El botín oculto de las diputaciones: 29.000 millones de presupuesto y más de 2.400 sueldos

El 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas en 12 comunidades, en las dos ciudades autónomas y en más de 8.100 municipios. Pero también se renueva la composición de 38 diputaciones provinciales, tres forales, siete cabildos y cuatro consejos insulares. Estas estructuras supramunicipales suelen quedar en un papel secundario en las noches electorales. Sobre todo porque la composición de las diputaciones se cierra más de un mes después de la cita con las urnas. Sin embargo, son esenciales para el funcionamiento de los pequeños municipios. Muchas veces, también, un refugio de poder para los grandes partidos donde se maneja, en conjunto, un presupuesto de 29.000 millones de euros y que reparte más de 2.400 sueldos públicos, lo que convierte estos organismos en el botín oculto de los próximos comicios.

Las diputaciones forales son las que mayor músculo económico tienen. En 2020, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas Públicas vasco, Vizcaya —tanto la diputación como sus organismos autónomos y consorcios— tuvo un presupuesto que superó los 8.600 millones de euros; Guipúzcoa, los 5.400 millones de euros, y Álava se acercó a los 3.000 millones de euros. Pero también son instituciones singulares y diferentes de las anteriores: responden ante las juntas generales de cada provincia y son el órgano de gobierno de los tres territorios del País Vasco. Además, ejercen un mayor número de competencias y su régimen les permite recaudar los impuestos que luego nutren los presupuestos del Gobierno vasco, así como para satisfacer el pago del cupo negociado con el Estado.

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Jorge Francés. Valladolid

Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife están entre las instituciones más pudientes. Con gastos superiores a los 800 millones de euros cada una, cerca de los 1.000 millones al tener en cuenta a sus organismos dependientes, sus competencias abarcan desde la ordenación del territorio, carreteras y, una de las joyas de la corona, el turismo. Por citar un ejemplo, el puerto de Fonsalía, en el sur de Tenerife, fue uno de los grandes proyectos paralizados en esta legislatura. En parte, debido a su impacto en un santuario de cetáceos y por la falta de apoyos, tanto políticos como ciudadanos. Uno de sus mayores defensores ha sido el presidente del cabildo, el socialista Pedro Manuel Martín Domínguez, exalcalde de Guía de Isora, municipio en el que se situaría este puerto comercial y deportivo.

Entre las cinco primeras se cuela Barcelona. Solo su diputación gastó en 2021 —último ejercicio rendido ante el Tribunal de Cuentas— cerca de 1.000 millones. La cifra asciende hasta los 1.240 millones de euros si incluimos entidades dependientes como el Organisme de Gestió Tributària o consorcios adscritos como el de Drassanes Reials, responsable del museo marítimo de la Ciudad Condal. La preside la alcaldesa de Hospitalet, la socialista Núria Marín. A diferencia de las diputaciones forales y las islas, en la jornada electoral no hay una urna para elegir a sus miembros, sino que salen de los concejales electos en los ayuntamientos de cada provincia y son las distintas fuerzas políticas las que designan a su presidente.

Como la de Barcelona, en toda España hay 38 diputaciones provinciales. Estas administraciones locales manejan más de 7.000 millones de euros. Una cifra que crece hasta los más de 8.000 millones de gasto si contamos los organismos autónomos y consorcios adscritos en los que cada diputación, según se organice, puede externalizar algunos de sus servicios. Es el caso del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, para el cobro de tributos y tasas municipales de ayuntamientos de la zona, entre otros, o de entidades para el tratamiento de residuos urbanos, como los de León o Ciudad Real. Pero una radiografía más completa de las diputaciones, con todas sus entidades dependientes y participadas de las que informan a los órganos de fiscalización, arroja un ecosistema de 475 entidades.

Radiografía de los gobiernos provinciales

Las fuerzas del bipartidismo han utilizado estos castillos como cantera para foguear a algunos de sus cachorros sin la exposición pública que da una gran alcaldía o un Gobierno autonómico. El actual coordinador general del PP, Elías Bendodo, lo sabe bien. Fue presidente de la Diputación de Málaga durante dos mandatos. Antes fue concejal del ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, siempre bajo la sombra del incombustible Francisco de la Torre.

Fue en el Gobierno de la institución provincial donde Bendodo adquirió las destrezas que luego demostró como consejero de Presidencia del primer Gobierno no socialista de la Junta de Andalucía, antes de su salto a Génova de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Tenía un espejo en el que mirarse. Mariano Rajoy, como Bendodo, fue cocinero antes que fraile y dirigió la Diputación de Pontevedra entre 1983 y 1986, antes de ser ministro y presidente del Gobierno.

Sea cual sea su sistema de elección, las 52 diputaciones provinciales, forales, cabildos y consejos insulares suman un total de 1.302 diputados o consejeros. Salvo en el País Vasco, donde la diputación foral es el órgano de gobierno provincial, los plenos de estos órganos están limitados por ley en función de su población. Así, la de Barcelona es la de mayor tamaño, con 51 diputados.

A esta cifra se suman los más de 1.170 asesores que trabajan para estos organismos. Eso sin contar con todas las entidades dependientes. Las nueve diputaciones de Castilla y León superan el centenar de personas contratadas a dedo; las cuatro catalanas, con mayor población, casi doblan esta cifra. El número de personas que se pueden contratar por esta vía está limitado por ley: las diputaciones provinciales igualan las de la ciudad más poblada y las islas, en función de su población, pueden acercarse al número de consejeros insulares. Desde jefes de gabinete a asesores de prensa, todos ellos son cargos de libre elección que solo pueden realizar "funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial", según reza el Estatuto Básico del Empleado Público.

