La inviolabilidad del Rey abrirá otro frente a Sánchez con sus socios de legislatura

Felipe VI volverá al centro político tras la previsible investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que arranca este mediodía en el Congreso. El monarca tendrá que convocar una nueva ronda de consultas con los partidos y proponer a Pedro Sánchez, que espera someterse a la confianza de la Cámara a mediados de octubre. El socialista deberá haber cerrado para entonces los acuerdos que garanticen el sí de Junts, PNV, ERC y Bildu. Ahora la negociación está centrada en los términos de la amnistía que exige Carles Puigdemont para dar luz verde a una nueva presidencia de Sánchez, y que según los republicanos está pactada, a falta de detalles técnicos. Pero los nacionalistas vascos pondrán también un alto precio a sus cinco votos. Entre las reivindicaciones históricas de la formación, se encuentra revisar la inviolabilidad del Rey, que estará en la agenda de exigencias para la legislatura. Desde el PSOE, admiten que es “un tema no resuelto” y que volverá al campo de batalla político con el inminente aniversario del discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal.

La relación de los socios con la Corona será un frente complicado para Sánchez. El partido de Yolanda Díaz respalda eliminar “privilegios” de Felipe VI y para los independentistas catalanes es una de sus bestias negras. ERC y Junts quieren que “pida perdón” por “avalar la violencia” de las Fuerzas de Seguridad. El diputado Gabriel Rufián llegó a leer una declaración conjunta con Junts, Bildu, PNV y BNG bajo el lema: “No tenemos rey”. La nueva aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del 23-J, que ahondó en la dependencia de Sánchez de los socios del Frankenstein, coloca al Gobierno en una posición “incómoda” frente a la jefatura del Estado. La primera prueba está en la jura de la Constitución de la princesa Leonor, el 31 de octubre, donde se espera un plantón de los soberanistas en el Congreso, como informó El Confidencial.

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Hasta el momento, el PSOE se ha unido al PP para frenar en la Mesa de la Cámara Baja las iniciativas de los de Aitor Esteban, que pedían limitar la “irresponsabilidad” del Rey a los actos institucionales. Los vascos ya llevaron una batería de propuestas, entre las que también se encontraban otras exigencias recurrentes como la reforma de la ley de secretos oficiales o modificar el funcionamiento del CNI. Los socialistas se han agarrado al dictamen de los letrados de la Cámara, que ya en 2022 argumentaron que el texto del PNV “invadía” la Constitución, que en su artículo 56.3 establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Al estar recogido en la Carta Magna no podía retocarse mediante una proposición de ley, según concluía el escrito.

La coartada es fácilmente desmontable, dado que el Gobierno de Sánchez negoció en 2021 y 2022 con el PP el desarrollo de una Ley de la Corona y se puso sobre la mesa modificar el cambio en el estatus del monarca sin necesidad de tocar la Constitución. Hubo reuniones entre Zarzuela y los emisarios de la Moncloa y el PP. Por parte del Ejecutivo las encabezó en un primer momento la vicepresidenta Carmen Calvo, hasta su salida del Consejo de Ministros. A partir de ese momento la relación con la Casa Real la asumió Félix Bolaños. En el caso de los populares, el entonces líder, Pablo Casado, designó a Manuel Pizarro como interlocutor. No hubo acuerdo. Zarzuela y el principal partido de la oposición se opusieron a abordar la inviolabilidad.

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Tradicionalmente, el PSOE ha buscado al PP para abordar asuntos referentes a la jefatura de Estado, pero la norma se rompió con el exilio del emérito a Abu Dabi, que no se comunicó a los populares. Aunque siempre se tendrá en cuenta a Zarzuela, puntualizan fuentes socialistas, Sánchez estaría dispuesto a abrir el debate sobre la exigencia de vascos y catalanes para que Felipe VI pase de ser inviolable a estar aforado ante el Tribunal Supremo, como ocurre con los políticos. La Moncloa siempre lo podría enmarcar dentro de los pasos que la Casa del Rey ha ido dando en aras de una mayor transparencia de la institución.

El PSOE ya apoyó en el Congreso el año pasado una iniciativa de los socios para despenalizar las injurias a la Corona mediante la modificación de varios artículos del Código Penal, entre ellos el 490.3, que plantea penas de prisión de seis meses a dos años en los casos graves, así como multas de seis a 12 meses para los delitos leves.

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Desde el punto de vista jurídico, hay debate sobre si es indispensable o no reformar la Carta Magna. Expertos como el constitucionalista Francesc de Carreras han defendido una “inviolabilidad parcial” y no total, para que el Rey tenga que responder ante la Justicia de sus actos privados. No sería necesario llevar a cabo una reforma de la Carta Magna, ya que serviría, como también defiende el PNV, con una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir al monarca junto a los otros aforamientos de la familia real. En estos momentos, son aforados la reina Letizia, la princesa de Asturias y don Juan Carlos y doña Sofía tras su abdicación.

Los letrados del Congreso que han venido rechazando cambios en la “irresponsabilidad” del Rey son los mismos que tacharon de “inconstitucional”, en un informe en 2021, la amnistía que hoy Sánchez negocia con Junts a cambio de sus siete votos para repetir como presidente. Si finalmente la medida de gracia a los independentistas sale adelante, tendrá que ser refrendada por el monarca.