Sánchez quiere cerrar el pacto con Junts antes de fijar la fecha para la investidura

Con el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo llega el turno de Pedro Sánchez. El candidato del PP no obtuvo este miércoles la confianza del Congreso y, aunque se celebrará una nueva votación este viernes, sigue sin tener los votos suficientes. Los focos están puestos ya sobre el jefe del Ejecutivo en funciones. En la Moncloa dan por hecho que Felipe VI celebrará una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios la próxima semana, probablemente el lunes y el martes, y que Sánchez recibirá el encargo de formar Gobierno.

Superada esta liturgia, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, debe fijar una fecha para el pleno. La tradición parlamentaria dicta que se pacta antes con el aspirante a presidente. No existe un plazo, pero lo normal es que sea unos 20 o 30 días después. En este momento, el mayor límite lo establece la fecha del 27 de noviembre porque la primera votación fallida de Feijóo puso en marcha el proceso de dos meses para que haya automáticamente unas nuevas elecciones.

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Durante estas seis semanas, el candidato socialista dispone de tiempo para presentarse. Según aseguran fuentes socialistas, la intención de Sánchez es esperar y no poner día a su discurso ante el Congreso hasta confirmar que dispone de apoyos. "Cuando tengamos acuerdo, pondremos fecha para la investidura", destacan. "De momento no hay acuerdo", añaden sobre la necesidad de lograr antes el respaldo de Junts para que el presidente siga en la Moncloa.

El precedente de 2019

Esto no cambia que la pretensión de la Moncloa sea hacerlo "cuanto antes". La premura se mantiene, pero consideran que deben tener antes los votos amarrados. Sánchez apostaría así por la misma fórmula de hace cuatro años, en diciembre de 2019, cuando, ya nominado por Felipe VI, cerró el pacto de coalición con Unidas Podemos y negoció con ERC, cuya abstención era indispensable. El 11 de diciembre fue propuesto por el Rey, pero el día de la investidura no se conoció hasta el 31.

La entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocó el pleno los días 4, 5 y 7 de enero. El 30 de diciembre se hizo público el acuerdo con Pablo Iglesias y el 2 de enero trascendió el que suscribieron el PSOE y ERC. Las fechas demuestran que el candidato socialista no se sometió al dictamen de la Cámara Baja hasta que certificó que disponía de los votos.

En cualquier caso, la nominación del Rey dará fuelle a las conversaciones del PSOE con todos los posibles socios. De hecho, ya han existido algunos contactos y desde hace semanas mantienen abierto un canal de comunicación con Junts, con quienes se pretende abordar una amnistía para los delitos vinculados a los hechos del procés.

Si se cumple la previsión de la Moncloa y Felipe VI hace una nueva ronda de consultas el lunes y el martes, a partir de ese momento comenzarán las reuniones oficiales —las negociaciones verdaderas discurren en secreto— con los grupos parlamentarios. Fuentes socialistas no aclaraban este miércoles quién las encabezará, pero el precedente de 2019 arroja algo de luz sobre el procedimiento. Pedro Sánchez fue quien se entrevistó con Pablo Casado y con Inés Arrimadas, mientras que la entonces portavoz, Adriana Lastra, fue la interlocutora del resto de partidos.

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En la Moncloa y en Ferraz siguen convencidos de que pueden lograr la investidura pese a reconocer que Junts —la parte más dura de la ecuación— sigue en "posiciones de máximos". Los socialistas guardan silencio sobre la posibilidad de una amnistía. Se ha prohibido incluso pronunciar esta palabra, aunque el propio presidente en funciones ha apuntado en esa dirección.

En las conversaciones abiertas con los independentistas ha empezado a emerger la financiación y el pacto fiscal como dos asuntos también de máxima importancia, casi al mismo nivel y con idénticas dificultades de encaje que el perdón colectivo a los delitos del 1-O.