No tan fuera del radar

José Luis Baltar fue presidente del Gobierno provincial de Ourense durante 25 años, entre 1987 y 2012, donde desarrolló toda su carrera política. Dos años después, la Audiencia orensana condenó a nueve años de inhabilitación al exdirigente popular por prevaricación. ¿El motivo? Contratar a 104 personas sin publicidad entre enero y marzo de 2010. "Ser presidente de una diputación no es una propiedad de la que el titular pueda hacer el uso que le parezca", rezaba el auto de la magistrada del Juzgado de lo Penal Número 1 de Ourense. Su hijo, José Manuel Baltar, fue quien le sucedió en 2012 al frente del Gobierno provincial.

El de Baltar padre no es el único caso relacionado con contrataciones irregulares asociadas a una diputación. En Valencia, hay dos causas judiciales abiertas relacionadas. El caso Divalterra le costó el cargo al socialista Jorge Rodríguez, que está a la espera de sentencia. Su antecesor, el popular Alfonso Rus, está ahora enfrascado en el juicio por el caso Taula. Ambos están relacionados con casos de enchufismo. Pero más allá de las contrataciones irregulares, las plantillas de los organismos provinciales son muchas veces refugio para dirigentes de un partido en horas bajas y una fórmula para que los alcaldes cobren altos sueldos y liberen ese gasto en sus ayuntamientos para repartirlo entre los concejales.

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M. Á. Gavilanes Rocío Márquez

La Diputación de Sevilla, que es la novena con mayor presupuesto del país, es buen ejemplo de esta práctica. El portavoz socialista es el regidor de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde. Cobra de la institución provincial un sueldo anual de 64.099 euros, igual que el resto de portavoces de los grupos. Es más de lo que cobraría como regidor de la localidad del área metropolitana de Sevilla. Respecto al rescate de ex altos cargos, destaca el caso del actual director general del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Aquilino Alonso, que fue consejero andaluz de Salud en el penúltimo Gobierno de Susana Díaz.

Este médico, veterano socialista, fue quien sufrió la crisis sanitaria del último Ejecutivo del PSOE en Andalucía, con reminiscencias a la situación que vive ahora la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras ser destituido por Susana Díaz, fue asesor en la Consejería de Hacienda y director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, todavía con el PSOE en la Junta. Con el cambio de Gobierno, volvió al Servicio Andaluz de Salud durante un año hasta que en febrero de 2020 fue fichado por la Diputación hispalense. En la entidad, que preside el histórico Fernando Rodríguez Villalobos desde hace 19 años, cobra más de 71.000 euros, es decir, tiene un sueldo superior al del presidente de la Junta, fijado en 69.000 euros.

El exconsejero andaluz de Salud Aquilino Alonso es alto cargo en la Diputación de Sevilla (PSOE) y cobra más que Juanma Moreno

"Se insiste en esa foto fija, pero pasa igual en ayuntamientos y en gobiernos autonómicos. Y hay que recordar que el número de eventuales está marcado por la ley", defiende Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y líder del PSOE en su provincia. Este veterano socialista cree que la historia de las instituciones provinciales es un ejemplo de "éxito", y eso es reconocido por los ciudadanos y el resto de las administraciones. "Somos el 112 de los pequeños ayuntamientos, estamos ahí cada vez que hay un problema", insiste Reyes, que fue alcalde de Bédmar, un municipio de algo más de 2.500 habitantes.

Reyes atiende a este periódico por teléfono desde un congreso sobre despoblación organizado por la Diputación de Albacete. Es en estas provincias, las de interior, con pequeños municipios, donde las organizaciones provinciales adquieren mayor relevancia. Esto ha servido, explica el dirigente socialista, para desterrar la idea de que estas entidades deben desaparecer. Fue Ciudadanos quien abanderó la iniciativa en los momentos de mayor éxito del partido naranja. "Fue fruto del desconocimiento y de una obsesión con algo que no conocían", asegura el político jienense, que ilustra con un ejemplo el cambio de paradigma: el presidente de la Diputación de Zamora es Francisco José Requejo, el único diputado provincial naranja en una corporación con 25 escaños. Hace poco más de una semana, Requejo dejó Cs y el 28 de mayo se presentará con su propio partido a la alcaldía de la capital zamorana.

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Europa Press

El hecho de que las diputaciones estén muchas veces por debajo del radar les permite también anticipar movimientos políticos. El reciente acuerdo de ERC y el PSC para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat se vendió como la primera trasgresión entre los bloques independentista y constitucionalista en Cataluña desde hace más de una década. Esto no es del todo así, ya que la Diputación de Barcelona está en manos de una alianza entre los socialistas de Salvador Illa y Junts per Catalunya desde el verano de 2019. La presidenta del organismo provincial, Núria Marín, aseguró en una entrevista con Europa Press que "nunca" ha visto peligrar su acuerdo con el partido de Carles Puigdemont en los casi cuatro años de alianza, a pesar de las "presiones" que, asegura, se han producido. Otra anomalía en estas instituciones, que serán clave el 28-M a pesar de que no suelen ser protagonistas de la gran política.

Metodología

Todas las cantidades utilizadas en este artículo provienen de las cuentas entregadas al Tribunal de Cuentas estatal y al vasco, por lo que las cifras fiscalizadas se refieren a los años 2020 y 2021. Sin embargo, los presupuestos para este 2023 son superiores en todas las diputaciones.

Los datos de personal han sido obtenidos de los distintos portales de transparencia de cada gobierno provincial o insular. En los casos en que no hay una relación del personal eventual, se ha utilizado la cifra que figura en la relación de puestos de trabajo.