Sánchez se pliega a crear unidades de control migratorio para reabrir los pasos fronterizos

Los pasos del Pirineo cerrados por Francia desde la pandemia son la única carpeta de la cumbre hispano-francesa celebrada este jueves en Barcelona al que ambas delegaciones llegaban con posturas encontradas. El Gobierno galo se resiste a la reapertura, por su estrategia de control migratorio, mientras que la delegación española acudía a la cita sin demasiado optimismo, con el mensaje de que "vamos a seguir insistiendo en que se reabran cuanto antes". Actualmente, son un total de ocho pasos los que siguen totalmente cerrados, pero la situación podría comenzar a cambiar a partir de este jueves. Macron había condicionado la reapertura parcial a cambio de que se creasen patrullas mixtas de control fronterizo, según fuentes de la delegación francesa, como finalmente se ha plasmado en el tratado de amistad y cooperación entre ambos países.

El Tratado de Barcelona no se refiere directamente a la reapertura de los pasos, pero sí al compromiso de "mantener relaciones de buena vecindad y a cooperar estrechamente para hacer frente a los retos específicos de la zona fronteriza pirenaica y de las zonas de vida en común, con el fin de facilitar la vida cotidiana de sus habitantes". Por otra parte, se abunda en el compromiso de "preservar el acervo de Schengen y la libertad de circulación y a garantizar su continuidad". Como pretendía la parte francesa, el artículo 15 del tratado plasma que España y Francia "promoverán el despliegue de herramientas de cooperación en el ámbito de la seguridad en ambos países, como los Centros de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) y todas las formas de operaciones conjuntas. En el futuro, reforzarán su intensa cooperación operativa para garantizar la seguridad de grandes eventos y llevar a cabo operaciones conjuntas de seguridad pública, a través, llegado el caso, de unidades operacionales binacionales".

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Más concretamente, se creará un grupo de trabajo "sobre cuestiones migratorias (GCM), que reunirá a los servicios responsables de la gestión de fronteras, migración, asilo, integración y lucha contra las redes de inmigración ilegal en sus respectivas administraciones". Esta cooperación, según se recoge en el documento que firmaron este mediodía Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, "se materializará", igualmente, con el "despliegue, llegado el caso, de unidades operacionales binacionales y por la realización de operaciones comunes o conjuntas para la lucha contra las redes de tráfico de personas". La principal reivindicación de la delegación francesa para reabrir los pasos quedaría así recogida. Con todo, como ha explicado Sánchez durante la rueda de prensa conjunta con Macron tras la firma del Tratado de Barcelona, primero se creará un grupo de trabajo para valorar su desarrollo. Fuentes cercanas al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzan en cualquier caso que la creación de estas patrullas conjuntas no será inmediata y señalan diferentes complejidades.

Este asunto se ha discutido entre el ministro del Interior y su homólogo francés, Gérald Darmanin. A falta de definir el número de pasos que se podrán reabrir y el proceso para llevarlo a cabo una vez cerrado el acuerdo en cooperación transfronteriza, siempre a cambio de la creación de estas unidades mixtas entre las fuerzas de seguridad de ambos para controlar la inmigración ilegal procedente de África a través de España, fuentes de la delegación francesa utilizan la terminología de "apertura hermética". Una apertura que, por tanto, podría no ser total al realizarla creando controles de pasaporte, como ya se hace en otros puntos.

El debate se centra en la apertura total, parcial o gradual de estos puntos, para lo que se ha planteado por parte de Francia la creación de grupos de trabajo sobre la cuestión migratoria. Asimismo, está pendiente de definir el desarrollo de estas brigadas mixtas desplegadas en la frontera y el calendario para su puesta en marcha. Desde el Gobierno español acudían a la cita reconociendo la cuestión de que la cooperación transfronteriza es una de las más encalladas entre ambos países y que posiblemente seguirá siendo un tema de debate en próximas cumbres, para las que se fijará una periodicidad anual. De hecho, en la pasada cumbre hispano-francesa celebrada en Montauban ya se abordó este asunto, sin demasiados avances hasta ahora.

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No se trata de la única carpeta que estaba pendiente de desbloquear en asuntos de Interior. Desde la parte francesa se está presionando para que España reconozca los documentos de identidad de los franceses a los que se les ha prorrogado durante cinco años por las autoridades galas y que en nuestro país constan como caducados. Los carnés entregados entre 2004 y 2014, con vigencia de 10 años, pero prorrogados durante cinco años más, ahora mismo no se considerarían válidos en España al no tener en cuenta la ampliación de su vigencia.

Se trata de una de las cuestiones sobre las que más ha presionado el diputado de la circunscripción española en la Asamblea Nacional Francesa, Stephane Vojetta. Y es que solo en Barcelona residen unos 25.000 franceses, a los que hay que añadir otros 25.000 que no están registrados en su consulado, según las estimaciones del Ministerio de Exteriores francés.

Agenda energética

Más allá de estos temas pendientes y la ratificación de otros acuerdos previos en materia de defensa, educación, cultura, justicia y así hasta nueve epígrafes, el Gobierno español y francés busca lanzar un frente común para coordinar posiciones en la UE, con la energía en el centro de la agenda. La reforma del mercado eléctrico para abaratar el precio de la luz será uno de los principales asuntos en los que buscan ir de la mano en Bruselas y acelerar su implantación. Un debate que la UE retomará en marzo y sobre el que España y Francia tratarán de trabajar en una propuesta conjunta tras haber realizado por separado las suyas propias. Los franceses, esta misma semana. Los asuntos energéticos son de la máxima prioridad para ambos países en el ámbito de la UE, según recalcan fuentes de la Moncloa.

El frente común para limar las resistencias a esta reforma, principalmente de Alemania, parece estar haciendo ya cierta mella en el Gobierno de Olaf Scholz. Este mismo martes, desde el departamento de la Vicepresidencia de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, celebraban el giro expresado por el vicecanciller alemán y ministro de Economía, Robert Habeck, durante una entrevista, al calificar de "interesante" la propuesta de reforma enviada por España a Bruselas. Un calificativo que el propio vicecanciller subrayaba, alentando la posibilidad de levantar su bloqueo: "Esto que digo es muy especial, porque el año pasado había posiciones muy opuestas entre España y Alemania respecto al tope del gas".

Otro de los objetivos a corto plazo de España es, precisamente, que la UE permita prorrogar el mecanismo ibérico, para lo que ayer, antes de la cumbre, Ribera se reunía con la comisaria Margrethe Vestager. Si bien Francia ha planteado un calendario de seis meses para poder impulsar la reforma eléctrica y fuentes del Gobierno comparten que quieren ir lo más rápido posible, la prórroga de la también denominada excepción ibérica se plantea como una solución coyuntural hasta que no se materialice. El propio Sánchez ha puesto sobre la mesa un calendario más realista, situando la reforma del mercado eléctrico entre las prioridades de la presidencia de turno del Consejo de la UE que España asumirá en el segundo semestre.