A la espera de los bancos: las diputaciones asumen la lucha contra la exclusión financiera

"Tuve reuniones con diferentes entidades bancarias y me decepcioné porque las soluciones que nos daban era solo poniendo mucho dinero de la Administración y sin llegar a ofrecer un servicio completo para la ciudadanía". Lo cuenta resignado a El Confidencial Antonio Agustín Labrador, delegado de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca. Esta institución provincial es una de las pioneras en Castilla y León en ofrecer soluciones ante el creciente problema de la exclusión bancaria del mundo rural. "Se me ocurrió aprovechar un recurso existente como son los bibliobuses, que tienen unas rutas determinadas y llevan la cultura a 300 pueblos, instalando un cajero en unos de los frontales del bus. Que la vez que los vecinos van a por un libro o una película, también tengan la disponibilidad de sacar dinero", explica. No es una excepción y otras diputaciones y administraciones locales han dado el paso. No pueden esperar a los bancos.

Instalar un cajero propio es la solución que aportan varios ayuntamientos. También en Salamanca, las localidades de Topas y San Esteban de la Sierra lo decidieron después de numerosos intentos porque las entidades financieras mantuvieran algún servicio. Admiten todas las tarjetas y solo pueden hacerse operaciones sencillas, como sacar dinero. Suponen una fuerte inversión para las cuentas de estos pequeños municipios, con un coste de en torno a 6.000 euros al año.

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El autobús que menciona Labrador permanece una hora en cada lugar, dando tiempo a que los usuarios puedan hacer cómodamente las operaciones. Desde el pasado mes de noviembre, dos de los cuatro bibliobuses que recorren la provincia semanalmente llevan incorporado este servicio, con servicio a 130 municipios. El objetivo es extenderlo al resto de localidades con un nuevo vehículo, solo con cajero y con un formador que enseñará a las personas mayores a utilizarlo. "Poner 20 cajeros en 20 pueblos podría suponer 7 millones de euros, con los dos bibliobuses hemos llegado a 130 pueblos y tenemos un coste de 18.000 euros al año", indica.

La Diputación de Zamora, la provincia con menos sucursales por habitante de Castilla y León, es otra de las que está tomando medidas para afrontar el problema. El diputado Javier Faúndez denuncia que "las grandes entidades bancarias están teniendo una actitud bastante penosa y decepcionante con el mundo rural". Para contrarrestarlo, han creado una línea de ayudas para los ayuntamientos, de 150.000 euros, con la que exploran la instalación de cajeros en colaboración con alguna entidad en las zonas blancas de su territorio. "Hace unos años las entidades financieras se peleaban por nuestros vecinos para conseguir sus cuentas bancarias. Ahora estamos viendo cómo las antiguas cajas, que estaban vinculadas con el territorio, las absorben bancos que deciden desde la distancia", declara Fúndez.

Otra alternativa impulsada por el Gobierno son los acuerdos con Correos que han firmado ya seis entidades. En 1.500 localidades rurales donde no hay sucursal se puede retirar o ingresar efectivo en sus oficinas. En algunas de ellas, incluso, se están instalando cajeros automáticos. Además, los carteros están disponibles para llevar dinero directamente a domicilios, aunque muchos ven un problema de seguridad para estos funcionarios. Se suma al sistema por el que estancos y administraciones de lotería se convierten en dispensadores de dinero en efectivo. Un estudio de la Universidad Católica de Ávila analizaba una posibilidad más: que las farmacias puedan ser un lugar más de esta red. Concluyó que esta propuesta beneficiaría al 37% de los municipios donde no hay sucursal. Un ejemplo es la provincia de Málaga, cuya diputación ya ha puesto en marcha este año un proyecto piloto que está probando su efectividad.

Mientras, los bancos responden a estas críticas asegurando que están moviendo ficha y aumentando servicios, como los agentes financieros itinerantes o los ofibuses (autobuses adaptados con cajero y que acogen en su interior una sucursal bancaria). Las entidades asociadas a la CECA (CaixaBank, Kutxabank y Cajasur Banco, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Colonya Pollença y Cecabank) disponen de 23 ofibuses, que dan servicio a medio millón de personas de casi 600 municipios de todo el país. También han creado el cash-back, un servicio financiero implantado en comercios y hostelería que permite al ciudadano pagar con tarjeta un importe mayor al de su compra para poder recibir la diferencia en metálico. Sin embargo, para nada es suficiente.

Cobertura mínima

Aunque el problema afecta a toda la España rural, la extensa y despoblada Castilla y León se lleva la palma como zona cero de la exclusión bancaria. Según datos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), en nuestro país hay 4.115 municipios que carecen por completo de sucursal bancaria y uno de cada tres se sitúa en esta región. Un reciente informe del Banco de España señalaba que el 80% de esta comunidad autónoma no tiene sucursal. Y la pérdida de oficinas es progresiva y continúa según el sector bancario avanza en su reestructuración, que implica reducir personal y los costes de gestión.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero, explica cómo "el número de oficinas de entidades de crédito en Castilla y León ha pasado de 2.244 en el año 2015 a 1.596 en el año 2020": "Supone una reducción del 28,9 % y la tendencia continúa, pues de 2019 a 2020 la disminución ha alcanzado el 8,6%". Si tenemos en cuenta la reducción de oficinas desde el año 2015, son dos las provincias que superan el 35%: Zamora (-36,9 %) y Palencia (-35,1 %). La reducción ha superado el 30% en las provincias de Salamanca (-32,7 %) y León (-30,4 %)”.

