Girona contra la Monarquía: “No me dé lecciones de democracia”

“Usted no me dé lecciones de democracia”. La frase no es de Solón, el respetado padre de la democracia, el que abolió el régimen aristocrático e impuso en la antigua Grecia la democracia del pueblo. La frase que encabeza este artículo fue pronunciada por Lluc Salellas, recién nombrado alcalde de Girona, la ciudad que había gobernado con anterioridad el fugado Carles Puigdemont. Salellas le había negado la palabra a la portavoz socialista, Sílvia Paneque, que en realidad había sido la candidata a alcaldesa más votada en las elecciones del pasado 28 de mayo. Pero Salellas, hermano de Benet Salellas, exdiputado de la CUP, pactó con el defenestrado partido de Puigdemont y con ERC y se hizo con la alcaldía de la localidad gerundense. Es la principal ciudad catalana en manos de la CUP, la fuerza radical que tiene en el anticapitalismo y en el independentismo su principal, filosofía. Y se ha convertido en la aldea gala de resistencia al constitucionalismo, un recinto en el que un grupo de patriotas decide la moralidad de la política.

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La democracia de Salellas pasa ahora por considerarse el principal representante de la soberanía popular y, por ende, situarse, como cargo electo, por encima de cualquier otra consideración. De ahí la diatriba contra Paneque y la expresión de que no le dé lecciones de democracia, cuando discutían sobre una moción presentada por plataformas extremistas para “romper vínculos” de la ciudad con la Monarquía. El concejal socialista Maxi Fuentes le había dicho momentos antes que “la moción no fortalece la democracia y es una reivindicación identitaria”.

La propaganda antimonárquica es el último recurso que tiene el independentismo para lograr adeptos

De hecho, la propaganda antimonárquica es el último recurso que tiene el independentismo para lograr adeptos en un territorio que no hace mucho era el crisol del soberanismo. Maltrecho el soberanismo y descubiertas las mentiras del procés, al independentismo le quedan algunas opciones de seguir vivo, aunque en estado letárgico. Una de ellas es la campaña anticorona, pese a que en la última operación antimonárquica, materializada en el intento de boicotear la entrega de los premios Princesa de Girona, todos los partidos soberanistas y las entidades cívicas y plataformas extremistas lograron reunir a unas 300 personas para protestar contra la visita de la Familia Real a Girona. El soberanismo ha bajado a los infiernos y confía en la Monarquía para remontar el vuelo.

Una “mafia impuesta”

Así las cosas, la Coordinadora Antimonárquica de las Comarcas Gerundenses fue quien presentó una moción de rechazo a la Monarquía. Es la plataforma que había pinchado en las movilizaciones contra la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona. Dos miembros de la Coordinadora participaron en el pleno (uno de ellos, su portavoz, Quim Tell, adujo que la Monarquía es “una mafia impuesta” e hizo una defensa épica del texto remontándose a la Guerra dels Segadors, del siglo XVII), que presidió este 20 de julio Lluc Salellas. “Este acontecimiento democrático es un paso lo suficientemente importante para la plena libertad, un hito de gran importancia para nuestra ciudad y, de paso, para toda la nación catalana”, avisó la Coordinadora a sus activistas.

No decepcionaron. El texto, que no aparece en el acta del pleno, habla de las “actividades delincuenciales del Rey emérito Juan Carlos I” y subraya el “profundo sentimiento antimonárquico de Girona incluso entre la gente que aún no escoge la independencia de Cataluña como su opción”. Al mismo tiempo, declaró a Girona “ciudad republicana y antimonárquica”.

Los socialistas afearon a los independentistas que la moción era un texto puramente identitario, a lo que los que estos reaccionaron afirmando que era un texto “republicano, de valores democráticos”. El alcalde acabó retirando la palabra a Paneque arguyendo que el turno de réplica lo había agotado otro concejal socialista. Pero la coletilla fue demoledora: no le podía dar lecciones de democracia “cuando el Ministerio del Interior permite que se infiltren policías”. Se defería a un episodio en el que un activista de movimientos sociales de Girona (y perteneciente a los movimientos radicales) se había liado sentimentalmente con una mujer que, según denunciaron las plataformas soberanistas, era policía. El tema no venía al caso ni tenía relación con dejar hablar a un rival político, pero el alcalde aludió a esa excusa como subterfugio político de su decisión.

