PP y Ciudadanos se alían y llevan al TC la ley sobre el uso del catalán en la enseñanza
Feijóo y Arrimadas firman su primer acuerdo para tratar de frenar en los tribunales la norma de la Generalitat que elimina la utilización del 25% del castellano en la enseñanza
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La reunión de la mesa de diálogo el pasado miércoles en Moncloa terminó definitivamente con la paciencia de la oposición. Aunque hace semanas que comenzaron los contactos, PP y Ciudadanos se han aliado definitivamente para llevar al Tribunal Constitucional la ley impulsada por la Generalitat que elimina la utilización del 25% del castellano en las aulas catalanas pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una norma que respaldó el Gobierno durante la cita de esta semana con la delegación del Govern.
De este modo, Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas firman su primer gran acuerdo desde el aterrizaje del primero en la política nacional y presentan este viernes un recurso de inconstitucionalidad para tratar de frenar el decreto lingüístico que aprobó el pasado 30 de mayo la Generalitat para esquivar la sentencia judicial sobre la utilización de las lenguas oficiales. Fue entonces cuando los dos partidos políticos comenzaron unas conversaciones que encabezaron la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra; y su homólogo de Ciudadanos, Edmundo Bal.
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En concreto, el recurso afecta a los artículos 2 (a y d), 3.1 y 4.1 del decreto ley de Cataluña 6/2022, por el que se fijan criterios aplicables a la elaboración, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. A través de un comunicado, los populares alegan que tanto el decreto como la ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, lo que "vulnera" la Carta Magna y el Estatuto de Autonomía.
Los partidos fundamentan la acción judicial en que la justificación aportada por la Generalitat no es válida, dado que considera que "la inaplazable urgencia que predica el decreto es la pretendida cobertura jurídica para eludir el inmediato cumplimiento de la sentencia del TSJC". Extienden la acción al artículo segundo del decreto y el 2.1 de la Ley por eliminar por completo cualquier referencia normativa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, "cuando es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas como vehiculares".
Advierten que, además, la normativa de la Generalitat hace uso de una competencia estatal sobre lenguas oficiales no circunscrita a las competencias educativas de las comunidades, e insisten en que si el Alto Tribunal no actúa, "el catalán puede desplazar y excluir por completo al castellano" en la región.
La reunión de la mesa de diálogo el pasado miércoles en Moncloa terminó definitivamente con la paciencia de la oposición. Aunque hace semanas que comenzaron los contactos, PP y Ciudadanos se han aliado definitivamente para llevar al Tribunal Constitucional la ley impulsada por la Generalitat que elimina la utilización del 25% del castellano en las aulas catalanas pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), una norma que respaldó el Gobierno durante la cita de esta semana con la delegación del Govern.