PNV y Puigdemont se ofrecen como socios clave de Sánchez frente a ERC y Bildu

La reunión del PNV ayer en Waterloo con Carles Puigdemont dibuja un movimiento profundo en la política nacional con afectación directa a la investidura de Pedro Sánchez. Los nacionalistas vascos deseaban recuperar la relación histórica con Junts, con quienes rompieron abruptamente en 2017, tras la declaración de independencia unilateral y la fuga del dirigente catalán, que nunca compartieron. El objetivo final: trabajar para la rehabilitación política de la vieja Convergència, su socio tradicional, y ofrecer en el Congreso un eje nacionalista de centro-derecha alternativo al frente de izquierdas que conforman ERC y Bildu, y que tanto brilló en la anterior legislatura con el patrocinio de Pablo Iglesias (Podemos).

Este movimiento abriría una enorme oportunidad al PSOE si es que se confirmara que Junts se decanta por la vía más posibilista y volverá a participar plenamente en la vida parlamentaria, algo que debe autorizar Puigdemont. De igual manera, destierra cualquier atisbo de entendimiento con el PP, por más que en Génova se confíe en tender puentes con estas dos formaciones de modo que, aunque ahora no sea posible, sí podrían contar con su voto para una futura moción de censura a Sánchez, a medio plazo. Pero los nacionalistas le ven muchas más ventajas a otra legislatura socialista. En ello están. Y, sobre todo, es de vital importancia para el PNV, partido que en la última legislatura se ha visto relegado por el protagonismo político de su gran rival, Bildu, y que se juega el liderazgo vasco en los próximos meses que distan de los comicios autonómicos, previstos para la primavera. Otegi acecha a Urkullu.

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Oficialmente, el encuentro le sirvió al PNV y Junts para "estrechar las relaciones" y analizar juntos el endiablado tablero político tras las elecciones generales del 23 de julio. Andoni Ortuzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco, viajó con su mano derecha y cerebro gris de Sabin Etxea, Joseba Aurrekoetxea, hasta Bruselas. Fueron dos horas de reunión y sesión de fotos que transmitieron por sus canales oficiales con gran trompetería. En las últimas elecciones catalanas, el PNV hizo campaña a favor del PDeCAT frente a Junts, convertido en su antagónico.

Pero ahora los dos partidos se autoasignan un "papel clave" para la gobernabilidad, dada la aritmética, y han querido exhibir un gesto de fuerza en la inminente negociación para la investidura del candidato socialista. Entre ambos suman doce escaños —cinco de los vascos y siete de los independentistas catalanes— frente a los trece de ERC (7) y Bildu (6). En realidad, todos serán necesarios para sacar adelante la legislatura y obligarán a Sánchez a un juego de equilibrismo imposible para dar forma a las leyes.

El PNV rema para que Junts se suba a su barco y vuelva a la política real con el fin de evitar a toda costa un escenario de repetición electoral. Los nacionalistas vascos avalan el marco de negociación: despenalizar el procés, incluida la amnistía. Necesitan legitimar al político de Waterloo, para lo cual ayer solemnizaron que es el "presidente en el exilio" de Cataluña, un pronunciamiento proscrito hasta hace poco en Sabin Etxea. Atrás quedan los años de ostracismo al que le sometieron a Puigdemont, al que consideraban que había emprendido una huida "suicida".

El acercamiento de Puigdemont hacia el PNV no está exento de riesgos, ya que el independentismo puede verlo como una 'traición'

Por la otra parte, el acercamiento de Puigdemont hacia el PNV no está exento de riesgos, ya que el independentismo más inflamado puede verlo como una traición a la vía unilateral y el mandato del 1-O. El lendakari Iñigo Urkullu medió entre Puigdemont y el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar el 155 tras la DUI de 2017, pero fracasó. Y los más radicales no se fían de que Puigdemont pueda traicionarles y optar por la vía posibilista. Hace un mes, el PNV ya intervino para facilitar el nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, aseguró que ellos hicieron el contacto entre el PSOE y Junts, hasta entonces inexistente.

