La Fiscalía concluye que el Barça pagó a Negreira para comprar arbitrajes

La Fiscalía ha presentado ya en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona su denuncia contra el Barça y varios exdirectivos del club por pagar más de 7 millones de euros al exárbitro José María Enríquez Negreira, según ha podido confirmar El Confidencial. La querella atribuye al FC Barcelona, los exdirigentes de la entidad deportiva y al propio Negreira, los presuntos delitos de administración desleal, corrupción en los negocios en su modalidad deportiva y falsedad documental, tras concluir que los pagos tenían como objetivo garantizar buenos arbitrajes para el conjunto blaugrana. Los pagos se dirigían "a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club" para influir en los resultados de las competiciones, dice tras meses de investigación de los hechos que ahora han derivado en esta solicitud de acciones penales.

En concreto, el Ministerio Público apunta directamente al Barça como persona jurídica e implica en la trama presuntamente corrupta a los expresidentes Sandro Rosell (2010-2014) y Josep María Bartomeu (2014-2020), los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y el antiguo árbitro Enríquez Negreira. Reclama que todos ellos sean oídos como imputados. Además, el escrito pide que sean citados a declarar en calidad de testigos el actual presidente del club, Joan Laporta, que ya dirigió la institución entre 2003 y 2010, y otros expresidentes, como Joan Gaspart.

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Los pagos de Negreira se habrían producido de manera continuada entre 2001 y 2018 y se habrían articulado a través de las sociedades controladas por Negreira Dasnil 95 SL y Nisdal SCP y mediante facturas que "fueron presentadas al cobro ante el FC Barcelona sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real", según el Ministerio Público. Hasta el momento, el Barça ha defendido que las cantidades abonadas respondían a un asesoramiento técnico del árbitro, algo muy común en la mayoría de los grandes equipos.

Lejos de compartir este argumento, la Fiscalía señala que esos pagos, que sumaron más de 7 millones de euros, tenían por objeto conseguir arbitrajes favorables para el Barça. "A través de los Presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, el FC Barcelona alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del Comité Técnico de Árbitros, organismo encargado, además, de las evaluaciones –en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales", expone el Ministerio Público en su denuncia.

Nuevas imputaciones

Además de solicitar que se cite como imputados a los dos expresidentes del Barça, los cargos intermedios mencionados y a la propia entidad como persona jurídica, la Fiscalía apunta a nuevas solicitudes de imputación. Reclama en concreto que se requiera al club para que identifique a quienes ostentaban los cargos de director general, CEO o director ejecutivo y el de director financiero, tesorero o jefe del área económica del club en el período comprendido entre los años 2011 a 2014.

También reclama una investigación patrimonial de Negreira y de su entorno familiar más próximo para conocer el destino último del dinero que cobró. Asimismo, pide copia de las facturas "acreditativas de las operaciones comerciales" mantenidas y que se le especifique el medio de pago empleado para la liquidación de dichas facturas y copia de la justificación documental correspondiente, así como copia de los contratos o de la documentación que ampare dichas facturas.

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El escrito también desvela que en la investigación preliminar de Hacienda que ha acabado derivando en la denuncia penal, el Barça no se mostró colaborador. Se le requirió la identificación de los profesionales que desarrollaron los servicios que supuestamente había efectuado Negreira, así como copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta fue que no se había encontrado la documentación requerida.

Debido a ese vacío, la Inspección concluyó que el club no podía deducirse el gasto en el Impuesto sobre Sociedades así como el IVA ya que "no existía conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimiento y tampoco se individualizaba el servicio prestado ni relación directa con la actividad empresarial o profesional del Club". El Barça acabó incrementando su factura con Hacienda en 404.249,52 euros, más otros 52.324,74 de intereses de demora.

La denuncia del Ministerio Público se sumará a la querella que formuló hace dos semanas, por los mismos hechos, el árbitro en activo Xavier Estrada Fernández. Este último ejercerá previsiblemente como acusación popular. La instructora del caso dictó este jueves un auto adelantado por este diario en el que solicita a Estrada Fernández que presente una fianza de 3.000 euros como paso previo a aceptar su personación en el procedimiento. El delito de corrupción en los negocios se castiga con penas de hasta seis años de cárcel para directivos de entidades deportivas y con multas o incluso la disolución para los clubes.