Moncloa aleja una ley de amnistía antes de la investidura y ya no teme repetir elecciones

Ferraz y la Moncloa han comenzado a marcar sus límites en las negociaciones con el independentismo para la posible investidura de Pedro Sánchez. Tras recibir impasibles las condiciones puestas sobre la mesa por el expresident Carles Puigdemont o, incluso, celebrar en privado que habría "rebajado el tono", los negociadores del Gobierno hablan ya de "posiciones inasumibles" en algunas declaraciones públicas de sus interlocutores. Se refieren a la necesidad de que tanto JxCAT como ERC abandonen sus reivindicaciones de "máximos", a nivel de contenidos, y que no fijen un marco temporal para la ley de amnistía. Si en el partido de Puigdemont exigen que la norma esté lista antes de la investidura de Sánchez, distintas fuentes cercanas a los negociadores del Gobierno coinciden en alejarla. "No es tan fácil. Para nosotros hay cosas mucho más importantes. Más importante que el calendario es el contenido", subrayan fuentes de la Moncloa. La seguridad jurídica y las prisas no casan.

El Gobierno reconoce contactos para ir un paso más allá en la "desjudicialización" del procés y su intención de "tener andada toda la parte que se pueda" antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, no ven margen temporal para materializarlo de forma correcta. Su intención pasa por ser exquisitos en la técnica jurídica y evitar un revolcón por parte del poder judicial. La reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación ya no tuvo el efecto esperado por el Gobierno y los independentistas para aliviar las penas de los encausados por el procés. Las demandas de los independentistas catalanes y la disposición del Ejecutivo a buscar su apoyo han vuelto a tensar las relaciones entre la judicatura y el Gobierno. En la apertura del año judicial, quedó patente el malestar ante la posible aprobación de una ley de amnistía. A ello se suman las presiones de la vieja guardia del PSOE, encabezada por Felipe González, que advierte sobre la inconstitucionalidad de una ley de amnistía.

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Las dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía obligan al Ejecutivo a afinar los "contenidos", sin aclarar ni siquiera si el alivio penal sería una ley de amnistía u otras fórmulas que también están sobre la mesa. La máxima es el marco constitucional y se están estudiando los "alcances" de la Carta Magna para su encaje. Asimismo, a través de derecho comparado se están analizando las amnistías aprobadas en otros países para reforzar la redacción. La prioridad es que el texto tenga todas las garantías, más allá de los tiempos para su aprobación.

La desconfianza entre las dos partes de la negociación es mutua y para el primer acuerdo de la Mesa del Congreso JxCAT ya reclamó un compromiso previo para dar su voto a favor de la candidata del PSOE. El Gobierno, a través del ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, remitió entonces una carta a la presidencia del Consejo de la UE proponiendo una modificación de su reglamento para incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. Fuentes del Gobierno alejan la posibilidad de que pueda repetirse esta metodología, al entender que no tendrían tiempo para elaborar el texto de una norma de tal calado y registrarlo antes de la investidura de Pedro Sánchez.

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Desde Sumar, su negociador, Jaume Asens, también ha pasado de afirmar que "es posible" aprobar una ley de amnistía antes de la investidura a reconocer que "es forzar mucho la máquina". Con cierto paternalismo, fuentes de la cúpula de Ferraz explican que en el partido de Yolanda Díaz "se dan cuenta de que ciertas cuestiones no son tan fáciles". Además, señalan que en su caso "hay cuestiones previas que son importantes". Esto es, la rebaja de las posiciones que consideran maximalistas, entre las que se encuentra "el cumplimiento de los compromisos por adelantado".

En su discurso para encuadrar la estrategia negociadora de JxCAT, Puigdemont propuso la alternativa de un mecanismo de mediación y verificación cuando el cumplimiento por adelantado no pueda "aplicarse a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución". La existencia de un verificador de los acuerdos, similar a la que ya abocó a la repetición electoral de 2019, como ha reclamado Puigdemont, choca con la apuesta por la discreción de los socialistas y tampoco suena bien en Sumar.

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En la reunión de la ejecutiva socialista celebrada este lunes, a la que no acudió presencialmente el presidente del Gobierno por haber dado positivo en covid, se constató un ligero viraje del PSOE a la hora de situar sus propios límites en la negociación. "Tienen que cambiar de actitud. Están en posiciones de máximos", aseguraba un miembro de la cúpula del partido tras el encuentro. Estas mismas fuentes transmitían un mayor celo sobre su optimismo de que fructifiquen las negociaciones. "Primero tenemos que constatar si quieren negociar. Aparentemente, todo el mundo dice que negociar sí, pero tenemos que ver su disposición", concluía.

"El antecedente de 2019"

Esta rebaja de las expectativas se complementa con el hecho de que la posibilidad de la repetición electoral ya no es anatema en la dirección del partido. Su intención es "evitarla como podamos", pero constatando como plausible que no haya acuerdo, si los independentistas no varían su posición, y los ciudadanos tengan que volver a las urnas. De hecho, estas mismas fuentes de la dirección del partido recuerdan el "antecedente de 2019", cuando se produjo una repetición electoral por su falta de entendimiento con Unidas Podemos para cerrar un acuerdo de coalición. El resultado, añaden, es que "se votó igual" y los resultados no variaron la aritmética.

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La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, transmitía en público cierto repliegue en las negociaciones al trasladar a sus interlocutores que "saben lo que el PSOE opina de determinadas cuestiones" y también "conocen perfectamente los límites" que tiene su partido. El referéndum de autodeterminación sigue siendo una línea roja, por lo que en rueda de prensa desde Ferraz tras la celebración de la ejecutiva, Montero minimizaba la petición de Pere Aragonès en este sentido, al encuadrarla en la retórica típica de la Diada. Una jornada en la que, argumentó, "se intensifican más los símbolos e iconos y, por eso, este tipo de declaraciones".

Para el abandono de las posiciones de máximos por parte de los independentistas, en el PSOE creen que les facilitaría las cosas el no depender del voto favorable de los siete diputados de JxCAT, sino solo su abstención. Para ello, cuentan con la vía de atraer a Coalición Canaria al bloque favorable a Sánchez o recuperar el diputado perdido en Madrid si el Tribunal Constitucional accede a su demanda de recontar el voto nulo y recuperar con ello los 1.341 votos de diferencia que les hicieron perder este representante tras el conteo del voto CERA. Esta segunda vía se antoja cada vez más complicada por el rechazo de la ponente del TC a revisar el voto nulo. La Fiscalía informó también este lunes en contra de estimar la solicitud de los socialistas.

Sobre la vía canaria, los socialistas confían en que desde el partido se negociaría sin vetos a otros potenciales socios para centrarse en sus demandas históricas, a pesar de su acuerdo para apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo y de gobernar en coalición con el PP. "Para ellos, la agenda canaria es lo único relevante", constataban fuentes de la Moncloa hace unos días. En esta línea, un ministro socialista vaticinaba que "pueden apoyar si hay agenda canaria". Tanto desde el PSOE como desde Coalición Canaria, niegan que en estos momentos haya negociaciones, pero se abren a explorar esta vía si Feijóo fracasa en su intento de investidura. El voto del partido canario serviría así a Sánchez para abaratar el precio de JxCAT.