El Gobierno reconoce alivio y aplaude que Juan Carlos I fije su residencia en Abu Dabi

El Gobierno de Pedro Sánchez ya había dejado claro que la decisión del Rey emérito de volver a España no era cosa suya, sino de la Casa Real. Depositaba así el peso de la vuelta de Juan Carlos I en su hijo, Felipe VI, guardando las distancias ante un asunto sin duda espinoso de cara a la opinión pública y a sus socios de coalición. Con ese prólogo de “no nos compete” recibió ayer el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos el comunicado que anunciaba su vuelta a España de visita, fijando su residencia en Abu Dabi. “Respeto a la decisión”, señalaban, sin querer entrar oficialmente en más valoraciones, que hará hoy la portavoz Isabel Rodríguez. En privado, no obstante, en el Ejecutivo reconocen cierto alivio por la noticia y aplauden que siga afincado en el exterior.

Con toda la distancia posible, la misma con que se posicionó ante el exilio del Rey en agosto de 2020, el Gobierno acogió el comunicado emitido por la Casa Real, donde informó de los términos en los que el emérito volverá a España tras el archivo de la Fiscalía. Unas condiciones fijadas por Felipe VI, como avanzó este periódico, y que sí conocía el Ejecutivo antes de su difusión pública por una comunicación directa desde Zarzuela.

El ala socialista recibe con cautela que pueda volver a España, una vez archivada la investigación de la Fiscalía, pero varios ministros consultados por El Confidencial coinciden en subrayar la importancia de que la residencia oficial siga en Abu Dabi. Consideran que es “la mejor forma de preservar la institución de la Monarquía” tras los escándalos de los últimos años. Transmiten cierta sensación de alivio con una decisión que descargan totalmente en el rey Felipe.

Por eso valoran como positivo que el emérito haya decidido fijar su residencia en Emiratos y no en España. Una postura que desde las filas del Gobierno reciben como un gesto de protección a la Corona. Un punto intermedio entre mantenerlo totalmente alejado del país y de su familia, lo que según fuentes del Ejecutivo no sería comprensible, porque no hay delitos ni investigaciones abiertas.

"Dar explicaciones"

En los últimos días, tras el archivo del caso por parte del Ministerio Público, desde el PSOE admitían en privado que era muy difícil que el emérito siguiera en el exilio, allanando el camino a que pudiera volver, aunque fuera de visita. Durante estos meses, cuando ya se conocía que el camino iba a ser el archivo por la inviolabilidad y la prescripción de los delitos fiscales investigados, los socialistas señalaban que eso no iba a exonerar al emérito de responsabilidades ante la opinión pública y que iba a ser difícil gestionar la situación, aunque se mantenían al margen. El pasado octubre, Pedro Sánchez ya dijo en público que debía "dar explicaciones".

Desde el Ejecutivo destacan ahora la parte del comunicado en la que Juan Carlos I asume unas disculpas que, señalan, posiblemente no lleguen mucho más allá. Admiten claramente que pueden ser "insuficientes". Ese párrafo en el que el emérito dice ser consciente de “la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada” y los lamenta “sinceramente”, no obstante, es entendido como una petición de perdón. Ante la pregunta de si esas son las explicaciones que Sánchez pedía meses atrás, la mayoría de miembros consultados guarda un elocuente silencio.

Lo importante, insisten desde el Gobierno, era preservar la “ejemplaridad” y “transparencia” que achacan a Felipe VI, diferenciando su figura de la de su padre. Permitir que el Rey emérito fijara su residencia en España podía comprometer a la Casa Real, por eso insisten en subrayar que se le han puesto condiciones. Los socialistas deseaban que el retorno de Juan Carlos I se pudiera normalizar y apostaban por esa fórmula de que pudiera entrar y salir del país, pero sin tener residencia oficial en España y por supuesto descartando que se afincara en un edificio de Patrimonio Nacional. Insisten en que habrá más reformas en esa línea de "transparencia" y rendición de cuentas desde la Casa Real, que llevan tiempo anunciadas y no terminan de ejecutarse.

Podemos lamenta el archivo

Desde el ala de Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz había trasladado públicamente en los últimos días que lo importante no era que Juan Carlos I pudiera o no volver a España, abriendo una puerta a su regreso, sino que diera explicaciones a la ciudadanía sobre lo que había ocurrido. Una condición que, de momento, no parece que vaya a producirse. La formación morada mantiene una posición mucho más dura contra la monarquía y el papel del Rey emérito y cargó con dureza contra la decisión de archivo de la Fiscalía.

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El regreso se anuncia cuando el envío de armas a Ucrania ha abierto una importante crisis interna en el Ejecutivo y una ruptura entre el núcleo duro de Podemos, con Ione Belarra e Irene Montero, frente a las posiciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz o Alberto Garzón, que no han cuestionado públicamente la decisión de Pedro Sánchez del envío de armas, en consonancia con lo decidido con otros países europeos.

La marcha del monarca en 2020 ya fue calificada por Unidas Podemos como una “fuga”, lo que disparó las tensiones. El entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, acusó a los socialistas de haber mantenido en silencio y sin comunicar a sus aliados la “huida” de Juan Carlos I de España. Los socialistas, que tratan de reconducir las tensiones con Podemos, confían ahora en que el comunicado de la Casa Real y el regreso ocasional del emérito no disparen aún más la tensión.