La policía francesa no podrá vigilar con drones la frontera con España: violan la vida privada

Francia no podrá controlar su frontera con España mediante drones para así luchar contra la inmigración irregular que trate de cruzarla. No podrá hacerlo porque los drones lo ven y lo graban todo, no solo al emigrante maliense que recorre un camino pedregoso entre ambos países, sino jardines, patios y huertos de las casas particulares. Son un medio de vigilancia demasiado intrusivo en la vida privada de los ciudadanos.

El Consejo de Estado francés, órgano administrativo de supervisión de las actividades del Ejecutivo, suspendió el martes un decreto de la Prefectura (delegación de Gobierno) de los Pirineos Atlánticos, fronteriza con el País Vasco y Navarra, del 26 de junio que autorizaba el uso de drones en un espacio de 22 kilómetros cuadrados delimitados por Hendaya, Urrugne, el puente de Behobia y Biriatou e Ibardin. Aunque los aviones no pilotados no cruzasen la frontera española, sí podían observar también lo que allí sucedía.

La decisión del Consejo de Estado invalida de antemano otros proyectos similares que barajaba el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, de utilizar los drones en otras zonas fronterizas con España, empezando por los Pirineos Orientales, colidantes con la provincia de Girona, y la Alta Garona, que limita al sur con Lleida y Huesca.

Estas iniciativas, junto con el cierre por París en 2020 de 16 pequeños cruces fronterizos entre ambos países, ponen de relieve la obsesión de las autoridades francesas por la inmigración irregular procedente de España que cruza los Pirineos. La constituyen marroquíes, pero los que más prisa tienen por pasar a Francia suelen ser argelinos y subsaharianos del África francófona. La inmigración que desembarca en las costas españolas ha experimentado un ligero aumento entre enero y el 15 de julio de este año en comparación con el mismo periodo de 2022. Llegaron 13.487 personas sin papeles (+1%).

El Consejo de Estado francés puso fin, con su decisión del martes, a una batalla jurídica que libraban el Ministerio del Interior, empeñado en desplegar los drones, y los abogados de la Asociación de Defensa de los Extranjeros (ADDE) de Pau, la capital del departamento, secundada por otras ONG y algunos vecinos de la zona, que rechazaban esa iniciativa.

El primer asalto tuvo lugar a principios de mes ante el Tribunal Administrativo de Pau, que ya invalidó el decreto prefectoral, pero Interior recurrió el fallo al Consejo de Estado. Este no solo confirmó el auto, sino que condenó al Estado a abonar 200 euros a cada uno de los que recurrieron el decreto ante la Justicia.

El Ministerio del Interior argumentó ante los tribunales administrativos que constataba este verano un “incremento del número de cruces ilegales de la frontera” en esa zona del País Vasco y que no disponía de suficientes efectivos policiales para vigilarla. El jefe de gabinete del prefecto, Vicent Bernard-Lafoucrière, reconoció, al diario Sud-Ouest de Burdeos, que solo contaban con 20 policías en cada turno cuando hubiesen necesitado 35. De ahí también la necesidad de echar mano de medios tecnológicos para suplir, según él, la insuficiencia de recursos humanos.

Esa carencia de personal obligó a cerrar por tiempo indefinido, el 4 de julio, el puente peatonal de Avenida entre Irún y Hendaya. También están aún clausurados la mitad de los 16 pasos fronterizos de alta montaña que el ministro Gérald Darmanin ordenó cerrar en 2020 mediante la colocación de bloques de hormigón o muros de tierra. El principal es el del puerto de Bañoles (Girona), donde los lugareños de ambos lados se han manifestado varias veces al grito de “Esborrem la frontera” (Borremos la frontera) y se saltan la prohibición aun a riesgo de ser multados.

La ADDE y su presidenta, la abogada Isabelle Casau, respondieron al alegato de Interior que la presión migratoria de España hacia Francia no estaba en auge. Los rechazos en frontera ascendieron, en el primer semestre del año, a 3.481, casi la mitad de los de 2022 (6.154). Es cierto, sin embargo, que el número de extranjeros detenidos durante el semestre en situación irregular en los Pirineos Atlánticos, tras cruzar la frontera, se incrementó en un 66% (817) y las devoluciones a España en un 56% (366).

Aun así y con todo, el Consejo de Estado dictaminó que Interior no justificó que “sus servicios no puedan emplear, para ejercer esa misión en esa zona (...), medios menos invasivos y respetuosos con la vida privada”. Anuló el decreto. “No estaba, en absoluto, justificado, porque no es la única manera de vigilar la frontera”, afirmó satisfecha la letrada Casau al conocer la decisión. “Hay medios humanos”, recordó. “No se produce una llegada masiva de inmigrantes que requiera recurrir a ese tipo de vigilancia”, concluyó.

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No es la primera vez que el uso de los drones por parte de Interior acaba, en Francia, en los tribunales, aunque hasta ahora las polémicas no estaban relacionadas con la inmigración. A principios de este mismo mes, el Tribunal Administrativo de Grenoble tachó de “grave e ilegal el daño” perpetrado contra “una libertad fundamental” al usar dos drones en esa ciudad para observar y grabar una manifestación en protesta por el asesinato del adolescente Nahel por la policía en Nanterre, en la periferia de París.

En España, la Guardia Civil utiliza también drones, desde mayo de 2022, en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Cuatro ejemplares del modelo Matrice 300 RTK fueron adquiridos a principios del año pasado, por un total de 200.000 euros, mediante un procedimiento de urgencia. Están equipados con focos de largo alcance visual y sensores infrarrojos. Su despliegue no ha suscitado ninguna controversia por parte de ONG ni de los particulares cuyas viviendas sobrevuelan.