El TC se cuela en la polémica del aborto y discutirá la información previa a las mujeres

El Tribunal Constitucional (TC) irrumpirá en unos días en la polémica sobre el aborto que enfrenta al Gobierno central con Castilla y León. Y lo hará precisamente a través del estudio del alcance de la información previa que se ofrece a las mujeres antes de la interrupción voluntaria del embarazo. El primer pleno del TC de febrero abordará la deliberación sobre la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora 13 años. El criterio casi común de los magistrados progresistas y conservadores es avalar el grueso de la norma, que estableció un sistema de plazos que se perpetuará y reforzará en la nueva ley que aún está en tramitación. No obstante, hay un punto de discrepancia: mientras el sector minoritario más cercano a la derecha defiende la ampliación de la información que se ofrece a las mujeres antes de decidir, el mayoritario, de sensibilidad de izquierdas, rechaza la tesis.

El debate gira en torno a los datos obligatorios que se proporcionan, en aplicación de la ley aún en vigor, a quienes quieran interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Hasta el momento y hasta que entre en vigor la nueva norma que vendrá a sustituir a la vigente, debe informarse a la mujer embarazada —al margen de su edad y en un sobre cerrado— sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. A partir de ese momento, se abre un plazo de tres días para que la afectada confirme o desista de su intención inicial. Además, todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a un aborto reciben datos sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los centros públicos y acreditados a los que se puede dirigir y los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente.

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Según informan fuentes jurídicas, la ponencia de la futura sentencia que corresponde al magistrado Enrique Arnaldo aún no está acabada, pero prevé incidir en que este sistema es insuficiente. En la línea de lo que defendieron en su día tanto el Consejo de Estado como, en parte, el Consejo Fiscal, destacará que estos datos no pueden ser estandarizados sino personalizados y que, en lugar de ofrecerse solo por escrito y sin garantía de si la mujer los consulta, sería más eficaz trasladarlos de forma oral para el mejor asesoramiento de la embarazada.

La intención inicial del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, era sacar adelante la resolución definitiva el pasado junio, pero la irrupción de las elecciones andaluzas provocó retrasos y el borrador quedó sin concluir. Ahora, las fuerzas del TC han cambiado y si bien antes la tesis conservadora tenía visos de prosperar, ahora no será así. Los siete magistrados progresistas defienden la eliminación completa de ese trámite. Consideran, aseguran estas fuentes, que ampliar la información puede interferir en la voluntad de las embarazadas que quieran poner fin a la gestación e interpretarse "como una forma de coacción". En caso de que Arnaldo no acepte esa tesis, la ponencia de la sentencia cambiará de manos.

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La discrepancia entre ambos sectores se escenificará en la segunda semana de febrero y se produce en plena polémica sobre el plan antiaborto de Castilla y León. Aunque la iniciativa que recomienda mostrar a las embarazadas que quieran abortar ecografías en 4D y el latido fetal se atribuye a Vox, desde el Gobierno se viene acusando al PP, que lidera la coalición, de mostrar tibieza ante el protocolo. Fuentes del sector conservador del TC temen que trate de utilizarse su defensa de la necesidad de refuerzo de la información previa obligatoria con la polémica postura del partido que lidera Santiago Abascal a nivel nacional.

Además, fue el PP quien recurrió la ley que permitió el aborto libre en España en las 14 primeras semanas de gestación y la ampliación hasta las 22 en caso de malformaciones en el feto o enfermedad grave de la embarazada. En su recurso, los populares se oponían a que, para abortar en esas primeras semanas, no fuera necesario que concurriese ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permitiera justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus, algo que a su juicio iba contra el artículo 15 de la Constitución, que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".

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Para complicar aún más las cosas, la deliberación del Constitucional está prevista en la misma semana en que el Senado tiene fijada la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto. En ella, la discusión sobre la información previa y obligatoria queda superada por completo. La obligatoriedad se elimina en todos los rangos de edad, incluyendo para las menores de 16 y 17 años, a las que no se requerirá tampoco permiso paterno para abortar.

La nueva ley

La norma que ha tutelado el ministerio que dirige Irene Montero reforma la de 2010. Mantiene los plazos previstos y borra tanto los tres días de reflexión como la entrega automática de ese sobre cerrado, para evitar la "infantilización de la mujer". La información estará a disposición de aquellas mujeres que lo requieran, pero no se les entregará si no lo piden de forma expresa. Este ha sido uno de los puntos que han criticado en sus informes tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal.

El órgano del Ministerio Público propuso, por ejemplo, que se mantuviera el trámite de forma obligada para las menores de 18. Mientras tanto, el Consejo recordaba que ese sobre cerrado deja en manos de las mujeres que lo reciben la decisión o no de abrirlo y, si no se le facilitase, en realidad "parece" que se le "está privando —o, cuando menos, dificultando— el acceso a la información". Respecto al periodo de reflexión, destacaban que el requisito está presente en las legislaciones de varios de los países europeos y que está indisociablemente unido a la información y a la prestación del consentimiento que, para ser verdaderamente tal, ha de ser un consentimiento informado. "Es un presupuesto necesario para una adecuada formación de la voluntad y para la adopción de una decisión", decía el CGPJ.