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La moción fue aprobada por la mayoría absoluta que forman CUP, ERC y Junts. La representante de este partido, Gemma Geis, exconsejera de Universidades hasta que JxCat salió del Govern de Pere Aragonès, aprovechó para atacar los “parámetros poco democráticos” del Estado por tomar decisiones que perjudican a activistas como el cantante Valtòniy el exconseller Joaquim Forn (condenado de indultado posteriormente) y resaltó la necesidad de lograr “un Estado democráticamente libre, en un sistema donde hablar de votar no comporte el exilio ni la cárcel”. Particularmente duro fue el representante de ERC, Quim Ayats, que afirmó que “la represión del Estado sigue vigente” y que “reafirmamos nuestro compromiso con la República Catalana y sus valores. La Monarquía es una institución caduca, enfangada en acusaciones de corrupción y heredera del franquismo”. Se trató, en definitiva, de un acto con frases grandilocuentes, maximalistas y épicas centradas únicamente en el objetivo de desgastar a las instituciones españolas. Votaron en contra de la moción PP y Vox y el SPC se abstuvo.

Un manifiesto radical

La espantá de Girona se produjo apenas 24 horas antes de que la CUP, en el último suspiro de la campaña del 23-J presentase un manifiesto firmado por 62 profesionales de diferentes ámbitos que apoyan a los anticapitalistas “ante los ataques de la derecha y la extrema derecha que están recorriendo el país”. Los firmantes manifiestan su convicción de que la intención de la CUP es la de la “no resignación”. El manifiesto señala que “es preciso recuperar iniciativa desde una reorientación estratégica que reconstruya un movimiento desobediente ante la injusticia, que dibuje esta alternativa con los sindicatos, las organizaciones de base, la economía social y solidaria, la cultura, las organizaciones juveniles, el ecologismo y el conjunto de la unidad popular que no se agota”.

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Los firmantes sostienen que “la ruptura es la única grieta posible para la esperanza. El régimen ha demostrado numerosas veces su carácter irreformable (…) Ellos no pasarán si nosotros avanzamos”. Y abogan por “reemprender el camino de una propuesta que luche por el derecho a la autodeterminación, que plantee un modelo social diferente, basado en la justicia, la igualdad y la libertas. Un proyecto que sepa que la mejor defensa es un buen ataque”. El manifiesto está firmado, entre otros, por el paleontólogo Eudald Carbonell, el activista expodemita Miguel Urbán o el cantautor Antonio Vega.

Piden la anulación de la moción

La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, presidida por el exdiputado José Domingo, envió un escrito al delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en el que subraya que "los ciudadanos, los partidos políticos, las asociaciones o cualquier otro grupo tienen libertad para defender las propuestas políticas que tengan por convenientes, se ajusten o no a los límites constitucionales. Ahora bien, los poderes públicos, en su condición de tales, no pueden mantener posiciones que vayan más allá de lo que permite la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por supuesto, las personas que ocupan cargos públicos no han de renunciar a su ideología para el ejercicio de sus funciones, pero estas han de ejercitarse centro del marco constitucional. Así lo expresó con claridad el TC en la sentencia 259/2015".

Domingo replica en el texto que la moción contradice el artículo 1 de la Constitución y que, por tanto, "ha de ser anulada, siguiendo así la doctrina sentada por la citada sentencia del TC de 2 de diciembre de 2015". Y añade: "La contradicción del acuerdo adoptado con el interés general de España es clara, pues se aparta del elemento básico para la articulación del Estado: su configuración como una monarquía parlamentaria. Además, tal y como hemos visto, supone una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos y una quiebra del principio de seguridad jurídica". E insta a Prieto a que actúe, como es su deber, advirtiendo que "en el caso de que el Delegado del Gobierno decidiera hacer dejación de sus funciones, en un caso flagrante como este precisaría una adecuada justificación si no se quiere incurrir también en el vicio de quiebra del estado de derecho, en este caso por omisión y por desatender la obligación de hacer cumplir la Constitución".