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El fiscal del Tribunal de Cuentas ve delito en las cuentas electorales de Podemos
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Por la contratación de Neurona

El fiscal del Tribunal de Cuentas ve delito en las cuentas electorales de Podemos

El fiscal se apoya en la información aportada por la formación que dirige Pablo Iglesias después de que arrancara la fiscalización de los gastos electorales

Foto: El fiscal del Tribunal de Cuentas ve delito en las cuentas electorales de Podemos. (EFE)
El fiscal del Tribunal de Cuentas ve delito en las cuentas electorales de Podemos. (EFE)

El fiscal del Tribunal de Cuentas ve delito en la contratación por parte de Unidas Podemos de la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril. El miembro del Ministerio Público está comprobando las cuentas electorales de la formación para determinar si en esta adjudicación se incurrió en dos posibles ilicítos: fraude electoral y falsedad en documento mercantil.

Fuentes fiscales informan a El Confidencial que la decisión de remitir la cuestión a los tribunales aún no se ha adoptado. Pero está a punto de hacerse. El fiscal se basa en un informe de fiscalización aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el día 28 de julio. Tras los apuntes que éste incluía respecto a la contratación de Neurona, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, pidió los documentos analizados para, si procediese, enviarlo a la Fiscalía competente. Las fuentes consultadas aseguran que las conclusiones de Miguel Ángel Torres se remitirán a la Fiscalía de Madrid en las próximas horas.

La 'Cadena SER' adelantaba esta mañana que la Fiscalía considera que hay indicios delictivos. En un escrito dirigido a la sección de fiscalización, asegura que en las cuentas del partido figuran gastos por operaciones ordinarias por importe total de 290.727,41 euros cuyo concepto tiene la consideración de gasto electoral", sin embargo esos gastos no son susceptibles de ser cubiertos con subvenciones electorales, indica a la vista de la información aportada por la formación de Pablo Iglesias. El informe de fiscalización, que es público, dice que aunque se reclamó al partido en distintas ocasiones "un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación" no se obtuvo con el detalle necesario. El partido remitió "un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente el 6 de mayo de 2019" y "una factura correspondiente a dicho contrato emitida el 5 de abril de 2019".

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

En su escrito, también señalaba que Neurona no estaba registrada hasta dos semanas antes de iniciar la facturación o que su objeto social no coincide con los trabajos realizados. Neurona es una empresa de comunicación política que se presenta como una de las consultoras más importantes de América Latina y España, siempre vinculada a campañas de partidos de izquierda. En 2019, percibió 363.000 euros de la formación de Pablo Iglesias por la campaña del 28 de abril, cobro que se produjo a través de una sociedad, Neurona Comunidad, creada en Carmona (Sevilla) solo días antes de las elecciones. También hizo campañas autonómicas, municipales y la del 10-N, lo que la convierte en una de las principales contratistas de Podemos junto con Facebook. Su director, César Hernández Paredes, fue diputado en México, y también participa Pabel Muñoz, un político ecuatoriano del partido de Rafael Correa.

En opinión del órgano, Podemos incurrió en más de 420.000 euros de "gastos irregulares" de cara al 28-A y, entre los de "naturaleza no electoral", se encuentran pagos a Neurona. Para acceder a las subvenciones, el partido alegó que "no se trata de un trabajo de consultoría al tener como objetivo la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos y la producción de material de carácter electoral", pero el organismo echa por tierra este razonamiento: "La elaboración de las líneas estratégicas de precampaña y campaña se consideran servicios de consultoría estratégica, esto es, trabajos de naturaleza preparatoria que no se consideran comprendidos [en las subvenciones electorales]".

El juez y Monedero

La consultora se encuentra ya investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha citado a sus administradores. El magistrado, que mantiene imputado al partido por malversación, ha ordenado una batería de diligencias destinadas a conocer el importe de los trabajos que la formación encargó a la empresa. Ha solicitado datos al Registro Mercantil Central para que le informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero, ante la sospecha de vinculación con la compañía del fundador de Podemos.

En concreto, el juez está investigando si cobró comisiones ilegales por intermediar en la contratación de agencias de comunicación, entre ellas Neurona. Monedero ocupó hasta abril de 2015 el cargo de secretario de Programa del partido, que en la práctica significaba ser el número tres de su organigrama. Abandonó el cargo tras descubrirse que en 2013 había recibido 425.000 euros de Venezuela a través de una sociedad instrumental para no declarar esos ingresos al tipo impositivo del IRPF.

Escalonilla dispone de indicios y testimonios que apuntan a que, a pesar de no ocupar un puesto en Podemos, Monedero habría formado parte en los últimos años de una estructura paralela al partido que se nutrió de contratos de la propia organización y de adjudicaciones públicas de instituciones controlados por sus dirigentes. Para el funcionamiento de esa red, contaba con la asistencia de un dirigente de su confianza llegado desde México que estaba a sueldo del partido y tenía un puesto en su departamento de Compras.

El fiscal del Tribunal de Cuentas ve delito en la contratación por parte de Unidas Podemos de la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril. El miembro del Ministerio Público está comprobando las cuentas electorales de la formación para determinar si en esta adjudicación se incurrió en dos posibles ilicítos: fraude electoral y falsedad en documento mercantil.

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