El deshielo del PNV con Junts favorece, lógicamente, a los intereses de Pedro Sánchez para ganar su investidura. Desde Sabin Etxea ven civilizable a Puigdemont. Es decir, creen que aunque ahora está en una posición de máximos —exige una ley de amnistía previa a la investidura y un referéndum de autodeterminación, además de un relator internacional—, acabarán por llegar a un acuerdo razonable para que haya nuevo Gobierno socialista. "Su precio es alto, y además lo tienen que hacer notar", señalan desde Sabin Etxea. Pero se declaran optimistas. Les va mucho en ello.

Renuncia a la unilateralidad

Mientras tanto, el PSOE ha trasladado a sus interlocutores de JxCAT los "límites" en los que buscan enmarcar las negociaciones para la posible investidura de Pedro Sánchez. El principal de ellos tiene que ver con el abandono de la vía unilateral por parte de los independentistas. La renuncia a repetir otro 1-O. "Superar" los acontecimientos que rodearon el referéndum ilegal y garantizar con ello la "normalización institucional", según defienden desde el Gobierno.

Un ministro socialista matiza que no se trata de pedir que estos partidos y sus dirigentes renuncien a su ideología independentista, pero sí garantías de no volver a buscar sus objetivos, políticamente legítimos, dicen, fuera del marco constitucional. Una contrapartida para justificar un alivio penal como un pacto por la "convivencia". De ahí que fuentes de la Moncloa subrayen que "hay cuestiones previas que son importantes" antes de abordar una negociación sobre la amnistía, además del "contenido".

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Para los socialistas sigue siendo una línea roja el referéndum de autodeterminación, aunque están dispuestos a sentarse a dialogar para buscar salidas al "conflicto político", como durante la pasada legislatura dentro de la mesa de diálogo. El propio Carles Puigdemont evitó situar el referéndum de autodeterminación como una condición previa para dar su necesario apoyo a Pedro Sánchez. Sin embargo, ha reiterado que su partido "mantiene la legitimidad del 1 de Octubre y no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos". Este es uno de los puntos de mayor fricción. Unas posiciones de "máximos", según los negociadores socialistas, que esperan ver rebajados para poder alcanzar un acuerdo.

El PNV, en su estrategia de recomponer puentes con Junts, empuja en una dirección similar a los posconvergentes. El Euzkadi Buru Batzar congeló sus relaciones históricas con este espacio tras la declaración unilateral de independencia de 2017 y la fallida mediación del lendakari Iñigo Urkullu con Puigdemont para evitar este escenario y la suspensión de la autonomía catalana por vía del 155 de la Constitución. Ahora, en el contexto de la investidura y los pasos de Puigdemont abriéndose a negociar, se han retomado los contactos en aras de volver a normalizar sus relaciones e intercambiar posiciones sobre las negociaciones para la investidura con el PSOE.

La reunión del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el expresident Carles Puigdemont, en Waterloo este viernes, refleja que Junts puede dejar de priorizar la unilateralidad. Al encuentro, además, solo asistió por parte de Junts su secretario general, Jordi Turull. Este último representa al sector considerado más pragmático frente al rupturista con el que se identifica la presidenta del partido, Laura Borrás, que aparece ahora fuera de juego.

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En el caso de ERC ya se ha dado el paso de abandonar la unilateralidad. Sus posiciones de máximos pasan por explorar un referéndum "pactado", a través de un Acuerdo de Claridad que establezca un nuevo marco legal para la realización de la consulta. No es la opción del PSOE y, en todo caso, los republicanos tampoco condicionan las negociaciones de investidura a un compromiso que los socialistas rechazan de antemano. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, matizaba este viernes durante una conferencia en la CEOE sobre la propuesta estratégica de la Presidencia española de la UE que buscará construir un gobierno estable y "coherente con la letra y espíritu de la Constitución".

