Sánchez equipara la protesta independentista con la cita de Cibeles por la unidad de España

Las protestas independentistas contra la cumbre hispano-francesa que ha tenido lugar este jueves en Barcelona, con la participación de ERC, JxCAT y la CUP, son para Pedro Sánchez equiparables a la manifestación que se celebrará este sábado en Madrid por la unidad de España, a la que acudirán dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha venido a echar mano del tópico de que los extremos se tocan para situarse en la centralidad: "Entre lo que ha sucedido hoy en Barcelona y lo que va a suceder el sábado en Madrid es donde se encuentra la mayoría de los españoles".

El jefe del Ejecutivo, preguntado en rueda tras la cumbre hispano-francesa sobre las protestas que tuvieron lugar a las puertas de este foro, reivindicó la elección de Barcelona como sede, para lanzar el mensaje de la normalización institucional en este territorio y asegurar que "la Constitución hoy se cumple en todos y cada uno de los territorios del país". Una Constitución añadió, que "reconoce el derecho a la manifestación pacífica y en defensa de unos ideales, como sucedió hoy en Barcelona, incluso en su contra". Fue en este punto cuando asoció estas protestas a las que tendrán lugar "dentro de unos días en Madrid y donde se va a reivindicar todo lo contrario".

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Sánchez situó así fuera de los valores constitucionales a la manifestación a favor de la unidad de España. Una protesta que pondrá el foco en los pactos del Gobierno con las formaciones independentistas tras la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación, a la que ya han confirmado su asistencia el líder de Vox, Santiago Abascal; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Quien no acudirá será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que evitará así una foto con Abascal en plena crisis con Vox por la polémica del aborto en Castilla y León.

Tanto frente a la manifestación de este jueves en Barcelona como a la convocada para el próximo fin de semana en Madrid, Sánchez concluyó que "lo que nosotros tenemos que hacer es respetarlo", volviendo a ponerlas a la misma altura. De hecho, defendió que lo que recoge la Constitución iría en contra de ambas reivindicaciones, porque "la defensa de la unidad de España en su diversidad es lo que reconoce" la carta magna, según añadió.

Si la elección de Barcelona para la celebración de esta cumbre trataba de venderse como un éxito de la política de desinflamación del conflicto a través de la mesa de diálogo y la denominada desjudicialización, las protestas han matizado en parte este objetivo. Por un lado, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sí acudió como anfitrión al inicio de la cumbre. Por otro, su formación política, con el dirigente Oriol Junqueras en cabeza, participó en las protestas que tenían como lema que el procés no se ha acabado. Sobre esto último, Sánchez intentó zanjar el debate asegurando que "hoy la Constitución se cumple en todos y cada uno de los territorios del país".

Para incidir en este mensaje, Sánchez ha evitado criticar el desplante de Aragonès al himno al abandonar tras los saludos protocolarios la cumbre y evitar acudir a la ceremonia de honores militares, como el resto de la comitiva que también estaba en calidad de anfitriona (la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta de la diputación de Barcelona, Nuria Marín, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay). Si bien Sánchez reconoció que "me hubiera gustado que se quedase a toda la ceremonia", envió un mensaje de agradecimiento por su asistencia, "a diferencia de otros presidentes autonómicos". Hacía referencia al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien no acudió a la cumbre hispano-alemana celebrada en A Coruña.

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Aragonès aprovechó su breve conversación con Sánchez mientras esperaban la llegada de Macron con el resto de la comitiva para reiterar que "el procès no ha acabado", según fuentes de la Generalitat, replicando así las declaraciones del presidente del Gobierno y reafirmándose en el lema de las manifestaciones contra la cumbre. Junqueras, por su parte, aseguró que "el conflicto no terminará hasta que la sociedad catalana pueda ejercer su derecho a la autodeterminación votando. Ese es el camino que seguimos. En este camino seguimos trabajando y negociando en todos los ámbitos. Lo hacemos de Gobierno a Gobierno con el Gobierno español".

La celebración del referéndum es una línea roja para el Gobierno, que incluso ha aparcado la mesa de diálogo desde que Aragonès lo ha vuelto a poner sobre la mesa y coincidiendo con el arranque del ciclo electoral. Ya durante la rueda de prensa de balance del año, Sánchez respondía a estas nuevas peticiones que "podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a realizar". En esta línea ha lanzado una reflexión general sobre las ideologías secesionistas, apuntando a que las respuestas a los problemas actuales pasan por una mayor integración de la soberanía. De ahí que haya relegado al independentismo a un proyecto que camina con coordenadas caducadas. Un proyecto que va contra los tiempos y la esencia de la UE, dijo, pues la tendencia "no es a compartimentar la soberanía, sino a compartirla, que es lo que estamos haciendo en Europa".

Opinión

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Fuentes del Gobierno avanzan que, tras cerrarse el "capítulo de la judicialización" del procés con la reforma del Código Penal pactada con ERC, no está previsto celebrar una nueva reunión de este foro. Desde la Moncloa están tratando de sacar del foco la mesa de diálogo tras la polémica por la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y la reforma del delito de malversación para centrarse en dar por cerrado el procés y la fase unilateral. De hecho, defienden que con estas reformas no solo se consuma la normalización institucional y la convivencia en Cataluña, sino que los propios independentistas asumen que cometieron un delito con la celebración del 1-O. La escenificación del Tratado de Barcelona ha sido un paso más en esta estrategia para poner en valor que la estrategia de diálogo ha facilitado la convivencia en Cataluña y enterrado el procès.