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Eso significa que cada vez hay más pueblos sin sucursal y sin cajero, con la provincia de Zamora a la cabeza donde "cerca del 30% de la población no tiene acceso a los servicios de una sucursal bancaria en un radio de 5 kilómetros", asegura Patricia Suárez. De hecho, según los datos del Banco de España para llegar a una cobertura del 95% de los zamoranos hay que ampliar la distancia a un cajero a los 10 kilómetros.

Un panorama dramático que crea desigualdad entre los ciudadanos que viven en distintos territorios, pero que para el presidente del CES es reversible. "El volumen de ahorro per cápita en Castilla y León es mucho más alto que el de la media nacional frente a un nivel crediticio por habitante mucho más reducido. El CES recomienda que se haga valer este excedente del ahorro y que las administraciones públicas reclamen a las entidades financieras una prestación de servicios suficiente, competitiva, y adecuada para todos los ciudadanos".

La zona cero

San Cebrián de Mazote es un municipio de la provincia de Valladolid de apenas un centenar de habitantes, conocido por su espectacular templo mozárabe. No tiene cajero automático ni oficina bancaria. Para conseguir efectivo, los vecinos deben desplazarse 11 kilómetros, hasta Mota del Marqués. Si necesitan ser atendidos, el trayecto se triplica. 33 kilómetros, casi media hora en coche, les separan de la entidad más cercana, situada en Tordesillas. Un problema grave para los mayores o para quienes no tienen vehículo propio. "A las personas mayores tenemos que acercarlas y además no se hacen con el cajero, son más de ventanilla", cuenta a este diario el alcalde de la localidad, Emilio Gómez Monje. "En los presupuestos participativos de la Diputación de Valladolid hemos pedido un cajero móvil, que venga al menos una vez a la semana", propone.

En la plaza del Ayuntamiento de Mota del Marqués, con 349 habitantes censados, hay dos cajeros. Los dos están vacíos. Es media mañana de un día cualquiera y hay cola para ser atendidos por el agente financiero que trabaja con una de esas dos entidades. Porque el cajero automático no sirve para los vecinos mayores. "Yo ni sé utilizarlo ni quiero aprender", dice visiblemente indignado Valentín mientras espera su turno. Él vive en Torrelobatón (a 13 kilómetros): "No hay derecho a tengamos que venir a mendigar lo que es nuestro. Toda la vida trabajando y levantándome a las 5 para ahora que estoy jubilado tenga que madrugar para llegar hasta aquí a hacer cola para sacar dinero".

También aguarda resignado Manuel Antonio, vecino de Tiedra (a 9 km). Le acompaña su hijo porque asegura que él no se entiende con estas cosas de bancos. "Allí (en Tiedra) nos quitaron el servicio hace dos o tres años", explica. Su hijo remata la denuncia: "De poco sirve que publiquéis noticias, nos tienen abandonados". Todos insisten en que temen que la cosa vaya a peor y también eliminen este servicio en Mota del Marqués, lo que les obligaría a todos a ir hasta Tordesillas, a 22 kilómetros más lejos. Tener cajero, agente financiero o sucursal se ha convertido en un lujo para los pequeños municipios.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, define que existe exclusión financiera cuando "determinadas capas de la sociedad están excluidas porque tienen muy limitado el acceso a la operativa básica", como gestionar las cuentas en el banco, hacer transferencias, ingresar o retirar dinero de la sucursal. "Esto no lo podemos permitir, porque el manejo del dinero es algo básico, el servicio que prestan las entidades bancarias es de carácter esencial", añade.

En paralelo a las iniciativas, los cierres no cesan. En la provincia de Valladolid ya se han anunciado más casos que pondrán a otros municipios en la misma situación de San Cebrián de Mazote o Tiedra. Unicaja Banco ha anunciado el cierre de 8 de los 23 despachos que todavía mantenía en esta provincia, lo que ha provocado la indignación de los vecinos, que se han manifestado en localidades como Traspinedo. Allí han amenazado a la entidad con cancelar sus cuentas si no dan marcha atrás.

El mediático caso de Carlos

A nivel nacional el problema saltó a la actualidad gracias a la iniciativa del valenciano Carlos San Juan, un médico jubilado de 78 años. Su petición "Soy mayor, no idiota" en change.org consiguió 600.000 apoyos en muy poco tiempo y logró que esta reivindicación entrara en la agenda pública y política. De hecho, tras una reunión con el gobierno las principales asociaciones bancarias se comprometieron a tomar medidas para mejorar la cobertura bancaria del mundo rural. Un plan de choque que incluye mantener cajeros en localidades de más de 10.000 habitantes, ampliar horarios de atención al público y firmar acuerdos con distintas administraciones para poder acoger cajeros al margen de oficinas. Además la asociación bancaria CECA se defiende de las críticas recordando que a pesar de la reconversión España es el segundo país de la eurozona con más oficinas por habitante (solo por detrás de Francia) con 5 sucursales por cada 10.000 habitantes frente a una media de 2,6.

Unas medidas que son el primer paso pero que de momento no representan una solución para los municipios más pequeños. "Nosotros, desde Asufin lo hemos valorado positivamente. Pero hemos insistido en que tiene que supervisarse adecuadamente el cumplimiento", afirma Patricia Suárez. Para Enrique Cabero "resulta imprescindible que las entidades financieras incorporen con decisión en sus códigos de buenas prácticas la prestación de servicios presenciales y personalizados a toda la ciudadanía, con trato preferente a las personas mayores, y que, con ello, asuman la importancia del servicio financiero universal. Debe conseguirse que compitan entre ellas por ser la entidad que mejor aborda este asunto, con nuevas estrategias y servicios, siempre sin empeorar las condiciones de trabajo de su personal".