El PSOE mantiene intacta su determinación a buscar el apoyo del bloque soberanista para la investidura, si bien reconocen que no a cualquier precio. La unilateralidad no casa con el marco del "diálogo" para "continuar la senda de la convivencia". Tampoco con una amnistía si esta se basa en "pasar página" y evitar la repetición de "errores", como ya abogó Sánchez en su discurso de arranque del curso político.

La existencia de un verificador de los acuerdos choca con la apuesta por la discreción de los socialistas y tampoco suena bien en Sumar

Otra de las condiciones de Puigdemont difícilmente asumibles por el PSOE tiene que ver con la figura del relator. El expresident se ha referido a la creación de "un mecanismo de mediación y verificación", sin especificar si se trataba de un relator internacional como demandaron en el pasado. La existencia de un verificador de los acuerdos, similar a la que ya abocó a la repetición electoral de 2019, como ha reclamado Puigdemont, choca con la apuesta por la discreción de los socialistas y tampoco suena bien en Sumar. Por otra parte, pone en riesgo el objetivo de Sánchez de formar un gobierno "estable". La intención de dejar la negociación de un referéndum para una vez que arrancase la legislatura, en caso de que saliese adelante la investidura, es una de las posiciones por las que los socialistas ya no descartan el escenario de una repetición electoral.

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, era la encargada de transmitir tras la última ejecutiva un cierto repliegue de su partido de cara a las negociaciones. En plena Diada, lanzó el mensaje de que sus interlocutores "saben lo que el PSOE opina de determinadas cuestiones" y también "conocen perfectamente los límites" que tiene su partido. Con todo, minimizó que Pere Aragonès recuperase la demanda de un referéndum pactado, al encuadrarla en la retórica típica de la Diada.

Presiones internas y externas

Con una de cal y una de arena, los socialistas han dejado de negar el escenario de una repetición electoral. Un movimiento en la partida de mus de las negociaciones que se sitúa entre la amenaza de órdago y el cálculo de costes y beneficios. Para no partir de una posición de debilidad en las negociaciones. Tanto en Ferraz como en la Moncloa asumen la posibilidad de volver a las urnas, aun fijando el relato de que trabajarán para evitarlo. En este contexto, mantienen que las cartas de sus interlocutores no son tan buenas como dicen, al pasar de un total de 23 escaños a solo 14. Un retroceso en las urnas que ven "coherente" con la menor capacidad de movilización en calle. "Su posición para negociar es menos fuerte", concluía esta semana un ministro socialista.

En Ferraz tratan de minimizar y desactivar las críticas de exdirigentes socialistas y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a la negociación de una ley de amnistía. Presiones con amplio eco mediático y ascendencia en los militantes que se suman a la estrategia del PP de buscar la división en las filas socialistas. Los populares ya han convocado un acto para el próximo domingo, previa al intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, con el foco puesto en la amnistía. Societat Civil Catalana ha organizado también una manifestación en Barcelona para el próximo 8 de octubre sobre la que el exdirigente socialista Alfonso Guerra se ha mostrado a favor y confiado en su éxito de convocatoria. Aunque se defiende que estas presiones no modifican la hoja de ruta del PSOE, la ejecutiva del partido lanzó un mensaje con la expulsión del exdirigente de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terrero.

Su suspensión de militancia por "menosprecio a las siglas" es un golpe en la mesa para reclamar mayor lealtad y unidad en un momento que tildan de crucial para la reedición de un Gobierno progresista. La decisión ha agitado más a las voces críticas, con el propio Felipe González reivindicándose como alguien "libre" y "controvertido". Respecto a la expulsión, afeó que "Nicolás Redondo padre [el que fuera histórico líder de UGT] convocó una huelga general siendo parlamentario y nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión". Fuentes de la dirección del partido afean que el ruido en este contexto y determinadas declaraciones públicas sirvan para "hacerle el juego al PP" en un momento que consideran crucial para la reedición de un gobierno progresista.