La magistrada del TC vinculada con la Moncloa se apartará del recurso del 25%

La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez no participará en la deliberación sobre la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español. El tribunal acordó el martes que Díez se hiciera cargo de la ponencia sobre los recursos de PP y Ciudadanos, pero, según informan fuentes jurídicas, la magistrada va a abstenerse después de que en junio avalara esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña.

El hecho de que el Gobierno eligiera al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Díez como nuevos magistrados del Constitucional implicaba asumir un riesgo: la posibilidad de que tuvieran que quedar al margen de determinados recursos por su trayectoria política. La magistrada fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022, primero bajo el mando de la exvicepresidenta Carmen Calvo y después del ministro Félix Bolaños.

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En abril de 2020, el Parlament la nombró, además, vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano encargado de velar por la adecuación al Estatut y a la Constitución de las leyes de la Generalitat. Dos meses después, este órgano avaló la polémica norma que sortea el 25% con el visto bueno de la propia Díez, un dictamen que le lleva ahora a renunciar a la ponencia sobre los recursos de PP y Ciudadanos. Una vez se formalice su decisión, esta endrá que ser aprobada por el pleno.

Su paso atrás afecta también a una deliberación prevista para la próxima semana, cuando los magistrados revisarán la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les planteó el pasado octubre sobre esa normativa. El ponente de esta deliberación es el conservador Enrique Arnaldo Alcubilla, pero al tratarse de la misma ley autonómica, Díez también ha pedido apartarse del pleno.

La magistrada comunicó este miércoles su decisión al nuevo presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, tal y como ha adelantado El Mundo y confirman fuentes jurídicas a este diario. Pese a su abstención, el pleno seguirá contando con mayoría progresista a la hora de resolver tanto la cuestión de inconstitucionalidad del TSJC como los recursos de PP y Ciudadanos: seis magistrados frente a cuatro conservadores.

Díez se hace cargo de la ley Celaá

Tras la salida de cuatro magistrados del Constitucional este enero, el reparto de sus ponencias se llevó a cabo el martes atendiendo a criterios de antigüedad y mayor edad de los nuevos miembros. Díez asumió así las ponencias que hasta ahora llevaba el magistrado conservador Antonio Narváez, que también incluyen los recursos contra la reforma educativa conocida como ley Celaá.

Conde-Pumpido ha acordado dar prioridad a la resolución de este asunto y ha fijado el debate para el primer pleno de marzo. Junto a la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero y la ley de la eutanasia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, considera que debe acelerar su resolución porque "revisten una mayor repercusión social y política".

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El tribunal ya acordó admitir a trámite los recursos de PP y Vox contra la ley Celaá en abril de 2021, por lo que Díez será ahora la encargada de presentar al resto de sus compañeros un informe en el que entre en el fondo de la normativa.

En cuanto al resto de ponencias, las de los también conservadores Santiago Martínez-Vares y Pedro González-Trevijano recayeron en los progresistas María Luisa Segoviano y Juan Carlos Campo. Entre ellas, destacan la pérdida del escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez y los avales de la Generalitat a excargos del Govern ante el Tribunal de Cuentas.

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Las ponencias del progresista Juan Antonio Xiol Ríos las asumió por su parte el conservador César Tolosa, quien ahora pasa a hacerse cargo de la reforma del Gobierno que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le impide realizar determinados nombramientos mientras se encuentre en funciones.

En el pleno de este martes, también se acordó la nueva composición de las salas del Constitucional, de las que dependen tanto la resolución de determinados recursos como la decisión de elevar o no los mismos al pleno. El tribunal está compuesto por dos salas y ambas han quedado con mayoría progresista, presidiendo el propio Conde-Pumpido la primera de ellas y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, también progresista, la segunda.