El Tribunal de Cuentas avisa: los partidos deben evitar nutrirse de fondos de los cargos públicos

El PSOE ingresó en 2018 más de 48 millones de euros de fondos públicos para su funcionamiento. La mayor parte (31,6 millones) procedía de traspasos que el propio partido hacía desde los grupos parlamentarios en las Cortes, las asambleas regionales y los ayuntamientos. Se trata de cantidades que los distintos organismos conceden a los brazos institucionales de las formaciones políticas para su funcionamiento. Es decir, para pagar a los asesores parlamentarios o los folios de las impresoras que imprimen los discursos. Pero las distintas fuerzas, en mayor o menor porcentaje, acaban traspasando parte de ese dinero a las cuentas generales, y es justo así como mantienen gran parte de su sostén económico.

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización sobre las cuentas de los partidos políticos en 2018 y 2019, ha puesto el foco en este fenómeno. El 58% de los fondos que los grupos parlamentarios recibieron en 2019 acabó en la caja de los partidos políticos. En algunos, como Bildu, el PNV o Más País, el porcentaje alcanza el 100%. Por encima del 90% también están el BNG (99,5%), ERC (93,9%), el Partido Regionalista de Cantabria (91%) o Podemos (95%). No es desdeñable el 74% de Ciudadanos, que todavía en 2019 era una fuerza relevante en el tablero político antes de la debacle de las elecciones del 10 de noviembre. PP y PSOE, por su parte, están casi en la media, con un traspaso del 57% de los recursos que reciben sus grupos institucionales a las cuentas principales.

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Esta práctica puede ser, a ojos del ente fiscalizador, el resultado de la "sobrefinanciación" de los distintos grupos institucionales, según explican desde el Tribunal de Cuentas. Desde las asambleas regionales y las Cortes, llegaron a 70,81 millones en 2018 y 68,68 millones en 2019, pero hay que sumar 33,9 millones más en 2018 y 42,36 millones en 2019 que fueron transferidos desde los ayuntamientos.

Convenios de colaboración

Ante esta situación, que ya salió a la luz en 2017, el Tribunal de Cuentas propone al Gobierno que se establezca la necesidad de formalizar convenios de colaboración "que recojan los servicios que la formación política se compromete a prestar a cada grupo político". Ese documento debería recoger la valoración económica de esos servicios, así como el importe que deben aportar anualmente los grupos para compensar el coste de esos servicios. "No puede ser un convenio genérico, sino uno que especifique qué servicios se van a dar", apuntan fuentes de la entidad con sede en la calle Fuencarral de la capital. Y luego el Tribunal de Cuentas fiscalizaría el cumplimiento de esos convenios.

Ocho de cada 10 euros que ingresaron los partidos políticos en 2019 procedían del Estado

El ente fiscalizador que preside Enriqueta Chicano apuesta por "equilibrar el peso" que tienen los ingresos públicos y los ingresos privados que sirven para sustentar a los partidos. La parte que aportó el Estado pasó del 71% al 83% en 2019, aunque este crecimiento es resultado de la triple convocatoria electoral de ese año. Hubo dos generales, unas el 28 de abril y otras el 10 de noviembre. Y, de por medio, unas autonómicas y municipales que, además, coincidieron con las europeas y que fueron el 25 de mayo.

La concentración de convocatorias electorales elevó considerablemente los ingresos de las formaciones a través de subvenciones para envíos postales. Este tipo de fondos están directamente relacionados con el resultado que después logran los partidos en los comicios, por lo que fuentes del Tribunal de Cuentas advierten del peligro de confiar en exceso en estos ingresos extra. En caso de "batacazo", recuerdan desde el ente fiscalizador, se pondría en juego la supervivencia de los partidos. Esto es algo que saben bien en fuerzas como Ciudadanos, a nivel estatal, pero también en Junts per Catalunya o Adelante Andalucía, que sufren en lo financiero después de varias convocatorias electorales fallidas.

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Dentro de las fórmulas de financiación privada que el Tribunal de Cuentas analizó en 2019, hay que tener en cuenta que hay un tercio que, en realidad, también tiene origen público. Algo más de un tercio de este montante (el 35%) procedía de las aportaciones que los cargos públicos hacen a sus partidos, algunos de ellos de forma obligatoria, según establecen sus estatutos. Esto no es otra cosa que un trasvase indirecto de fondos estatales. El resto se reparten entre las cuotas de los afiliados (37%), las donaciones (11%) y otro tipo de recursos (16%).

Las infracciones sancionables

El informe solo recoge cuatro infracciones sancionables, aunque el proceso no ha finalizado y los partidos afectados todavía pueden alegar. En todos los casos tienen que ver con las donaciones. En el caso de Más País, la posible sanción responde a la aceptación de donaciones por parte de personas jurídicas. Més per Mallorca, ahora también integrado en Sumar, como el partido de Íñigo Errejón, incurre en una posible sanción por aceptar donaciones finalistas, igual que el Partit Demócrata Europeo Català y Vox. Además, los de Santiago Abascal están en el punto de mira del ente fiscalizador por aceptar donaciones no identificadas.