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Sánchez allana el camino a la amnistía: "La crisis política no tuvo que derivar en acción judicial"
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APELA A "PASAR PÁGINA"

Sánchez allana el camino a la amnistía: "La crisis política no tuvo que derivar en acción judicial"

El presidente del Gobierno en funciones ha defendido, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, ahondar en la desjudicialización del 'procés' para "tratar de devolver a la política lo que nunca debió de salir de la política"

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i), y el secretario general de la ONU, António Guterres (d), en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. (EFE/Moncloa Borja Puig de la Bellacasa)
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i), y el secretario general de la ONU, António Guterres (d), en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. (EFE/Moncloa Borja Puig de la Bellacasa)

Sin mencionar la amnistía, el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a dar más pasos en la desjudicialización del procés porque "una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial ni judicialización como vimos en toda esta crisis". El presidente del Gobierno en funciones, en una comparecencia ante los medios desde la Misión de España ante Naciones Unidas, preguntado sobre si mantiene que Carles Puigdemont debe responder ante la Justicia, ha manifestado que cuando el ex Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, "abrió la puerta a todas estas causas judiciales trasladé mi malestar". Entre las condiciones previas que anunció el expresident Puigdemont para pactar la investidura citó "el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra independentismo y los independentistas" porque “el 1 de octubre no fue un delito como no lo fue la declaración de independencia".

El marco en el que expresó este posicionamiento tampoco es neutral, al producirse en los márgenes de la asamblea general de la ONU. El rechazo a las causas abiertas contra los dirigentes independentistas de la que ha hecho gala Sánchez, y sobre el que invitó a acudir a la hemeroteca para justificar que no ha cambiado de posición, es un gesto de calado en plenas conversaciones con los partidos independentistas antes de entablar negociaciones formales.

Foto: El presidente de ERC, Oriol Junqueras, realiza declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Congreso este martes. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Antes del 23-J, desde el PSOE se volvió a rescatar la hipótesis de la extradición de Puigdemont. Su necesidad de volver a España para responder ante la Justicia. Tras la reforma del Código Penal pactada con ERC para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación, Sánchez incluso volteó el trasfondo del acuerdo para vincularlo al objetivo de "facilitar las extradiciones" de los dirigentes independentistas fugados, en lugar de beneficiarlos penalmente. Así lo manifestó en una réplica a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, durante un pleno del Congreso del pasado 24 de enero, para intentar desactivar sus acusaciones de que la reforma del Código Penal despenaliza los actos de 2017.

Sánchez quiso enfatizar que el PSOE ya rechazó en su día la apertura de las causas judiciales, primero, porque no había sido consultado pese a haber apoyado al PP de Mariano Rajoy con la aplicación del 155. Segundo, porque no es partícipe de "trasladar a la vía judicial un conflicto de raíz política". De ahí que haya defendido los pasos en la desjudicialización del procés y seguir en esta misma senda, cuando ERC y Junts reclaman una ley de amnistía para su investidura, para "tratar de devolver a la política lo que nunca debió de salir de la política".

Como ya hizo durante su discurso de arranque del curso político, Sánchez ha apelado a "pasar página". Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo en funciones ha querido ir delimitando algunas de las condiciones que el PSOE pondrá sobre la mesa para seguir dando pasos en esta dirección. Sobre el "debate de la unilateralidad", dijo, "que por desgracia sigue incorporando parte del independentismo", llamó la atención sobre su peso residual. Un 10% de apoyo social frente a un 90% que se muestra en contra, explicó citando el CEO catalán. En este sentido, dio a entender que la renuncia al unilateralismo que llevó al 1-O será una suerte de línea roja porque el Gobierno va a "apelar a esa mayoría para trascender" el procés. A una mayoría de catalanes, añadió, "que quieren diálogo, reencuentro, convivencia y concordia".

Al mismo tiempo que ha deslizado como condición previa para un acuerdo superar el unilateralismo, Sánchez defendió que su objetivo para gobernar los próximos cuatro años es "el progreso y la convivencia". "El método será el diálogo", tanto con los agentes sociales para profundizar en el "progreso" como con los actores "territoriales" para avanzar en el marco de la "convivencia". Todo ello, insistió, en coherencia con la política desplegada durante la última legislatura, con los indultos primero y la reforma del Código Penal después, y siempre dentro "del marco de la Constitución".

En materia de constitucionalismo buscó el cuerpo a cuerpo con el PP para negar ninguna lección. "Llevan cinco años incumpliendo la Constitución", reprochó en referencia a su negativa a un acuerdo para renovar el CGPJ. De ahí que argumentase que "si quieren ser creíbles, que la cumplan" y asuman su propuesta para que sea quien sea presidente del Gobierno cuente con el apoyo del principal partido de la oposición para renovar el órgano de gobierno de los jueces antes del 31 de diciembre.

El jefe del Ejecutivo, con un tono sereno pero mostrando determinación, avanzó que cuando reciba el encargo del jefe del Estado para intentar buscar apoyos "me voy a dedicar a cuerpo y alma a lograr una investidura de verdad". Una tarea que asoció con el mensaje de las urnas el pasado 23-J. "El PP parece que no asume el resultado electoral" que leyó como una derrota de la "propuesta derogatoria" del PP y con "los números para cuatro años más de progreso y avances en derechos sociales y convivencia".

Pedagogía frente al "España se rompe"

Pedro Sánchez, al igual que los ministros socialistas, sigue sin pronunciar la ley de amnistía, aunque sigue virando su discurso y haciendo pedagogía sobre una cuestión que antes del 23-J era una línea roja para el PSOE y una exigencia del independentismo fuera del marco constitucional. En este sentido, evitó desmentir las afirmaciones de Oriol Junqueras al asegurar que la amnistía ya formó parte del acuerdo para la Mesa del Congreso. Se trata de su interpretación del acuerdo para votar a favor de la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol. “Aquel 17 de agosto”, remarcó Junqueras en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso el pasado martes, “arrancamos a los socialistas un compromiso de acabar con la represión por todos los medios legales posibles. Y eso, sin lugar a dudas, incluye la amnistía”. Su respuesta se limitó a que cuando reciba el encargo del jefe del Estado se manifestará "con total franqueza y transparencia sobre las líneas maestras de la hipotética Administración liderada por el PSOE", avanzando que "será coherente con lo que hemos hecho".

Recuperando su tono de la pasada campaña electoral, el líder de los socialistas ha equiparado a la derecha política y mediática para criticar que "llevamos cinco años con profecías apolíticas que nunca se cumplen. Que España se rompe, que se hunde, que si la nación española se siente atacada en su esencia. Nada de eso de cumple. Al contrario, nosotros tomamos las riendas de este país en 2018, con una sociedad que estaba traumatizada por el desgarro y una crisis institucional como no se había vivido en los últimos cuarenta años, y los resultados son visibles", defendió respecto al "reencuentro" con Cataluña.

Sin mencionar la amnistía, el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a dar más pasos en la desjudicialización del procés porque "una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial ni judicialización como vimos en toda esta crisis". El presidente del Gobierno en funciones, en una comparecencia ante los medios desde la Misión de España ante Naciones Unidas, preguntado sobre si mantiene que Carles Puigdemont debe responder ante la Justicia, ha manifestado que cuando el ex Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, "abrió la puerta a todas estas causas judiciales trasladé mi malestar". Entre las condiciones previas que anunció el expresident Puigdemont para pactar la investidura citó "el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra independentismo y los independentistas" porque “el 1 de octubre no fue un delito como no lo fue la declaración de independencia".

Pedro Sánchez