Sánchez defiende ahora la reforma penal para "facilitar la extradición" de Puigdemont

Pedro Sánchez ha volteado el trasfondo del acuerdo con ERC por el que se suprimió el delito de sedición y se reformó el de malversación para vincularlo ahora al objetivo de "facilitar las extradiciones" de los dirigentes independentistas fugados, en lugar de beneficiarlos penalmente. En plena operación de distanciamiento mutuo entre ERC y el PSOE por el contexto preelectoral, el presidente del Gobierno aprovechó su réplica en el pleno del Congreso de este martes a la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, para intentar desactivar sus acusaciones de que la reforma del Código Penal despenaliza los actos de 2017.

"En lugar de traer a Puigdemont, le rebaja las penas", le había recriminado la dirigente de los populares. Sánchez, por su parte, defendió que la "homologación de nuestra legislación" a nivel europeo "elimina las trabas ante otros países para las euroórdenes" y así poder juzgar en España a huidos de la Justicia, como sería el caso del expresident.

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Un argumentario que vienen defendiendo ya otros miembros del Gobierno durante los últimos días. Condicionados principalmente por el desgaste electoral de la reforma penal que reflejan todas las encuestas, incluidas las de Ferraz, que dan cuenta del efecto desmovilizador entre sus propios votantes, desde la parte socialista del Gobierno han endurecido su discurso. Se ha pasado así a defender que en ningún caso su objetivo era "despenalizar" los hechos del procés, ni tampoco abrir la puerta a la vía electoral para los dirigentes republicanos, sino que incluso buscaban facilitar la extradición de Puigdemont.

En esta línea, el presidente del Gobierno también ha respondido a los diputados independentistas que "el procés, tal y como se conoció, ha acabado". Una reflexión que también vienen enunciando desde la Moncloa para trasladar el mensaje de que su política de diálogo ha tenido réditos en la pacificación y la convivencia en este territorio. El propio Sánchez ha justificado esta afirmación por la división dentro del independentismo y porque ni hay unilateralidad ni confrontación. Los tres condicionantes que señaló para dar por muerto el procés, que no el movimiento independentista.

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Más allá de situarse a la defensiva por esta polémica reforma, el jefe del Ejecutivo ha tratado de llevar al PP al terreno de la confrontación ideológica. Lo ha hecho contraponiendo modelos en lo social y lo económico. El grueso de su intervención inicial se centró en contraponer el modelo socialdemócrata para capear la actual crisis derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania, "protegiendo a las mayorías sociales", frente al "neoliberal" para responder a la anterior crisis financiera de 2018, "protegiendo a las minorías privilegiadas".

Una dicotomía que trató de sustentar contraponiendo datos e indicadores de ambas crisis para retratar un escenario de recortes en el estado de bienestar y recesión económica, que busca proyectar en un hipotético Gobierno popular, frente a un escenario "comprometido con la justicia social". Un relato triunfalista que no solo desde el PP y la bancada de la derecha trataron de desmontar, sino que también rebajaron sus socios parlamentarios e, incluso, de coalición.

Advertencias de los socios

Si desde Unidas Podemos su portavoz, Pablo Echenique, reclamó la necesidad de ir más allá para frenar la subida de la cesta de la compra, reclamando que se topen los precios de los alimentos, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tildó las medidas del Ejecutivo directamente de "rácanas" y "limitadas". El líder de los republicanos en el Congreso, cuyo grupo ya mandó una señal de advertencia unas horas antes absteniéndose en la convalidación del decreto anticrisis, advirtió de que si algo sacará a Sánchez de la Moncloa tras las próximas elecciones generales, será su "exceso de prudencia en lo social" para "paliar lo dura que se está poniendo la vida para la gente".

Medidas "temporales e insuficientes", resumió la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien también puso distancias con el segundo paquete de la reforma de las pensiones. Una medida pactada con Bruselas para antes de finalizar 2022, dentro de los planes de recuperación, y de la que depende el próximo desembolso de los fondos. El distanciamiento de los socios, por tanto, deja en el aire algunas de las reformas pendientes del plan de recuperación más impopulares en lo que resta de legislatura. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también dejó caer la posibilidad de un frenazo legislativo por el contexto preelectoral, al reprochar a Sánchez que ya tiene la vista puesta en la próxima legislatura.

Pese a las advertencias de propios y extraños, Sánchez puso de relieve sus "batallas ganadas" en Bruselas para neutralizar las críticas de los populares y legitimar su política doméstica. En materia energética, principalmente, pero también en política fiscal. El respaldo en Bruselas a algunas de sus propuestas, con la excepción ibérica para topar el precio del gas o el impuesto a las energéticas para tasar sus beneficios extraordinarios como principales banderas, se utiliza así como antídoto para tratar de invalidar las críticas de la oposición en casa o las alertas en política fiscal de organismos económicos independientes. El objetivo, contraponer manuales de gestión de crisis con el PP.

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La confrontación entre las recetas socialdemócratas y las neoliberales forma ya parte del argumentario habitual del jefe del Ejecutivo, y se busca intensificarla de cara a la precampaña. Como señalaban fuentes de la Moncloa este martes, se busca poner sobre la mesa las "decisiones útiles" frente a una oposición "sin proyecto" y que consideran que lo apuesta todo al ruido y "catastrofismo". Todo ello, buscando etiquetar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como un candidato sin solvencia, falto de moderación y liderazgo.

Junqueras solicita la absolución

Por su parte, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC) ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de sedición y malversación en el procés, de acuerdo con el "consenso político" que ha dado pie a la reforma del Código Penal, y se opone a que se sustituyan por el de desórdenes públicos. Los abogados de Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado este martes sus escritos ante el Tribunal Supremo, que debe revisar la sentencia que les condenó a penas de hasta 13 años de cárcel a la luz de las reformas legales impulsadas por el Gobierno.

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Los cuatro líderes salieron de prisión después de que el Gobierno les indultara parcialmente la condena de cárcel, pero tras la reforma legal piden que se les revoquen todas las penas impuestas en sentencia, incluidas las de inhabilitación, que en el caso de Junqueras no se liquidarán hasta el año 2030.

En sus escritos, los letrados Andreu van den Eynde y Olga Arderiu sostienen que debe revocarse la condena por sedición, porque la "voluntad" del legislador ha sido derogar ese delito para equiparar el Código Penal español con los estándares europeos.