Laporta y Rosell extienden su guerra con un cruce de reproches por los pagos a Negreira

"En el caso de que prospere la hipótesis del ministerio fiscal, el Fútbol Club Barcelona sería víctima". Esta reflexión la manifestó el presidente del Barça, Joan Laporta, ante los medios de comunicación cuando compareció en abril para dar a conocer las conclusiones de la investigación interna sobre el caso Negreira. No fue una improvisación: ese mismo día, los servicios jurídicos del club remitieron al juzgado un escrito en el que pedían ejercer la acusación particular como perjudicado. La estrategia ha reabierto la guerra soterrada que desde hace años mantiene Laporta con el que fuera su antiguo delfín y sucesor en el palco del Camp Nou, Sandro Rosell.

El actual dirigente blaugrana se aferraba a una derivada de la investigación que tiene que ver con el papel que jugó en la trama Javier Enríquez Romero, el hijo del que fuera número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Según consta en el sumario, Enríquez Romero cobró durante años del club, pero lo hizo a través de una empresa pantalla propiedad de un directivo ya fallecido llamado Josep Contreras, quien a cambio se llevaba una comisión por los servicios de intermediación que salía de los fondos del Barça. Enríquez Romero admitió a los investigadores que se usó ese mecanismo para no generar suspicacias, teniendo en cuenta el cargo que ostentaba su padre en el estamento arbitral.

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La tesis de Laporta y de los servicios jurídicos del Barcelona es que el clan Negreira estuvo cobrando por dos vías paralelas los informes sobre árbitros que justificaban la relación comercial con la entidad. Y la vía opaca supuso un perjuicio para las arcas de la institución. Enríquez Romero les dijo a los investigadores que su relación con el Barcelona empezó en 2013 y que desde 2015 hasta mediados de 2018 realizó “unos informes arbitrales para el diseño de los partidos del primer equipo y segundo equipo”. Ese periodo abarca los mandatos de Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014-2020), a los que la jueza dio ocasión de pronunciarse sobre la petición del Barça de ejercer como acusación en el caso por este motivo.

Su llegada al Barça en 2003

Sandro Rosell y Joan Laporta fueron de la mano en su carrera electoral para presidir el Fútbol Club Barcelona. Representaban la alternativa a décadas de nuñismo, prolongadas de manera agónica por un desafortunado Joan Gaspart, que terminó convocando elecciones anticipadas. Laporta y Rosell encarnaban una nueva generación de dirigentes jóvenes en torno a los valores de un movimiento llamado Elefant Blau, que reivindicaba el legado de Johan Cruyff en contraposición al oficialismo. La aportación de Rosell, además, era clave por su influencia en el mercado sudamericano. A él se le atribuye el mérito de las gestiones para fichar a Ronaldinho, la primera gran estrella de la era Laporta.

Rosell desempeñó el cargo de vicepresidente en aquel Barça presidido por Laporta que, con el delantero brasileño, conquistó su segunda Copa de Europa, 13 años después de la ganada en el estadio de Wembley en 1992. Sin embargo, la relación entre Laporta y Rosell se deterioró y el segundo dimitió de sus cargos en 2005. Junto a él, también se marchó un entonces desconocido Josep Maria Bartomeu. Cinco años después de su salida, Rosell se hizo con las riendas del club con un relato en el que enmendó la gestión de su antiguo aliado. Desde entonces, salvo aproximaciones esporádicas, la herida nunca ha llegado a cicatrizar, como acredita este nuevo enfrentamiento con el caso Negreira como escenario y los escritos de sus abogados como arma arrojadiza.

El escrito de respuesta de Rosell señala directamente a Laporta y le acusa de haber pagado a Negreira como los demás: “Tampoco es muy coherente que el Fútbol Club Barcelona se presente como entidad perjudicada cuando el propio presidente actual lideró durante dos mandatos anteriores la junta del club (2003-2010), habiendo retribuido durante los mismos dichos informes arbitrales por los que ahora pretende personarse como perjudicado”. La Fiscalía, sin embargo, considera que lo que sucedió en la primera época de Laporta ya ha prescrito.

El Barça de Laporta entiende que los pagos al hijo de Negreira por medio de una empresa personal interpuesta supusieron un delito de administración desleal. “El patrimonio del club presuntamente se habría venido administrando indebidamente, causando, en consecuencia, un perjuicio al mismo”, dice el escrito remitido al juzgado el 17 de abril. Rosell contestó recordando las palabras del propio Laporta en la rueda de prensa en la que compareció con cajas llenas de informes con la firma de Enríquez Negreira para justificar los pagos investigados.

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Los informes que Laporta aportó como prueba en aquella rueda de prensa eran precisamente de los mandatos anteriores. Del resto, no hay constancia documental porque, según dijo, se suelen destruir a los cinco años. Rosell, imputado en el caso, alega que el propio club sostiene que no hubo daño patrimonial. “Resulta abiertamente contradictorio que el propio club defienda la realidad de la prestación de los servicios de asesoramiento deportivo y, a su vez, pretenda personarse como acusación particular, un hecho insólito que solo se entiende como estrategia de defensa”, añade.

El Barça está imputado como persona jurídica. Lo que sospechan la Fiscalía y el juzgado es que todo era una tapadera y el dinero en realidad tenía el objeto de lograr favores arbitrales. Anticorrupción también ha tenido que dar su opinión sobre este debate y desmiente la interpretación que hace Laporta de su hipótesis. El ministerio público se opone “frontalmente” a que el Barcelona pueda ejercer la acusación particular como víctima, al mismo tiempo que figura como imputado. La última palabra la tendrán los jueces.