Los partidos soberanistas plantarán a la princesa Leonor en su juramento ante el Congreso

Los partidos del bloque nacionalista e independentista, con los que aspira a pactar su investidura Pedro Sánchez, se ausentarán del pleno extraordinario en el que la princesa Leonor realizará su juramento de acatamiento a la Constitución al cumplir 18 años. Así lo confirman fuentes parlamentarias de ERC, Junts, EH Bildu y BNG. Mientras que el PNV todavía no ha tomado una decisión. La heredera alcanzará su mayoría de edad el próximo 31 de octubre y este es el día señalado por el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas vascos, sin embargo, priorizan una política de respeto institucional con la Casa Real y sus representantes participan con normalidad en actos protocolarios de la Corona. Su portavoz en la Cámara Baja, Aitor Esteban, asiste también a la ronda de consultas con el Rey, a diferencia de los soberanistas catalanes, Bildu y la formación gallega.

El único representante de los republicanos catalanes durante el juramento de acatamiento de la Constitución de Felipe VI, el 30 de enero de 1986, ya se ausentó del acto. Entonces, el diputado Francesc Vicens alegó el "mero carácter protocolario" del acto, como recogen las crónicas de la época. Desde el grupo recuerdan que "nunca participamos en actos presididos por la Casa Real". Tampoco será una sorpresa la ausencia de los seis representantes de EH Bildu. Los cinco diputados de Podemos, en principio, acatarán en principio lo que decida Sumar. IU tampoco se ha planteado aún qué hacer.

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En 1986, bajo la marca Herri Batasuna, los abertzales radicales contaban con dos diputados en el Congreso, pero por entonces no participaban de ninguna actividad parlamentaria. Quienes sí acudieron al juramento del ahora jefe del Estado fueron los presidentes autonómicos de Cataluña y Euskadi, Jordi Pujol y José Antonio Ardanza, respectivamente. Tanto el líder de CIU como el lendakari ocuparon un lugar preferente durante la ceremonia.

Si desde los partidos soberanistas argumentan que su plantón a la Casa Real no puede conllevar ninguna sorpresa, pese a tratarse de un acto establecido por la Constitución, su ausencia en el actual contexto añade presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez al fiar su reelección a un pacto con todos ellos. Un acuerdo que además argumenta bajo la premisa de avanzar en la "normalización institucional". Igualmente, su ausencia deja en una situación compleja a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ya fue elegida gracias al apoyo de los partidos del bloque nacionalista e independentista.

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Casa Real, Gobierno y Congreso ya han comenzado a coordinarse para preparar la ceremonia de juramento, confirmada ya para el próximo 31 de octubre. Esté o no constituido el nuevo Ejecutivo. La Constitución establece en su artículo 61: "El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey".

Con base en ello, Luis María Cazorla Prieto, primer secretario general del Congreso, letrado de Cortes y abogado del Estado, ha defendido que "la sede del Congreso de los Diputados debe ser el lugar de celebración de tal sesión, que deberá desarrollarse el día en el que la hoy Princesa heredera alcance los dieciocho años". Así lo manifestó en su discurso de apertura del curso 2021-2022 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: "El juramento que se preste es único con la doble vertiente exigida constitucionalmente. Las dos partes de la relación que se trabará con el juramento analizado la ocupan la Princesa heredera, que emite un acto personalísimo, y las Cortes Generales o sesión conjunta de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, que son sus receptores. El Rey y los presidentes del Congreso de los Diputados y del Gobierno quedan al margen, por lo que el refrendo no puede entrar en juego".

En el Gobierno evitan poner fecha a la posible investidura de Pedro Sánchez, pues las negociaciones formales para recabar apoyos no se iniciarán hasta que fracase el intento de Alberto Núñez Feijóo y el jefe del Estado le haga el encargo tras su ronda de consultas. Con todo, la intención es que su investidura pueda producirse antes del 31 de octubre en el que la princesa Leonor realizaría su juramento de acatamiento a la Constitución. Tanto en Ferraz como en la Moncloa se reconocen contactos para ir un paso más allá en la "desjudicialización" del procés y su intención de "tener andada toda la parte que se pueda" antes de la investidura del líder del PP.

Plazos para la investidura

En el equipo del presidente del Gobierno evitan poner plazos para su investidura si fracasa la de Alberto Núñez Feijóo, aduciendo que dependerá de la marcha de estas negociaciones. De cómo de maduradas estén. Sin embargo, tras acusar a Feijóo de dilatar su investidura y "hacer perder el tiempo a los españoles", se inclinan por que no se vaya más allá de la semana del 16 de octubre. Los potenciales socios de investidura no descartan nada. Tampoco que el jefe de Estado opte por dar más tiempo a las negociaciones si no están claros los apoyos a Pedro Sánchez tras la ronda de consultas.

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El jefe del Ejecutivo en funciones dio un paso decidido el pasado miércoles al trasladar públicamente a los partidos independentistas, con acuse de recibo a Carles Puigdemont, que está dispuesto a ir más allá en la desjudicialización del procés. Su argumento expresado durante una comparecencia ante los medios desde Nueva York tras la Asamblea General de la ONU, fue que "una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial ni en una judicialización, como vimos en toda esta crisis". Aunque no mencionó directamente la amnistía, dejó claro su viraje al defender esta posición cuando fue preguntado sobre si mantenía, como antes de las elecciones, que Puigdemont debería responder ante la Justicia.

El Gobierno ha movido ficha. "Hemos llegado hasta donde se puede llegar ahora", aseguraba una ministra socialista del núcleo de confianza de Sánchez en referencia a sus declaraciones. Ahora, es el turno del independentismo y en el PSOE piden que para continuar esta senda rebaje posiciones de máximos. La renuncia a la vía unilateral para no repetir otro 1-O.

La fecha de la investidura dependerá también de que Junts renuncie o no a que una ley de amnistía deba estar registrada antes de dar su apoyo. En la Moncloa se refieren a la necesidad de que tanto JxCAT como ERC abandonen sus reivindicaciones de "máximos", a nivel de contenidos, y que no fijen un marco temporal para la ley de amnistía. En el partido de Puigdemont exigen que la norma esté lista antes de la investidura de Sánchez, distintas fuentes cercanas a los negociadores del Gobierno coinciden en alejarla. "No es tan fácil. Para nosotros hay cosas mucho más importantes. Más importante que el calendario es el contenido", subrayaban ya hace unos días fuentes de la Moncloa.