Tres conversaciones y algunos acuerdos pese a la gran hostilidad entre Moncloa y Génova

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no han hablado ni una sola vez desde octubre. El último contacto se produjo en las horas previas a que el PP se levantase de la mesa de negociación para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, cuando el presidente del Gobierno se encontraba de viaje oficial en África y telefoneó al líder de la oposición para cerrar los últimos flecos de un acuerdo que parecía inminente. Desde entonces, el trasvase de información entre la Moncloa y Génova ha sido muy puntual, casi inexistente. La desconfianza mutua ha ido in crescendo, pero eso no ha evitado que los populares salgan de la postura del "no a todo", que adoptó Casado, y facilitar al Ejecutivo algunas votaciones clave por "sentido de Estado".

El último gran acercamiento se produjo esta misma semana a cuenta de la enquistada reforma constitucional para modificar el artículo 49 de la Carta Magna y sustituir el término "disminuidos" por el de "discapacitados", un compromiso que adquirieron gobiernos de distinto signo durante años, pero que nunca llegó a materializarse. En su día, Pablo Casado presentó en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto presentado por el Ejecutivo de Sánchez por las reticencias que siempre ha mostrado el Partido Popular a abrir la Constitución, más con la actual composición parlamentaria, ante el riesgo de que algunos grupos utilicen la reforma para colar enmiendas en línea con sus intereses independentistas.

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No ha sido así con Feijóo, aunque el acuerdo se ha hecho de rogar. El dirigente llevó el compromiso de modificar el artículo 49 en su primera cita con Sánchez en la Moncloa el pasado mes de abril, y lo reiteró durante una visita al Centro Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en junio de 2022. Pero no ha sido hasta enero de este año cuando PSOE y PP se han sentado en la misma mesa a negociar, y a petición de los primeros. El pasado miércoles, Félix Bolaños y Cuca Gamarra alcanzaron un principio de acuerdo que el Ejecutivo quiere consultar ahora con el resto de grupos.

En declaraciones a los medios, el ministro de Presidencia se comprometió a "ceñir" la reforma a un cambio terminológico en el artículo 49, un acuerdo que deja fuera otros compromisos de investidura, como el de limitar los aforamientos de los políticos o el de rebajar la edad de voto a los 16 años. Gobierno y PP tampoco aprovecharán la apertura del melón constitucional para recuperar el derecho civil valenciano, una reclamación que cuenta con un consenso amplio a derecha e izquierda y que la Comunidad Valenciana lleva peleando años, sin éxito.

Defensa e inflación

Pese al contexto preelectoral y la evidente voladura de puentes entre la Moncloa y Génova, el PP de Feijóo se ha erigido desde el primer día como comodín del Gobierno en todos los asuntos que tienen que ver con Defensa y con los compromisos internacionales de España en el ámbito militar, más en un contexto bélico propiciado por la invasión rusa de Ucrania. La falta de apoyo de los socios parlamentarios del Ejecutivo, incluso por parte de Unidas Podemos, otorga a los populares un papel protagonista en este tipo de cuestiones, que se comprometió a no dejar caer en sede parlamentaria este tipo asuntos por "sentido de Estado".

El principal ejemplo de esta postura se materializó cuando Feijóo ordenó al Grupo Popular votar a favor de la sección 14 de los Presupuestos Generales del Estado, correspondiente al gasto previsto por el Ministerio de Defensa, que este año aumentará casi un 26% en el marco del compromiso del Gobierno con la OTAN para elevar los fondos dirigidos al gasto militar hasta el 2% del PIB. En aquella votación, el PP se desmarcó de Ciudadanos y de Vox, que se posicionaron en contra.

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No fue el único momento en que los populares facilitaron una votación de estas características. El Gobierno se aseguró también la votación parlamentaria para dar viabilidad al compromiso adquirido por Sánchez con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ampliar los destructores estadounidenses en la base de Rota gracias al respaldo de los populares y frente al rechazo de sus socios habituales. Y todo ello a pesar de que el PP siempre ha denunciado el silencio administrativo del Ejecutivo en este tipo de materias, que ha evitado telefonear al primer partido de la oposición para informar de estos acuerdos, mucho menos para negociarlos.

En la dirección de Génova se quejan de que Moncloa tampoco ha concedido información alguna sobre su decisión de enviar armamento a Ucrania, en particular sobre la decisión de contribuir a la operación conjunta comunitaria con el envío de tanques Leopard del ejército español a suelo ucraniano. Para revertir esta situación de nula interlocución entre los dos grandes partidos, Feijóo convertirá en compromiso electoral su idea de recuperar la interlocución periódica y fluida entre el partido que ocupe el Gobierno y el que esté liderando la oposición, que planteará como una obligación institucional.

En este momento, como corrobora el líder de Génova en la entrevista que se publica hoy, no es posible tejer una relación política ni personal con el presidente. "No se ha cultivado, pero es cierto que desde que he llegado, su estrategia de desgaste al jefe de la oposición es no tener ningún contacto conmigo y tampoco sus ministros".

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El PP se queja también de la falta de información recibida en el contexto económico. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, declinó la invitación impulsada por el vicesecretario económico de los populares, Juan Bravo, para negociar el último decreto anticrisis del Ejecutivo. El Gobierno limitó el papel del primer partido de la oposición y llevó cualquier negociación con los populares al ámbito parlamentario, lo que causó enorme malestar en Génova. El Grupo Parlamentario, liderado por Cuca Gamarra, tampoco recibió invitación alguna por parte de los socialistas para negociar, a pesar de que el PP ya había comprometido que no obstaculizaría la última batería de medidas para contener los efectos de la inflación, y que incluye una bajada del IVA en productos básicos de la cesta de la compra que los de Feijóo querían ampliar a otros bienes, como la carne, el pescado o las conservas. Pero no hubo manera.

Con todo, el PP se abstuvo en la votación de esta semana, la misma posición que adquirieron los populares cuando el Ejecutivo llevó a la Cámara Baja el segundo decreto anticrisis, que también contenía incentivos fiscales para desinflar la factura energética en los hogares. Defiende que el Gobierno copia "a rastras" las propuestas económicas de Feijóo pese a la nula interlocución entre ambos equipos.

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En esta legislatura, el PP ha apoyado también otras normas clave del Ejecutivo. En verano de 2022, avaló también el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos, aunque una de las más llamativas fue su posición favorable a la prórroga de los ERTE o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), decisiones que se adoptaron cuando Pablo Casado aún seguía al frente de Génova.