie su trámite parlamentario.

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