El Gobierno exige a Mañueco un compromiso por escrito de que no habrá plan antiaborto

Moncloa solo renunciará a emprender acciones legales contra el Gobierno de Castilla y León si recibe una respuesta por escrito a su requerimiento con el compromiso de que no habrá medidas que "hostiguen" a las mujeres que pretenden abortar. La negativa expresada este mediodía por parte del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, quien a través de una declaración institucional ha asegurado que no se va a elaborar un protocolo antiaborto ni tampoco obligar a los médicos a ofrecer a las embarazadas con intenciones de abortar que escuchen el latido del corazón del feto o a realizar ecografías 4D, no les resulta suficiente. Fuentes de Ferraz apuntan a que se debe aclarar por escrito esta posición, aludiendo a que el vicepresidente regional de Vox, Juan García-Gallardo, ha expresado esta misma mañana que siguen adelante con el denominado plan de fomento de la natalidad en los términos expresados el pasado jueves tras el consejo de gobierno.

Las "contradicciones" y la desconfianza de los socialistas comenzó a alimentarse el pasado jueves cuando la Junta ya no respondió a la carta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para solicitar información sobre el plan anunciado por el dirigente de Vox. No se obtuvo respuesta, lo que motivó el envío de un requerimiento formal este domingo por parte del Ejecutivo central. Sin compromiso por escrito, el Gobierno seguirá monitorizando los pasos del Gobierno regional en este asunto, sin descartar un escenario similar al que se abrió a principios de la legislatura con el Gobierno de Murcia por la polémica del pin parental.

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La Junta de Castilla y León tiene dos meses de plazo para responder al requerimiento. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, el Gobierno pretende plantear un recurso por la vía contencioso-administrativa. Cabría entonces la posibilidad de solicitar medidas cautelarísimas, cuya decisión quedaría en manos de los tribunales. De abrirse esta vía, la batalla legal sería larga y tediosa, aunque se confía en que el requerimiento sea disuasorio.

Lo que descartan en Moncloa es llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía sanitaria de Castilla y León. Un escenario que no está sobre la mesa, según fuentes del Gobierno, y sobre la que la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha trasladado que el Ejecutivo "no está ahí". En rueda de prensa desde Ferraz tras la reunión del comité electoral del partido, Alegría ha mostrado sus dudas sobre las intenciones reales del Gobierno castellano-leonés porque "el vicepresidente ha dicho que le gusta el modelo de Hungría y que ese protocolo (que obliga a la mujer que va a abortar a escuchar los latidos del corazón del feto) será de obligado cumplimiento".

Sobre la negativa expresada por Mañueco de implantar estos cambios para disuadir a las mujeres de abortar, la portavoz de los socialistas ha ironizado sobre que "igual sale su vicepresidente en cinco minutos a enmendarle la plana". En privado, se insiste en la pretensión del Gobierno de recibir una respuesta formal por escrito que ponga negro sobre blanco las intenciones de Castilla y León para cerrar esta polémica.

"En ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres a nada", subrayó el presidente de la Junta en su declaración institucional, que enfatizó que cualquier decisión será de las gestantes. Asimismo, acusó al Gobierno de intentar "buscar rédito político" organizando una campaña en su contra.

La orden en el comité de campaña socialista pasa por someter a Alberto Núñez Feijóo a un marcaje férreo para monitorizar y denunciar sus pactos con Vox, retomando la idea fuerza poco exitosa en otras campañas, como la andaluza, de alentar el miedo a un Gobierno de los populares de la mano de Vox. Con el recurso, los socialistas buscan frenar el trasvase de votos al PP y revertir la imagen de Feijóo como moderado y hombre de Estado, acusándolo de estar tutelado por los "sectores más reaccionarios" y la formación que lidera Santiago Abascal.

La propia Alegría ponía el foco en el líder de los populares porque "permanece callado ante esta iniciativa". Si Sánchez se refería este sábado en un mitin en Sevilla a la "coalición del miedo", la portavoz de los socialistas acusaba a Feijóo de ser "el rehén de Vox". "Han pasado cuatro días y Feijóo sigue guardando silencio", para concluir que "si sigue como hasta ahora" lo interpretarán como una evidencia más de su "ausencia de autoridad dentro del PP".

"El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", advertía Presidencia en el comunicado de ayer por la tarde, señalando que la Moncloa "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna". Este recurso ya se utilizó al inicio de la legislatura con Murcia por sus intenciones de implementar un pin parental, también fruto del acuerdo de los populares con Vox.