Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Valencia
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POR EL CASO ALQUERÍA

Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Valencia

La Fiscalía acusa a Jorge Rodríguez de malversación y falsedad documental. El juez instructor abre juicio oral contra el exdirigente socialista y otros 14 acusados

placeholder Foto: El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (d). (EFE)
El expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (d). (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de calificación provisional ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, por el caso Alquería. Además, el juez instructor abrirá juicio oral contra el exdirigente socialista y otros 14 acusados.

La misma petición de cárcel para Rodríguez se extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV).

El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra —antigua Imelsa— para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís. Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.

Foto: Jorge Rodríguez, cuando quedó en libertad tras la operación Alqueria. (EFE)

A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación.

Apertura de juicio oral

Además de la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, este martes ha trascendido que el juez instructor del caso ha abierto juicio oral ante la Audiencia de Valencia contra Rodríguez y los otros 14 acusados, en un auto en el requiere el pago de fianzas para cubrir posibles responsabilidades civiles, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Foto: Jorge Rodríguez, de espaldas en el centro, a su llegada al Ayuntamiento de Ontinyent para un registro. (EFE)

Las fianzas corresponden a la suma de los salarios recibidos por los contratados como alta dirección —ocho— más la indemnización por despido en algunos casos, cantidades de las que deberán responder solidariamente los principales acusados. El instructor da diez días a las defensas para que presenten sus escritos.

Sobre Rodríguez, Reguart, Brines y Tiller, el fiscal considera que fueron diseñando un sistema artificioso de áreas de gestión, costoso para la empresa pública e "inútil e ineficaz" para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba, para favorecer a personas afines tanto al PSPV como a Compromís, en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública.

Así, se nombró como personal de alta dirección a siete personas sin sujetarse a los principios de capacidad, mérito y transparencia, en áreas sin contenido efectivo, "sabedores" de que los nombramientos iban únicamente a suponer coste salarial para la empresa pública y obviando las funciones del consejo de administración. En esta línea, el fiscal sostiene que, con una política de "claro desprecio al patrimonio público" y en plena crisis económica, hicieron "caso omiso" a la legislación para evitar el descontrol en las empresas públicas.

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