Ciudadanos se aferra al poder provincial en Castilla y León entre temblores por el 13-F

Tras las debacles electorales en Cataluña y Madrid, y la pérdida del Gobierno de Murcia, Castilla y León era el bastión de Ciudadanos, la comunidad donde los de Inés Arrimadas acumulaban más poder institucional, y curiosamente la autonomía de Francisco Igea, el afiliado que le disputó las primarias a la sucesora de Albert Rivera. La presidencia de las Cortes y la vicepresidencia del Gobierno autonómico junto a cuatro consejerías eran la joya de la corona de un partido que además concentra un importante poder provincial en esta región. Hasta este lunes, cuando el presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, rompía el acuerdo de coalición que sustentaba su Ejecutivo, expulsando a los cuatro consejeros de Cs y convocando elecciones para el 13 de febrero. Los naranjas se aferran a ese poder territorial, pero tiemblan ante el efecto devastador que pueden tener los comicios. El miedo se apodera del partido mientras, como informó ayer El Confidencial, Génova prepara otra operación de opa para arrastrar a sus dirigentes de la región más válidos.

La ruptura del pacto autonómico entre PP y Ciudadanos supone un contundente paso atrás de la formación naranja en una comunidad donde todas las encuestas vaticinan que el 13 de febrero los de Arrimadas quedarán fuera de las Cortes o mantendrán una representación mínima. El duro cruce de acusaciones con que ha terminado el matrimonio de conveniencia en la Junta de Castilla y León ha sacudido al resto de instituciones donde ambas formaciones siguen gobernando en coalición y que parecen el único poder institucional capaz de sostenerse hasta el final de la legislatura municipal. Por eso, tras la primera reacción airada del exvicepresidente Igea al enterarse del adelanto electoral, la consigna dentro de la formación naranja es mantener la calma y apuntalar los acuerdos provinciales.

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PP y Ciudadanos gobiernan juntos en seis de las nueve diputaciones de Castilla y León y en dos capitales de provincia: Salamanca y Palencia. Hasta el momento, el seísmo desatado por Mañueco ha alcanzado solo a la Diputación de Soria, donde un par de horas después de conocerse el adelanto electoral, Saturnino de Gregorio dimitió como vicepresidente. El cargo de Cs aseguró que lo hizo por “coherencia política”, aunque precisó que su decisión no alterará la gobernabilidad y la estabilidad de la institución.

"Cohesión y estabilidad" ha sido el mensaje más repetido en las últimas horas en el resto del entramado institucional donde PP y Ciudadanos insisten en que se mantendrán los acuerdos. En el Ayuntamiento de Salamanca, se ha registrado una foto conjunta del alcalde, Carlos García Carbayo (PP), y su teniente, Ana Suárez (Cs), para defender que su pacto “es una roca”. Por su parte, en el consistorio de Palencia, el primer edil es de Ciudadanos, Mario Simón, y descarta dimitir como le pidió el PSOE tras el anuncio del presidente de la Junta de disolver las Cortes.

En la capital palentina, Ciudadanos tiene tres concejales y Simón fue elegido alcalde con el respaldo de los nueve del PP y el concejal de Vox. “No es el momento ni el lugar ni se dan las circunstancias para dimitir”, explicaba desde su confinamiento domiciliario tras ser positivo en covid. Un bastón de mando en el punto de mira, ya que fue una de las cesiones de los populares en 2019 para alcanzar el pacto autonómico que ahora ha quedado hecho pedazos.

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En el resto de diputaciones provinciales donde PP y Ciudadanos gobiernan juntos, el caso más delicado estaría en Zamora, con un presidente de Ciudadanos, Francisco José Requejo, en un salón de plenos donde es el único representante naranja y donde se sientan 12 miembros del PP, incluido el vicepresidente, José María Barrios, que considera que no tiene por qué afectarles lo ocurrido. La Diputación de Ávila tiene un presidente popular, Carlos García, y un segundo de Cs, Pedro Cabero, y aquí también se insiste en que el acuerdo “hasta la fecha sigue fuerte”. Como prueba, destacan el amplio apoyo recibido para aprobar el próximo presupuesto provincial con 22 votos de 25 posibles. Con un presidente del PP, César Rico, y un vicepresidente de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, la situación es idéntica en Burgos, donde se han apresurado a confirmar que van a "seguir trabajando para cumplir el pacto de gobernabilidad hasta 2023 por el bien de la provincia".

"Vamos a seguir trabajando para cumplir el pacto de gobernabilidad por el bien de la provincia"

En la Diputación de Segovia, el presidente también es popular, Miguel Ángel de Vicente, pero en su Ejecutivo cuenta con una diputada de Ciudadanos, Noemí Otero, como responsable del Área de Empleo. De Vicente asegura que la decisión tomada por Mañueco “es lo mejor”, pero añade que no afecta a la institución a la que él representa, donde asegura estar "contento" por el respaldado de los naranjas a su acción de gobierno. La Diputación de Valladolid está gobernada por el PP con el respaldo de Ciudadanos. Conrado Íscar es el presidente, miembro de la primera fuerza, y Gema Gómez es su segunda y representante de los naranjas, y ambos han abogado por defender la “estabilidad” necesaria para agotar lo que queda de legislatura.

Así las cosas, parece que de momento la “deslealtad” y “traición” de la que PP y Ciudadanos se han acusado mutuamente tras el adelanto electoral no llega a un poder provincial que es la única baza que le queda a la formación naranja en Castilla y León. Las elecciones del 13 de febrero podrían confirmar la desaparición de Cs como fuerza autonómica en Castilla y León tras dos legislaturas con representación en el Parlamento regional.