El Supremo pone fin a la huida hacia delante de Irene Montero con la ley del solo sí es sí

El Tribunal Supremo rechazó este miércoles los recursos de la Fiscalía contra las rebajas de penas por la ley del solo sí es sí. Su decisión pone fin a la huida hacia delante del Ministerio de Igualdad, que, desde la entrada en vigor de la norma hace ocho meses, ha ido saltando de un argumento a otro para tratar de minimizar sus consecuencias.

El "machismo" de los jueces

Las primeras reducciones de penas se conocieron el 15 de noviembre de 2022. Hasta ese momento, desde Igualdad habían negado que pudiera darse este escenario y apuntaban a que se trataba de "propaganda machista", pero una vez confirmado el mismo, descargaron toda responsabilidad sobre los jueces: "El machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley", llegó a afirmar la ministra Irene Montero. "Eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé la ley".

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Desde Podemos, repitieron este argumentario durante varias semanas, pero como el número de rebajas y excarcelaciones no dejaba de crecer, terminaron por cambiar de táctica: en lugar de atrincherarse en el victimismo, pasaron al ataque y comenzaron a poner en duda las cifras que iban ofreciendo los medios de comunicación.

"No creo ni que lleguen a 30"

El 30 de enero de 2023, cuando el recuento de rebajas superaba ya las 300, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, cuestionó esta cifra en una entrevista concedida a Radio Nacional de España: "No hay 300 revisiones ni la décima parte tampoco todavía. No creo ni que lleguen a 30", aseguró tajante. Horas después, ella misma insistió en esta idea a través de redes sociales y aseguró que el problema era que los medios mezclaban la idea de "rebajas" con la de "revisiones".

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En opinión de Rosell, las informaciones debían diferenciar las revisiones de sentencias firmes de aquellas reducciones de pena por recursos que se habían interpuesto antes de la entrada en vigor de la norma. Con esta diferenciación, Rosell defendía que la ley no bajaba penas y, al mismo tiempo, minimizaba la situación sobre la que los medios estaban advirtiendo en aquel momento: en apenas tres meses desde su entrada en vigor, más de 300 agresores sexuales ya se habían beneficiado de la nueva ley.

"El Supremo no ha dictado ninguna sentencia"

Junto al argumento de que el problema no era otro que "la mala calidad de la información", la propia Rosell insistió durante aquella entrevista a RNE en otra idea para limitar las consecuencias de la ley: "El Supremo no ha dictado ninguna sentencia de un caso de revisión comparando ambos códigos". De esta manera, remarcaba el hecho de que la mayoría de rebajas se habían adoptado en tribunales inferiores y, por tanto, el Supremo aún estaba a tiempo de fijar un criterio que revirtiera las mismas.

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Este argumento pasaba de puntillas ante el hecho de que, a esas alturas, el Supremo ya había determinado que la ley beneficiaba a algunos agresores. En concreto, desde el 30 de noviembre, cuando la aplicó al caso Arandina. Esta resolución no afectaba a los casos a los que Rosell se refería como "de revisión", pero lo cierto es que el Supremo también incluía un mensaje respecto a las sentencias firmes al apuntar al artículo 2.2 del Código Penal: "Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena", establece el mismo.

"Derecho transitorio"

Pese a aquella advertencia del Supremo, las dudas respecto a cuál sería su criterio definitivo se han mantenido hasta este mismo miércoles, cuando rechazó siete recursos de la Fiscalía contra rebajas adoptadas en las audiencias provinciales. Esta decisión implica tumbar tanto su criterio como el del Ministerio de Igualdad, que, más allá de los anteriores argumentos, llevaba meses haciendo hincapié en un razonamiento jurídico que se resume en dos palabras: "Derecho transitorio".

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Esta expresión hace referencia a la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, que limita los casos en los que debe revisarse una condena ante la entrada en vigor de una nueva norma. La ley del solo sí es sí no incluía ninguna disposición transitoria al respecto, pero tanto la Fiscalía como Igualdad consideraban que cabía agarrarse a la de 1995. Con ese razonamiento, defendían que no había que bajar ninguna condena si la misma también entraba dentro de las horquillas de penas que contemplaba la nueva ley. El Supremo, sin embargo, concluyó este miércoles que no cabe aplicar la de 1995 y extiende las rebajas a las sentencias firmes.

"El consentimiento es una conquista"

En los últimos meses, conforme el número de rebajas iba aumentando, Igualdad también hizo hincapié en otro argumento frente a la reforma que proponía el PSOE: a diferencia de la anterior regulación, únicamente la ley del solo sí es sí aseguraba poner en el centro de la comisión de los delitos sexuales el consentimiento de la mujer. "Seguiré haciendo todo lo necesario para garantizar que siga en el centro del Código Penal y proteger así el corazón de la ley", llegó a prometer Montero en febrero.

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Sin embargo, como ya explicó El Confidencial ese mismo mes, la aceptación o rechazo a mantener una relación viene siendo el punto principal de la prueba desde antes de que Podemos y Montero llegaran al Gobierno. El Supremo lleva años ofreciendo una hoja de ruta que sienta las bases de la interpretación de esta aquiescencia de la mujer a través de su jurisprudencia, un criterio extremadamente restrictivo que no requiere de violencia física expresa para entender que se produjo agresión.