Sánchez cava la trinchera electoral y ordena un marcaje férreo a Feijóo por sus pactos con Vox

El PSOE y el Gobierno engrasaron el pasado viernes en Ferraz sus maquinarias para afrontar el ciclo electoral de forma coordinada. Y uno de los principales asuntos en que se puso el foco fueron los acuerdos entre PP y Vox, "que han supuesto una regresión en los servicios públicos en todos y cada uno de los lugares en los que se produjeron". La polémica sobre el plan de natalidad en Castilla y León se está intentando así llevar al centro de la agenda.

Si desde el partido ya barajaron en los últimos días acciones legales, este domingo era el Ejecutivo el que movía ficha, utilizando un inusual recurso para requerir oficialmente a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que "se abstenga de aprobar o aplicar" cualquier medida antiabortista, en la línea del anuncio que realizó el pasado jueves el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo (Vox). Una decisión publicitada a través de un comunicado por la Moncloa y que se encargarán de difundir este lunes varias ministras socialistas con una intensa ronda de entrevistas por diferentes medios de comunicación.

Sánchez arrancó el pasado sábado en Sevilla su primer mitin de esta larga precampaña fijando la idea de una "coalición del miedo" PP-Vox

La orden pasa por someter a Alberto Núñez Feijóo a un marcaje férreo para monitorizar y denunciar estos pactos, retomando la idea fuerza poco exitosa en otras campañas, como la andaluza, de alentar el miedo a un Gobierno de los populares de la mano de Vox. Con el recurso, los socialistas buscan frenar el trasvase de votos al PP y revertir la imagen de Feijóo como moderado y hombre de Estado, acusándolo de estar tutelado por los "sectores más reaccionarios" y la formación que lidera Santiago Abascal. En el PSOE también quieren confrontar modelos, situando la precampaña en la dicotomía de "elegir la vía de progreso del PSOE o el retroceso que encarnan la derecha y la ultraderecha".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancaba el pasado sábado en Sevilla su primer mitin de esta larga precampaña fijando la idea de una "coalición del miedo". La polémica sobre el aborto fue utilizada por el líder socialista para argumentar que la derecha toma el camino "que marca la ultraderecha". En esta operación de marcaje, el secretario de Organización, Santos Cerdán, anunciaba también este domingo la creación de un Comité contra la Desinformación para monitorizar las declaraciones de los dirigentes del PP y Vox con el fin de "desmentir sus bulos".

Como con el pin parental

"El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", advertía Presidencia en el comunicado de ayer por la tarde, señalando que la Moncloa "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna". Este recurso ya se utilizó al inicio de la legislatura con Murcia por sus intenciones de implementar un pin parental, también fruto del acuerdo de los populares con Vox.

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En este sentido, la Moncloa reclamó el "cese inmediato" de cualquier protocolo que hubiera adoptado Castilla y León y que obligue o recomiende a los profesionales sanitarios tomar medidas antiaborto. De la misma manera, el Gobierno exigió a la consejería que comunique "de manera inmediata" al Ministerio de Sanidad aquellas directrices, "instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales" al respecto. En caso de que la Junta desatienda las advertencias del requerimiento, el Gobierno señaló que "no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

"Ataque intolerable"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tachó este domingo de "intolerable" el requerimiento del Ejecutivo para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto, lo que a su juicio es un "ataque" al Gobierno autonómico basado "en mentiras" con la "intención de generar alarma social". De igual modo, y a través de otro comunicado oficial, la Junta de Castilla y León avanzó que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), no se amedrentó e indicó que desde su formación no temen al Gobierno. Subrayó, así, que no darán "ni un paso atrás" en relación con el nuevo protocolo: "El Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos".

El PSOE ya lo estudió

El PSOE, en las últimas jornadas, dio señales de no descartar emprender acciones legales contra el plan de la Junta de Castilla y León para fomentar la natalidad. Entre sus principales medidas, que se centran en evitar los abortos, destaca que los médicos deberán ofrecer a las embarazadas atención psicosocial, escuchar el latido del corazón del feto y una ecografía 4D, aunque ellas pueden decidir si quieren hacerlo o no. Los socialistas han mostrado, desde que estalló la polémica, un frontal rechazo a lo que consideran una "limitación de los derechos sexuales y reproductivos que puede producirse en Castilla y León". De hecho, según fuentes de la dirección de Ferraz, se está estudiando en detalle la medida para intentar pararla en los tribunales.

La ejecutiva del partido, que se reunió este viernes en Ferraz, trasladó un duro comunicado en el que consideraban que estas medidas suponen "la institucionalización en la sanidad pública de medidas que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos". Tanto la obligación a los sanitarios de ofrecer la posibilidad de escuchar el latido del feto como que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D "tienen como objetivo introducir dentro del sistema sanitario público el control y el hostigamiento que antes se producían en los alrededores de los centros sanitarios", según denuncian.

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Más allá de que la inclusión "de las estrategias de la ultraderecha más reaccionaria en el sistema de salud de Castilla y León supondría un terrible retroceso para los derechos de las mujeres", desde el PSOE consideraron que podría tratarse de una afrenta que también es jurídica. Según su primera lectura, "restarán garantías en el ejercicio de un derecho reconocido", pero también inseguridad para los profesionales, al considerar que estos planteamientos "contravienen los postulados de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva".

Sobrevuela un recurso

Antes de la interposición de un recurso, la Junta de Castilla y León deberá aclarar si este plan se realiza vía modificación de un protocolo o a través de una nueva norma. De tratarse de lo primero, no cabría recurso de inconstitucional, según la consideración de los expertos. En cualquier caso, cabría la vía de presentar un recurso contencioso-administrativo. Si se tratase de una reforma de ley o una nueva norma, cabría recurso de inconstitucionalidad, y con su admisión a trámite se podría paralizar la aplicación del plan mediante medidas cautelarísimas. A la espera de concretar si se emprenden acciones legales, desde el partido señalan que trabajarán "para que las mujeres que lo desean puedan interrumpir su embarazo en condiciones de igualdad, intimidad y dignidad, así como protegiendo la libertad y seguridad, especialmente en aquellos momentos en que las mujeres se pueden sentir más vulnerables".

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Los socialistas han puesto su punto de mira en estos planes, denunciando que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla y León ya se encuentra muy limitado. "Solo existen dos hospitales públicos en los que se pueda ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El 97,5% de las mujeres de Castilla y León tiene que interrumpir su embarazo fuera de su ciudad, fuera de su hospital de referencia o en una clínica privada", lamentan, para recordar que "acceder a esta prestación sanitaria en el centro hospitalario más cercano a la residencia de la solicitante es un derecho reconocido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".