Anticorrupción se opone a imputar a Laporta en el caso Negreira porque sus pagos han prescrito

La Fiscalía anticorrupción se opone a imputar en el ‘caso Negreira’ al actual presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y su antecesor en el cargo entre los años 2000 y 2003, Joan Gaspart. El ministerio público considera que no es posible demostrar que las sucesivas juntas directivas de la entidad se pusieran de acuerdo entre ellas para pagar durante 18 años al que fuera vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. No es posible establecer una continuidad del delito de administración desleal y, en ese sentido, tanto Laporta como Gaspart se salvan por la prescripción, según el criterio de los fiscales. La última palabra la tendrán los jueces.

Esta discusión jurídica parte de una querella presentada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga si el Barça pagó más de 7 millones de euros a Negreira para obtener favores arbitrales. A instancias de la Fiscalía, la juez del caso sí ha imputado a los expresidentes Sandro Rosell (2010-2014) y Josep María Bartomeu (2014-2020) así como a los directivos Òscar Grau y Albert Soler. La querella pedía incluir también a los otros dos mandatarios que figuran como presidentes durante el periodo que duraron los pagos. Tras escuchar a las partes personadas, el Juzgado tendrá que adoptar una decisión.

A juicio de la querella, los pagos fueron “actos repetidos mediante los cuales se va agravando el perjuicio patrimonial causado” y por lo tanto hay que estudiar el periodo 2001-2018 como un todo. Pero la Fiscalía desdeña esta interpretación y la tacha de “consideración personal", según su escrito aportado a la causa al que ha tenido acceso El Confidencial. “El Ministerio Fiscal no puede estar de acuerdo con la consecuencia que se extrae ni, por tanto, con la petición que se plantea a la jueza (...) Los actos son producidos por personas concretas y determinadas que son las que, a su vez, permiten que el perjuicio sea mayor o menor”, avanza.

A juicio de la Fiscalía, “asumir la tesis del solicitante sería tanto como pretender hacer responder penalmente a unas personas por hechos presuntamente delictivos cometidos por otras”. Se refiere a que cada junta directiva tomaba sus propias decisiones “con arreglo a sus propios criterios”. “No hay sucesión en las presuntas actividades ilegales, no se heredan los supuestos delitos ni se puede entender que todos los miembros puedan formar una especie de consorcio que asuma la responsabilidad penal de los anteriores y de los siguientes”, argumentan los fiscales García Cantón y Sanz-Gadea en su escrito firmado el 31 de mayo y conocido ahora.

“Ni el más leve indicio apunta a que los señores Gaspart y Laporta, en su calidad de presidente del club actuaran concertadamente con los señores Rosell y Bartomeu a medida que cada uno de ellos alcanzaba la presidencia”, insiste la Fiscalía. Laporta ha sido presidente en dos periodos, el primero de ellos entre 2003 y 2010 –momento en el que ya existían los pagos– y desde el 2021 hasta ahora. El escrito culmina con el argumento de que no se puede incluir al resto de presidentes como investigados porque “esa ampliación viene vetada por la prescripción de los hechos que durante cada una de las presidencias pudieran haberse cometido”.